El 11 de enero de 2002 se construyeron en apenas 96 horas un centenar de celdas en la que hoy es la prisión de máxima seguridad de la base militar estadounidense de Guantánamo, en Cuba, para albergar a los primeros presos enviados desde Afganistán. Hoy, 20 años después, los 39 reclusos continúan a merced de posibles abusos y no hay juicio a la vista para muchos de ellos, contra los que ni siquiera se han presentado cargos.
En concreto, de los 39 hombres retenidos en Guantánamo, 27 de ellos están presos sin que se hayan presentado cargos penales. En el caso de los cinco sospechosos de los atentados del 11 de septiembre presos, los procedimientos tienen tantas deficiencias que ninguno de ellos ha llegado a juicio.
Entre los acusados está Jalid Sheij Mohamed, supuesto cerebro de los atentados. Ya son diez años de audiencias preliminares para un juicio que no comienza.
En el otro extremo, los presos “de bajo valor” son trece. Todos ellos han recibido la luz verde para su traslado, algunos hace años, como Tawfiq al Bihani, un yemení detenido en Irán en 2001 cuya repatriación se recomendó el 2010. La oposición de los republicanos en el Congreso, la inercia burocrática y el rechazo de otros países a acogerlo han impedido su salida de Guantánamo.
780 PRESOS
La prisión de Guantánamo ha albergado en total a 780 ciudadanos de terceros países, incluidos menores de edad, de los que el 55 por ciento no cometieron ningún tipo de acción hostil contra Estados Unidos o sus aliados, según un estudio de la Facultad de Derecho de Seton Hall elaborado a partir de datos del propio Departamento de Defensa. Del total, solo se ha presentado cargos contra doce y solo dos han sido condenados en juicios militares.
Las instalaciones han mejorado en estos veinte años. De las cien celdas de aislamiento y cinco salas de interrogatorio sin ventanas se ha pasado a bloques de celdas con neveras y despensas comunes.
En los 20 años de funcionamiento de la prisión han muerto nueve internos, siete de ellos en aparentes casos de suicidio. Es el caso de Yasir Talal al Zahrani, un adolescente saudí capturado en 2002 en Afganistán que apareció muerto en su celda cuatro años después. Su familia insiste en que no se suicidó.
Sin embargo, el centro corre el riesgo de convertirse en un geriátrico muy rudimentario en pleno Caribe y son cada vez más las muertes por causas naturales. El Pentágono ha solicitado 88 millones de dólares para construir un hospital para enfermos terminales, según reveló ‘The New York Times’ en abril.
REPLICAR GUANTÁNAMO
Organizaciones de defensa de los Derechos Humanos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch han criticado un aniversario “que no debería haberse alcanzado” y han advertido de que la propia existencia de la prisión deslegitima a Estados Unidos y provoca que se repliquen cárceles parecidas en otros países.
“Las entregas ilegales, las detenciones en secreto y las torturas han dañado al sistema internacional de derechos humanos”, ha reprochado desde HRW Letta Tayler.
“Al cometer estos abusos con impunidad, Estados Unidos ha facilitado que países como Rusia, Egipto o China critiquen a Washington y sorteen las condenas internacionales de sus propias violaciones de derechos humanos”, ha argumentado.
Además, aliados de Estados Unidos como Irak, Nigeria, Egipto o las fuerzas del noreste de Siria “han replicado el modelo Guantánamo” con miles de detenidos en condiciones lamentables por presuntos delitos de terrorismo sin cargos ni juicio. Entre los detenidos hay miembros de la sociedad civil, familiares de sospechosos y menores de edad víctimas ellos mismos de los grupos armados.
COSTE POLÍTICO
Tres de los cuatro últimos presidentes de Estados Unidos han declarado abiertamente su intención de cerrar Guantánamo, con la excepción de Donald Trump, pero las trabas de la oposición en el Congreso y la falta de voluntad clara por su alto coste político han impedido que cumplieran sus promesas.
Ante todas estas trabas, la directora del proyecto de seguridad nacional la Unión Americana por las Libertades Civiles, Hina Shamsi, ha argumentado que sería tan sencillo como que la Administración retirara su oposición en los casos de habeas corpus y permitiera así la entrega a los tribunales ordinarios de los detenidos.
“Con órdenes judiciales de transferencia, no sería necesario que hubiera notificaciones del Congreso”, ha explicado Shamsi en declaraciones al diario británico ‘The Guardian’. Ello implicaría, entre otros compromisos, acuerdos de súplica que descartarían la pena de muerte.
Sin embargo, también provocaría una tormenta política que alimentaría el discurso del Partido Republicano sobre la debilidad del presidente Joe Biden frente a los enemigos de Estados Unidos. “Es el tipo de espina que hay que arrancar de inmediato”, ha explicado el profesor de Derecho Bernard Harcourt. “Con las elecciones de mitad de mandato a la vista y después otras elecciones presidenciales, no va a haber menos presión. Al contrario. Va a ir a peor”, ha advertido.
Uno de los argumentos políticos de mayor peso es el coste de la prisión. En total se calcula que la prisión cuesta 540 millones de dólares al año, es decir, casi 14 millones de dólares por preso, lejos de los 80.000 dólares que cuesta un interno en una de las prisiones de máxima seguridad estadounidenses.
Sin embargo, el argumento más sólido es el de la ilegalidad de estas detenciones. “Ha pasado una generación de conflictos y la prisión de Guantánamo sigue abierta y cada día que continúa abierta es una afrenta a nuestro sistema de justicia y al estado de derecho”, ha advertido el senador demócrata Dick Durbin en una de las sesiones dedicadas a Guantánamo.
