Los nuevos reglamentos mostrarán que la reforma policial es una decisión de Estado que le permite a los uniformados ejercer una función pública con autoridad, da garantía de seguridad social ante la delicadeza de su trabajo, donde el artículo 176 instituye la mejoría salarial, limitando los privilegios internos, pero premiando el trabajo honesto, afirmó el licenciado Servio Tulio Castaños.
El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia reveló que el presidente Danilo Medina anunciará próximamente parte de los compontes de un plan policial que se ha diseñado en coordinación con organizaciones de la Sociedad Civil, que abarca desde 2016 al 2020 y que se inscribe dentro de lo que es la puesta en vigencia en el país de una nueva ley de Reforma de la Policía Nacional.
El vicepresidente de la FINJUS, durante una entrevista que le hiciera el senador Adriano Sánchez Roa en el programa Desafíos que produce todos los domingos a las 11 de la mañana por Digital 15, informó que en el marco de la instrumentalización de unos 21 reglamentos, de cuyo proceso forma parte la entidad que dirige, se ha contemplado una serie de acciones que beneficiaran al policía y a la ciudadanía.
Al ponderar la ley de Reforma Policial en más de una ocasión, Servio Tulio Castaños dijo que la misma “no es un invento del Congreso, ni de la FINJUS, ni de una universidad, esta es una iniciativa del presidente Danilo Medina, que aprobó el congreso de la República y que se trata de una decisión de Estado.
Precisó que el caso de la aplicación de la ley de Reforma Policial es un proceso que abarca un período de diez a 12 años, “y estamos en medio de este proceso”.
En cuanto a la incompatibilidad de los policías ejercer la profesión de abogado, dijo: “porque sucede que la ley Orgánica del Ministerio Público creó la Policía Técnica judicial, eso fue imposible, hubo resistencia a que eso se instalara”, “Como eso fue así, se derogó esa parte y se dejó la investigación a la Policía Nacional”, entonces “un Policía no puede ser juez y parte”.
Dijo que las quejas de los fiscales, “y la hacen pública permanentemente”, es que policías que trabajan en el área de investigación después terminan en la fiscalía siendo los abogados de los imputados, se tomó la decisión de no permitirlo, “como tú no quisiste que ese órgano especializado tuviera en el ministerio público tu no puede ejercer la profesión de abogado”.
Dijo que ese tipo de debate de los policías-abogado, se dio en España y el caso fue al tribunal Constitucional, y el órgano entendió que no se le estaban violentando a los policías sus derechos respecto a la función pública que realizan, la de Policía, el abogado es una profesión liberal.
Beneficios:
Castaños Guzmán dijo que antes de la ley, los policías no tenían seguridad médica, el régimen de pensión no estaba funcionando, el régimen de seguridad por discapacidad era una aventura, todo lo que tenía que ver con el sistema de reparto.
“Para hablar bien claro, “qué hace la ley ahora, lo transfiere al régimen ordinario, lo que ha traído como consecuencia que ya nuestros policías entran al SENASA, donde quiera que estén van a gozar de seguridad médica, y ahora van a entrar sus hijos, sus familias con una cobertura de dos millones de pesos para cualquier situación de salud que se le presente”, aseguró.
Dijo que antes de la ley había una clínica de la Policía que opera en Santo Domingo y si en Elías Piña, por ejemplo, se enfermaba uno de sus miembros, tenía que venir a la capital y ahora no ocurre así.
Sobre la escogencia JCE Y Cámara de Cuentas
El vicepresidente de la FINJUS entiende que el proceso se abrió y se abrió de conformidad con lo que dispone la ley, porque es al Congreso al que le corresponde escoger a los integrantes de la Junta Central Electoral (JCE) y de la Cámara de Cuentas.
Servio Tulio Castaños, al ser entrevistado Sánchez Roa en el programa Desafíos, que produce cada domingo por Digital 15, explicó que como el PLD concentra mucho poder político, tiene que estar consciente ver de qué forma se puede consensuar, se puede legitimar este proceso a los fines de que el peso histórico de quienes resulten ser electos no caiga únicamente y exclusivamente sobre el PLD.
“Hay instituciones empresariales, sociales, de la sociedad civil que han venido reclamando de que se definan algunos perfiles, para que quienes resulten electos cumpla como por ejemplo que sean personas que tengan una trayectoria, que tengan solvencia moral”, indicó.
Castaños Guzmán dijo que aspira a que quienes resulten electos hayan hechos sus declaraciones ante impuestos internos en por lo menos cinco años anteriores.
“Tienen que ser personas que sean probadas. Se está hablando de que sean personas que no estén ligadas a los Partidos Políticos, sobre todo porque la Cámara de Cuentas es el órgano rector del Sistema Nacional de Control”, propuso.
“Se requiere que sean personas que cuenten con el mayor nivel de independencia posible”.
Dijo que eso de que las personas que vayan a la Junta sean apolíticas, eso no existe en este país, pero “si hay personas que en los últimos años no han estado vinculadas a los Partidos Políticos, a la vida Partidaria”, aseveró Castaños Guzmán.
“Pero es una atribución del Senado de la República y del Congreso, no obstante reitera que el Congreso tomen en cuenta lo que la sociedad está pidiendo”, expresó.
El vicepresidente de FINJUS entiende que en la medida que los procesos cuenten con la participación de amplios sectores del país, quienes resulten electos contarán con la legitimidad que se requiere en esta ocasión, a los miembros que resulten ser parte de esos órganos.
