Muchos de los artículos de la Constitución Dominicana y de nuestras leyes y reglamentos, están redactados de una manera tan ambigua y confusa, que siempre se prestan a interpretaciones y a lo que algunos juristas y congresistas definen como, “el espíritu del legislador”. Desgraciadamente, cada abogado, tiene su propia versión muy personal, acomodaticia y circunstancial, de ese fantasma.
Una de las apariciones de esa alma en pena, que no la dejan descansar tranquila, surge cada cuatro años, cuando llega el momento de repartir el codiciado botín del dinero, que de acuerdo con la ley 33-18, la Junta Central Electoral les reparte a partidos, agrupaciones y movimientos políticos en nuestro país.
Esta ley tiene 84 artículos, pero por el único que las agrupaciones políticas se preocupan es por el No. 61 que dice:
Artículo 61.- Distribución de los recursos económicos del Estado. La distribución de la contribución económica del Estado a los partidos políticos, agrupaciones y movimientos políticos, se hará conforme al siguiente criterio:
1) Un ochenta por ciento (80%), distribuido en partes iguales entre los partidos que hayan alcanzado más del cinco por ciento (5%) de los votos válidos emitidos en la última elección.
2) Un doce por ciento (12%), distribuido entre todos los partidos que hayan alcanzado más del uno por ciento (1%) y menos del cinco por ciento (5%) de los votos válidos emitidos en la última elección.
3) Un ocho por ciento (8%), distribuido entre los partidos que hayan alcanzado entre cero punto cero uno por ciento (0.01%) y uno por ciento (1%) de los votos válidos obtenidos en la última elección.
Debe haber alguna explicación lógica para que se escogieran estos porcentajes, la cual desconocemos, pero la interpretación de “el espíritu del legislador”, ha salido a flote nueva vez y hemos escuchado diputados que, abogando por la inclusión de su partido al grupo de los mayoritarios, ha dicho que el legislador no dijo en el artículo 61 “últimas elecciones” en plural, sino que especificó “en la última elección” en singular, por lo tanto, la ley solo se refiere a las elecciones presidenciales. El argumento está tan flojo que se cae hasta con una mirada.
La última elección fue una combinación de varios niveles de escogencias. Estos fueron, presidenciales, senatoriales y de diputados, celebradas todas el mismo día y a la misma hora, 5 de julio del 2020 de 7:00 A.M a 5:00 PM. Al elector le entregaban tres boletas, este entraba en la cabina y marcaba sus preferencias en los diferentes renglones, luego se dirigía a las urnas y depositaba cada una en su lugar correspondiente en el orden que deseara. No había ninguna regulación sobre cual depositar primero.
Es imposible determinar la papeleta electoral depositada primero o última. En consecuencia, la JCE, interpretando correctamente la ley, hizo un promedio entre los tres niveles de elecciones pues todas fueron celebradas exactamente al mismo tiempo.
El profesor Juan Bosch, nos enseñó, que cuando usted presente un problema, debe acompañarlo con una posible solución. La nuestra es la siguiente, dividir el monto total de la suma que le corresponde a las organizaciones políticas, entre el promedio de los votos recibidos por cada partido en los tres niveles de las últimas elecciones presidenciales, senatoriales y de diputados. De esta manera se eliminan las interpretaciones y es más equitativa la distribución.
También es imperativo agregar algunas regulaciones. Si en unas elecciones generales, una agrupación participante no alcanza el 1% de los votos, como sucedió con 19 de los 26 partidos que compitieron en los pasados comicios, debe perder ipso facto su personería jurídica.
Tomando los números de las pasadas elecciones de ejemplo, conservarían su personería jurídica siete partidos. Estos son, el PRM, PLD, FP, PRD, PRSC, AL PAIS Y DXC. Este último pasó del 1% dejando los pelos en el alambre. Las otras entelequias, tendrían que comenzar a recolectar firmas y reiniciar todo el proceso de reconocimiento como entidad política en la JCE. Con esto se le tumba el discurso a los que alegan que se está trabajando con miras a crear el bipartidismo en la República Dominicana.
