El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se ha mostrado “muy preocupado” por la reciente detención de un juez del Tribunal de Casación haitiano y otros “ataques contra la independencia judicial”, que se enmarcan en el pulso entre el Gobierno y la oposición a cuenta de la fecha en que debe terminar el mandato del presidente, Jovenel Moise.
El magistrado Yvickel Dabrésil y más de una veintena de personas más fueron detenidas el 7 de febrero, después de que el Gobierno denunciase un supuesto intento de golpe de Estado. Los arrestos se produjeron “en circunstancias que podrían equivaler a una detención ilegal o arbitraria”, en opinión e la oficina de Derechos Humanos de la ONU.
La portavoz del Alto Comisionado Liz Throssell ha reconocido que Dabrésil está ya en libertad, “pero otras 17 personas están aún en detención preventiva”. A ello se suma a que otros tres jueces del Tribunal de Casación fueron obligados a jubilarse, “aparentemente mediante un procedimiento irregular”, lo que ha derivado en una huelga masiva del sistema judicial que arrancó el 15 de febrero.
“Estos hechos generan dudas sobre la independencia judicial y han erosionado aún más la separación de poderes en Haití”, ha dicho Throssell, al recordar que el respeto a otros actores y al Estado de Derecho es “más crucial” si cabe en contextos de “tensión política” como el que atraviesa actualmente el país caribeño.
El punto de inflexión de este pulso llegó el 7 de febrero, fecha en la que, según la oposición, expiraba el mandato de Moise. El presidente defiende en cambio que aún le queda un año más y que, por tanto, le corresponde a él liderar el proceso electoral que encara Haití, con un referéndum constitucional en abril y elecciones generales en septiembre.
Naciones Unidas espera que el Gobierno y la oposición se impliquen en un diálogo “significativo e inclusivo” para “evitar una mayor escalada de las tensiones” y “resolver el actual estancamiento político e institucional de una manera que sea tanto duradera como sostenible”.
