Dos sobrinos de la primera dama de Venezuela acusados de confabulación para enviar drogas a Estados Unidos fueron declarados culpables el viernes por un jurado que determinó que había elementos que mostraban ese delito, aun cuando al menos uno de los jurados se refirió al principal testigo de la fiscalía como una persona “despreciable”.
El jurado de la corte federal de Manhattan dictó su veredicto contra Efraín Campo, de 30 años, y su primo Francisco Flores, de 31, después de poco menos de un día de deliberaciones.
Los sobrinos de la primera dama venezolana Cilia Flores fueron acusados el año pasado de confabulación para importar más de 711 kilogramos (1.700 libras) de cocaína a Estados Unidos.
Los abogados de Campo y Flores argumentaron que ninguna transacción de drogas fue efectuada y que ambos hombres nunca tuvieron la intención de hacerlo.
La defensa subrayó que las acusaciones se inscriben en una pesquisa deficiente de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) que se apoyó en un informante de mucho tiempo que consumía y traficaba cocaína mientras colaboraba para armar el caso.
“El era una persona despreciable”, declaró uno de los miembros del jurado, el arquitecto Robert Lewis de 69 años, en referencia al informante José Santos Peña.
Uno de los abogados defensores dijo el jueves al jurado en los alegatos finales que los sobrinos de la primera dama venezolana debían ser absueltos porque la operación encubierta contra ellos tuvo tantas deficiencias que la fiscalía adoptó la medida insólita de notificar a Santos Peña, el testigo principal, cuyo acuerdo de cooperación habían decidido cancelar a causa de sus mentiras.
“Ese hombre les mintió en la cara”, indicó el abogado David Rody al jurado. “Ustedes fueron testigos de una situación rara, un cooperante al que la fiscalía cancela en un juicio”.
Rody añadió que el testimonio del informante era crucial para el caso del gobierno contra Flores y Campo.
Eso explica por qué la fiscalía no rompió vínculos con él cuando se enteró en abril que traficó drogas durante al menos cuatro años aun cuando le pagaban cientos de miles de dólares para que trabajara como informante de la DEA y otras agencias.
El juez federal de distrito Paul A. Crotty informó que las sentencias de los acusados no serían dictadas antes de marzo, aunque no fijó una fecha precisa. La defensa solicitó tiempo para impugnar el veredicto condenatorio del jurado.
La fiscalía había exhortado a los jurados a que examinaran las otras evidencias del caso, como las declaraciones hechas por los acusados a los agentes federales y grabaciones de reuniones.
Lewis señaló que los jurados hicieron precisamente eso al basarse en las trascripciones de conversaciones que involucraban a los acusados y en mensajes de texto para dar su veredicto condenatorio.
“Nadie se sintió atraído por los testigos”, aseguró Lewis. “Claramente eran personas malas”.
El vicefiscal federal Brendan Quigley dijo que los acusados “creían que estaban por encima de la ley”.
“Pensaron que podían operar con impunidad en Venezuela por quiénes eran y por la relación de su parentesco”, afirmó Quigley en sus alegatos finales el jueves. “Creyeron que ganarían toneladas de dinero enviando drogas al exterior porque, como el acusado Flores dijo, aquí no hay DEA y acá no llegan los estadounidenses. Pero se equivocaron”.
