Un juez federal ordenó hoy al Gobierno Trump que no deporte a familias de indocumentados separadas en la frontera tras su reciente reunificación, en una medida que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) denuncia ha supuesto ya la salida del país de más de cien padres.
En una audiencia para que el Gobierno detallara cómo va el proceso de reunificación de cerca de 3.000 niños separados de sus padres por la política de “tolerancia cero” con los indocumentados, el juez Dana Sabraw, de San Diego (California), decretó que la Administración no puede deportar a estas familias durante una semana.
Durante este tiempo, el Gobierno deberá analizar la petición de ACLU de que se dé una semana de margen a los inmigrantes después de ser reunificados con el objetivo de que todas las familias, de manera informada y sin presiones, analicen lo mejor tanto para los padres como hijos, ya sea regresar a sus países de origen o solicitar asilo político, entre otras opciones.
ACLU, que interpuso la demanda colectiva en nombre de migrantes que fueron alejados de sus hijos, mostró su preocupación luego de recibir reportes de que el Gobierno estaba deportando a padres una vez que eran reunidos con sus hijos en “pocas horas” y sin darles la oportunidad de consultar sus opciones legales.
En base a la lista que les fue entregada este fin de semana por orden de la corte, la ACLU estima que por lo menos un centenar ya no se encuentra en el país.
Lee Gelernt, abogado de la ACLU, dijo tras la vista que se encuentran “extremadamente satisfechos” con la decisión del juez y en su insistencia en que el Gobierno cumpla con la entrega de menores dentro del lapso establecido desde el principio, que se cumple el próximo día 26.
Durante la audiencia, la abogada del gobierno, Sarah Fabian, pidió tiempo para analizar si la orden de frenar deportaciones de los padres podría interferir con el proceso de reunificación por la falta de espacio para albergar familias, pero el juez fue rotundo al decir que no debe haber demoras y que deberán “hacer espacio”.
Por orden del propio magistrado de San Diego, la Administración Trump se apresura para cumplir el plazo del día 26 de devolver a sus padres a los cerca de 3.000 menores que el Gobierno separó como consecuencia de su “tolerancia cero” contra la inmigración ilegal.
ACLU indicó hoy que han recibido dos listas por parte del Gobierno sobre el resto de menores que todavía permanecen separados, la de los padres tiene 1.600 nombres y la de los niños unos 2.500.
El pasado martes se cumplió la primera parte del plazo dado por Sabraw al Gobierno para reunificar a las familias de los niños más pequeños.
El Gobierno debía entregar a 103 menores de 5 años, aunque finalmente esa cifra quedó reducida a 57, debido, según el Ejecutivo, a medidas de seguridad con los niños, entre otros motivos.
ACLU asegura que tiene noticias de que la reagrupación familiar de los menores de entre 5 y 17 años ya comenzó, y que estos inmigrantes están en “grave riesgo” de “ser reunificados solo para ser inmediatamente deportados, sin toda la información” sobre sus opciones, a pesar de tratarse de casos de “vida o muerte”.
Sin embargo, el Gobierno no detalló cuántas familias fueron reunidas este fin de semana, aunque prometió que dichos números estarían disponibles hoy mismo y dijo que acelerarán la entrega, pero, eso sí, con confirmación de parentesco o garantía de que el padre está en condiciones de recibirlo.
Sabraw concedió hasta el próximo jueves para que la Administración Trump realice todas las pruebas de ADN previstas y, de esta manera, garantizar que se podrá cumplir con la fecha límite.
El Gobierno aún no ha podido identificar a los padres de 71 niños que tiene bajo su cuidado, confirmó el comandante Jonathan White, del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y “arquitecto del plan de reunificación”, quien estuvo presente durante la vista de hoy para ampliar sobre su plan de entrega de los menores.
En la audiencia de hoy salió a colación unas declaraciones de Chris Meekins, alto cargo del HHS, sobre su temor en que al simplificar el proceso de investigación se incremente el riesgo de entregar a un niño con un adulto que no sea su padre o que represente un peligro para él.
Sabraw calificó dichos comentarios de “irritantes” y “profundamente preocupantes”, ya que, a su parecer, distan del “contexto de este caso”, el cual, recordó, se trata de padres que deben comprobar no tener antecedentes criminales ni representar un peligro para el bienestar del menor.
El magistrado reiteró que se trata de familias “separadas indebidamente” por parte del Gobierno y que dicho largo grupo de individuos debe ser “reunificado rápidamente”.
