El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado este viernes por unanimidad una resolución que extiende un año más el régimen de sanciones impuestas contra Haití, para impedir el flujo ilícito de armas a las bandas criminales que operan en el país sembrando el caos.
Los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU han aprobado esta medida que incluye la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas, alegando que la situación en el país caribeño continúa suponiendo una “amenaza para la paz y la seguridad internacionales en la región”.
El objetivo de esta prórroga es dar continuidad a las medidas impuestas anteriormente para “impedir el suministro de armas y equipo militar” a las bandas que han ganado presencia en amplias zonas ante el caos político y una compleja crisis humanitaria.
La resolución no aplica a los suministros para la Misión Multinaticional de Apoyo a la Seguridad para Haití, liderada por Kenia, y las fuerzas haitianas. También están exentos de las sanciones los “suministros de equipos militares no letales destinados únicamente a uso humanitario o de protección y la asistencia técnica o formación relacionadas, para fomentar la paz y la estabilidad” en el país.
El Consejo de Seguridad ha hecho un llamamiento dirigido a la prevención del tráfico ilícito de armas, lo que requiere la coordinación de la ONU, las organizaciones regionales y el Gobierno de Haití para mejorar la seguridad fronteriza y gestionar los arsenales de armas. En esta línea, el los miembros del Consejo han pedido a las autoridades haitianas que “mejoren la capacidad de (su) Policía para gestionar las armas y municiones y reforzar el control aduanero”.
La violencia desenfrenada de las bandas criminales, en un contexto de grave crisis económica y política, ha provocado el desplazamiento de casi 580.000 personas desde su escalada a partir de marzo de 2024, más del doble que en 2022, según han señalado recientemente varias ONG internacionales.
Además, han advertido, 5,4 millones de haitianos sufren de inseguridad alimentaria aguda, y dos millones, alrededor del 18 por ciento de la población, padecen hambre severa. De este grupo, 6.000 personas se enfrentan a la hambruna.
