Ya es un hecho el que la Junta de Control Fiscal impuesta a Puerto Rico por el Congreso de los Estados Unidos de Norte América se quitaron la mascara de ovejas y dejaron ver la cara de tiranos, racistas, clasistas y dictadores. El Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico le solicitó a la Junta de Control Fiscal que mostrara todos los gastos de contratos, beneficios y salarios. Ellos rotundamente se negaron al no hacerle caso a las múltiples solicitudes de información publica. Al ver que no le hicieron caso, hubo que demandarlos en el tribunal para obligarlos a mostrar la información. De por cierto el salario y los gastos de cada uno de los miembros de la Junta de Control Fiscal son pagados por el dinero del gobierno de Puerto Rico. Todos y cada uno de los siete miembros es un empleado del gobierno de Puerto Rico. El dinero de los contratos sin limite que gastan todos los años estos miembros y sus empleados viene de los impuestos pagados por todos los que vivimos en la isla.
Lo poco que se ha podido conseguir de información es que la Junta de Control Fiscal ha gastado hasta 5.7 millones por mes. Esto equivale a 68 millones anuales si lo llevamos a esta cantidad por doce meses. Se desconoce si ese es el gasto mensual exacto de ese grupo y sus contratos de abogados y consultores.
Según la Ley Federal supuestamente, la Junta de Control Fiscal no necesariamente tiene que mostrar sus gastos a ningún periódico. Pero, en la Ley de Puerto Rico, si eres empleado del gobierno de Puerto Rico, tienes que mostrar los gastos de fondos públicos de forma detallada y estar expuesto a las agencias que monitorean los actos ilegales e indebidos. Si se encuentra una irregularidad fiscal puedes ir a la cárcel, devolver el dinero y a veces ambas cosas. Según la ley de Puerto Rico, hay que mostrar los gastos del dinero de Puerto Rico y decir específicamente para que se ha usado el dinero y si se esta usando de forma adecuada. Ahora mismo, el caso esta en la corte suprema a ver que deciden los jueces. Este cuchillo de doble filo abre las puertas y crea un precedente peligroso donde se le permite a una agencia creada por el gobierno federal, pero paga por el gobierno estatal obviar la ley establecida para el resto de personas que residen en la isla. Eso en nuestro libro se llama discrimen y tiranía.
Si los miembros de la Junta Control Fiscal no desean mostrar los gastos desmedidos y contratos millonarios que se han dado hasta la fecha sin control, entonces deben usar el dinero federal y no el estatal para hacer sus juntas y pagar sus salarios exorbitantes. Preguntamos, ¿Cómo se determinan esos salarios y beneficios millonarios de la junta? ¿Por qué se les paga tanto a estos siete miembros? ¿A quien le rinden cuentas?
La Junta de Control Fiscal y La Ley Promesa han sido los causantes de los recortes a los salarios y pensiones de los empleados del gobierno que trabajaron toda su vida para cuando cumplieran los años de retiro tener suficiente dinero para comer y pagar sus gastos. Ese compromiso de recibir un retiro ya no es real debido a que la tiranía de un grupo creado por el Congreso de Los Estados Unidos de Norte América lo acabó sin piedad alguna.
Tal vez, lo mas apropiado hubiera sido vender todas las propiedades federales que existen en la isla valoradas en cientos de millones, para evitar seguir estrangulando económicamente a la población de envegencientes y retirados. Muchos envegencientes han tenido que regresar a trabajar para poder sobrevivir en la colonia. Finalmente, recordemos que existe una ley local que hay que cumplir. El Departamento de Justicia, en estricto cumplimiento con la Ley Núm. 141-2019 “Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública”, y con la política pública del Gobierno de Puerto Rico, facilita el acceso y la divulgación de la información pública. Hasta la fecha el Departamento de Justicia es ciego, sordo y mudo.
Debemos recordarles a todos que, si no hay ley, no hay orden excepto dictadura y tiranía.
