Santiago, R.D.- Técnicos de la Junta Central Electoral investigan la falsificación de cedulas en poder de haitianos como denunciara el Alcalde de Santiago Abel Martínez y la fiscal Luisa Liranzo mostro disponibilidad en colaborar y aplicar la ley a los responsables.
La comisión de la JCE integrada por Herminio Guzmán Caputo, Consultor Jurídico de la JCE; Juan Bautista Tavárez Gómez, Director de Inspectoría y Américo Rodríguez, Director Nacional de Cedulación se ha reunido con el Alcalde, Abel Martínez y luego con la fiscal Luisa Liranzo.
El alcalde Martínez Durán dijo que es un requisito que los haitianos que vayan a realizar actividades comerciales en el mercado de pulgas sean legales y que haitianos que llegan a territorio dominicano de manera irregular se han dado a la tarea de falsificar documentos de identidad dominicanos para presentarse ante las autoridades como personas con documentación legal.
El ejecutivo municipal avaló su denuncia presentando decenas de cédulas falsas, expedidas a favor de haitianos, las cuales utilizan como si se tratara de ciudadanos que adquirieron la nacionalidad dominicana, algo que fue detectado en el proceso de registro de las personas que requieren espacios para vender en el nuevo mercado de pulgas de Santiago.
El ese sentido, el equipo de la JCE se trasladó a la Procuraduría Fiscal de la ciudad de Santiago, donde sostuvo una reunión con la fiscal, Luisa Liranzo quien le manifestó su compromiso de colaborar en el inicio de las acciones pertinentes a los fines de someter a la acción de la justicia a los responsables de las adulteraciones denunciadas.
Ya la comisión presentó un informe preliminar al presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, el cual será ampliado en los próximos días tan pronto culminen las indagaciones en torno a la documentación adulterada recibida.
Martínez Durán les mostró numerosas cédulas y carnés adulterados, a la vez que valoró la disposición y prontitud de la JCE de atender a su denuncia.
Esos documentos fueron incautados a extranjeros en aplicación de una disposición municipal administrativa, que establece como requisito obligatorio la legalidad en territorio dominicano de los extranjeros que deseen hacer uso para fines comerciales de los espacios públicos del municipio Santiago.
El ejecutivo municipal que esos documentos fueron entregados a la comisión para ser sometidos a un análisis técnico más detallado y aplicarse la ley contra los responsables de las eventuales acciones legales.
