Los estadounidenses de origen venezolano y cubano residentes en Florida son partidarios de que la Administración de Joe Biden anteponga la atención humanitaria en sus medidas de presión al Gobierno de Nicolás Maduro, con una clara caída del apoyo a sanciones que puedan afectar indirectamente a la población como las dictadas contra el sector petrolero, según un sondeo.
La encuesta, elaborada por el ‘think tank’ The Atlantic Council a partir de más de 600 entrevistas realizadas en febrero, pulsa la opinión de una comunidad que tradicionalmente ha sido clave para determinar la hoja de ruta de Washington en relación a América Latina.
Casi nueve de cada diez encuestados tienen claro que Maduro es el responsable de la crisis en que vive sumida Venezuela, pero dos de cada tres reclaman tanto a Estados Unidos como al conjunto de la comunidad internacional que intenten brindar más ayuda humanitaria al país sudamericano, independientemente de que el presidente siga o en el poder.
Con Donald Trump en el poder, la Administración norteamericana dejó claro que la salida de Maduro era condición ‘sine qua non’ para revisar su política de sanciones. Con Biden en la Casa Blanca, no ha habido grandes cambios en los mensajes contra un dirigente que sigue siendo un “dictador” a ojos de Estados Unidos.
Un 73 por ciento se muestra partidario de que los gobiernos extranjeros utilicen los activos bloqueados al chavismo para sufragar esta ayuda, dentro de un contexto en el que la mayor parte de los entrevistados sigue apostando por la estrategia de “máxima presión” y por mantener los castigos contra dirigentes venezolanos.
Aunque un 77 de las personas entrevistadas respalda las actuales sanciones contra la industria petrolera, una de cada dos se muestra partidaria de aliviarlas si con ello se puede facilitar la importación de alimentos y medicinas a Venezuela.
En relación a la situación de los inmigrantes venezolanos en Estados Unidos, 89 por ciento de las personas tanteadas por ‘The Atlantic Council’ respaldan la decisión de proporcionarles un estatus legal temporal, cifra similar a la de quienes abogan por una solución más permanente para este colectivo.
