El gobernador de Florida, Rick Scott, destituyó a la fiscal del distrito judicial noveno de Florida, Aramis Ayala, del caso contra un hombre acusado de asesinar a su exnovia embarazada y a una mujer policía de Orlando, luego de que decidiera no buscar la pena de muerte.
La fiscal dijo que basó su decisión “en los hechos y no en emociones”, en que “no existen evidencias de que ni la comunidad ni la policía estén más seguras por la pena de muerte”, según afirmó durante una conferencia de prensa efectuada en las escalinatas de la Corte, en el centro de Orlando.
Ayala indicó que tampoco buscará la pena de muerte para ningún otro caso penal que se ventile en el circuito judicial noveno de la Florida.
A raíz de eso, Scott destituyó a Ayala tras rehusar decidir la pena capital en el caso contra Markeith Loyd, de 45 años, que enfrenta varios cargos criminales, entre ellos el de asesinato en el primer grado por la muerte de la teniente de la policía Debra Clayton, el pasado 9 de enero.
“Me siento atropellado y enfermo por la pérdida de vida, y por las vidas de tantas familias impactadas para siempre debido a estos asesinatos sin sentido”, dijo Scott tras firmar la orden ejecutiva de destitución de Ayala, recién elegida al puesto en las pasadas elecciones de noviembre.
El gobernador agregó que las familias de las víctimas de Loyd “se merecen un fiscal que procese agresivamente a Loyd con todo el peso de la ley y que la justicia sea servida”.
La fiscal dijo que determinó “que hacer eso (buscar la pena de muerte) no es el mejor interés de la comunidad ni de la justicia”.
También admitió que tomó la decisión sin consultarla con todos los familiares de las víctimas de Loyd. “Algunos familiares estarán de acuerdo y otros no”, añadió Ayala, quien aseguró que no es justicia para nadie arrastrar por años un caso de pena de muerte, que además es costoso.
Las declaraciones de la fiscal del distrito nueve, que comprende los condados de Orange y Osceola, no fueron bien recibidas por la Policía de Orlando, y el mismo jefe John Mina, en una declaración divulgada por Twitter, mostró su “malestar y enojo” por la decisión de Ayala.
“Un asesino de policía, que también mató a su novia embarazada, no debería de tener esa oportunidad”, afirmó.
La decisión incluso cayó mal en la misma Procuraduría General de Florida, donde la fiscal general Pam Bondi describió la decisión como “vergonzosa” y como “un mensaje peligroso para los residentes y visitantes de Orlando”.
De igual manera se pronunció el comisario del condado Orange, Jerry Demings en una conferencia de prensa hoy, quien había instado a la fiscal Ayala a “reconsiderar su decisión” y la urgió a tomar en cuenta los deseos de los familiares de las víctimas.
“Mientras esa es una decisión que ella puede tomar, la naturaleza horrible de los crímenes cometidos por Loyd resultaron en la muerte de Sade Dixon, la de un bebé que no llegó a nacer y la del teniente Clayton”, dijo Demings.
Shawn Dunlop, presidente de la Orden Fraternal de Policías de Orlando, dijo que la decisión de la fiscal Ayala es una “épica injusticia para los familiares de la teniente Clayton, así como para cada agente de la policial del Distrito Judicial Noveno”.
“La pena de muerte es la ley en Florida y creo que si ha existido un caso para su aplicación sería éste”, escribió Dunlop en la página de Facebook de ese sindicato policial.
La recién elegida fiscal Ayala no dio a conocer a los electores durante la campaña su posición en contra de la pena de muerte. “Ahora ya lo saben”, añadió Ayala en la conferencia de prensa.
Ahora, será Brad King, fiscal del distrito judicial quinto de los condados Lake, Sumter y Mario, quien reemplazará a Ayala en el proceso penal contra Loyd previsto para iniciar el próximo 1 de mayo en la corte del condado Orange, en el centro de Orlando.
King también sustituirá a Ayala en el caso contra Johan Rafael Quiñones, convicto de asesinato en el primer grado y cuyo juicio se encuentra actualmente en fase de sentencia.
