Un juez de Miami dictaminó que se violaron los derechos de un inmigrante haitiano indocumentado que fue retenido en una prisión del condado de Miami-Dade a petición de las autoridades migratorias de Estados Unidos en vez de ser liberado.
Este es el primer fallo en contra de la controvertida decisión de enero pasado del alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Giménez, de cumplir con las solicitudes de prolongar la detención de algunos indocumentados para su deportación, en seguimiento de una medida ejecutiva del presidente de EE.UU., Donald Trump, en este sentido.
En su fallo de hoy, el juez Milton Hirsch señala que las peticiones de detención prolongada del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) no suponen “evidencia de que se haya cometido un crimen o que alguien esté en el país ilegalmente”, por lo que los presos deben ser liberados una vez cumplida su pena.
En su opinión, hay que “proteger” al país de la inmigración indocumentada, pero eso no debe hacerse a costa de los “históricos derechos y libertades” de las que se dotó la nación.
Mike Hernández, portavoz del alcalde de Miami-Dade, dijo que apelarán la decisión de Hircsh, señaló el canal Local 10.
Sin embargo, este fallo judicial llega tarde para el haitiano James LaCroix, de 45 años, detenido bajo orden de deportación tras haber sido capturado inicialmente por agentes del condado de Miami-Dade por conducción reiterada de un auto sin licencia de manejo válida.
La Administración Trump insiste en que su principal objetivo es deportar a “criminales”, aunque ha emitido nuevas directrices que acaban con las prioridades establecidas por su predecesor, Barack Obama, de centrarse en criminales para detener ahora a cualquier indocumentado al alcance de los agentes.
Para ello restauraron el programa Comunidades Seguras, que permite a agentes locales y estatales acceder a bases de datos federales de huellas digitales para determinar la identidad y situación inmigratoria de un detenido sin importar el motivo.
El condado de Miami-Dade ha recibido al menos 52 peticiones del ICE para retener a indocumentados desde que en enero pasado terminase con su política de no dar conformidad a este tipo de pedidos a no ser que el Gobierno federal pagara los costes adicionales por la retención de los inmigrantes sin estatus legal.
La autoridad condal decidió cumplir con las solicitudes de detención prolongada de inmigrantes después de que Trump amenazara con retirar fondos federales a las jurisdicciones que obstruyeran la aplicación de las leyes migratorias.
Estas son las denominadas jurisdicciones “santuario”, que rechazan destinar fondos y esfuerzos para cooperar con programas migratorios, que son de responsabilidad federal y que, por lo tanto, no son de obligatorio cumplimiento para ciudades, estados o condados del país.
