La oposición presenta una candidatura unitaria con Edmundo González al frente tras la inhabilitación de Maria Corina Machado
El Acuerdo de Barbados pareció abrir las puertas a unas elecciones limpias pero finalmente muchos puntos no se han cumplido
Venezuela celebra este domingo unas elecciones presidenciales en las que Nicolás Maduro busca asentarse en el poder con un tercer mandato, si bien gran parte de las encuestas dan la victoria otorgan la victoria al frente opositor, que se ha tenido que conformar con presentar al exdiplomático Edmundo González como candidato después de que María Corina Machado, triunfadora de las primarias, fuera inhabilitada por la Justicia.
Estos comicios –celebrados en el día en que el expresidente Hugo Chávez habría cumplido 70 años– se perfilan, a pesar de los sondeos, como un posible golpe en la mesa del ‘chavismo’, que en la campaña se ha vanagloriado de haber facilitado la candidatura de hasta diez alternativas, incluida la de la Plataforma Unitaria, la principal alianza opositora que tuvo que escoger a última hora a González ante la imposibilidad de inscribir no solo a Machado, sino también a Corina Yoris, quien fue designada como su sucesora.
La mayoría de las encuestas apuntan a una victoria de González con hasta 26 puntos más que Maduro, lo que abriría las puertas del Palacio de Miraflores a la oposición 25 años después del triunfo de la revolución bolivariana de Chávez, quien desde entonces gobernó durante 14 años. Chávez gozó de un amplio apoyo popular en la mayoría de elecciones pero tuvo que hacer frente a varios intento de golpe de Estado en 2002, cuando incluso pasó cuatro días en prisión.
Chávez fue diagnosticado de cáncer y finalmente falleció en marzo de 2013, momento en que Maduro, hasta entonces su vicepresidente, tomó las riendas del país de forma interina hasta la celebración de elecciones a mediados de abril. Pero Maduro no es Chávez, y en aquellos comicios se impuso tan solo por un estrecho margen de un 1,5 por ciento al opositor Henrique Capriles.
Considerado por expertos como un ‘perfil gris’, Maduro no cuenta con el bagaje revolucionario de Chávez, lo que sumado a la crisis económica y social el país –más de siete millones de venezolanos han abandonado el país– ha fomentado el auge de una disidencia que desde Caracas se han empeñado en reprimir con penas de prisión, como el caso de Leopoldo López, o inhabilitaciones, empezando con el propio Capriles.
De hecho, ONG como Amnistía Internacional aprovechan la previa de los comicios para alertar de las “graves y masivas” violaciones de Derechos Humanos en Venezuela donde, bajo la Presidencia de Maduro, “más de un 25 por ciento de la población” ha huido del país; y denunciar las “decenas de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura” contra disidentes.
EL ACUERDO DE BARBADOS
La presidencia de Maduro, ampliamente cuestionada a nivel internacional, recibió uno de sus mayores rechazos tras las elecciones de 2018, en las que el mandatario se impuso con un 67,8 por ciento de los votos frente a Henri Falcón (20,9 por ciento) pero varios países del mundo e incluso la Unión Europea la consideraron ilegítima.
Esto hace dudar de si esta nueva votación será considerada a nivel internacional como justa y regular, o volverá a recibir el descrédito de parte de la comunidad internacional. De hecho, la celebración de estas elecciones ha estado en duda hasta el final y no fue hasta octubre de 2023 cuando, con el Acuerdo de Barbados firmado con la oposición, se fijaron las condiciones para los comicios.
Este pacto –que motivó que Estados Unidos incluso levantara algunas de sus sanciones contra Venezuela– cubría las garantías para la participación de la oposición y el proceso de elecciones primarias, que sin embargo desde la disidencia considera que Maduro se ha saltado en algunas etapas, especialmente por la inhabilitación de Machado y la imposibilidad de inscribir a Yoris.
Es precisamente en este punto en el que sale a la palestra el nombre de Edmundo González, un antiguo diplomático venezolano –embajador en Argelia (1991-1993) y en Argentina (1998-2002)– que ha prometido la liberación de los presos políticos, la recuperación económica, la estabilización de un bolívar enormemente devaluado y la lucha contra la inflación y la inseguridad.
Considerado como un político de centro, González ha manifestado su apoyo a los servicios públicos y se ha mostrado siempre abierto al consenso por encima de la ideología partidista. Respecto a una posible victoria en las elecciones del domingo, siempre ha abogado por un proceso de “negociación” para el traspaso de poderes de manos de Maduro.
En los comicios participan otros ocho candidatos a los que las encuestas en ningún caso conceden más de un dos por ciento de las papeletes, si bien es cierto que en un principio se temía que pudieran llegar a restar votos a la oposición. Entre ellos destaca el pastor evangélico Javier Bertucci, el abogado Antonio Ecarri y el comediante Benjamín Rauseo, que tratan de perfilarse como una tercera vía.
UN FINAL DE CAMPAÑA CONVULSO
Aunque la campaña electoral se ha desarrollado sin mayores incidentes a nivel social, sí se han producido ataques judiciales contra la candidatura opositora. A pesar de su inhabilitación, Machado a liderado a la disidencia, destacando incluso por encima de González, y también ha sufrido gran parte de las consecuencias.
Desde el inicio de la carrera electoral, Machado ha denunciado el arresto de varios de sus colaboradores más cercanos, y a escasos diez días de la celebración de los comicios incluso su jefe de seguridad, Milcíades Ávila, fue detenido por la fuerza en su propia vivienda. Ávila fue liberado poco después, pero en el transcurso Machado sufrió sabotajes en los vehículos utilizados para desplazarse durante la campaña.
Otro de los episodios más reseñables se produjo también en la última etapa de la campaña, cuando el presidente Maduro enturbió la situación advirtiendo de un posible “baño de sangre” si el oficialismo no se hacía con la victoria, que garantizaría la estabilidad del país para evitar una hipotética guerra civil.
Estas declaraciones no sentaron bien ni siquiera a aquellos líderes sudamericanos que, si no apoyan a Maduro, al menos se muestran abiertos a tender lazos con Caracas. Es el caso del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que se escandalizó por estas palabras y recomendó a su par venezolano aprender a perder.
DIFICULTADES PARA VOTAR DESDE EL EXTRANJERO
Uno de los puntos que recogía el Acuerdo de Barbados era el de la elaboración de un registro electoral a cargo del Consejo Nacional Electoral (CNE), el ente rector de los comicios y considerado como un poder del Estado según la Constitución venezolana. El CNE fijó en 21,6 los venezolanos residentes en el país con derecho a voto y tan solo 228.000 en el extranjero, a pesar de que fuera de las fronteras de Venezuela habitan unos siete millones de nacionales.
Esto se debe a que las normas para votar desde el extranjero son estrictas y exigen que los votantes estén registrados en una dirección durante al menos tres años y residan en ese lugar de forma legal, restringiendo así el derecho a voto a los refugiados o asiliados.
Además, para participar en la elección deben acudir a un consulado, una tarea imposible en algunos países como Estados Unidos, donde las sedes de la diplomacia venezolana están cerradas.
El CNE se encarga también de facilitar la participación de observadores internacionales, a los que, según el Acuerdo de Barbados, Maduro debía facilitar el ingreso al país. El mandatario prometió misiones de la Unión Europea, la Unión Africana y el Centro Carter, entre otras; sin embargo, el régimen revoco la invitación a la UE y el resto de organismos ha visto reducidas sus misiones.
