Por GARY FINEOUT |
TALLAHASSEE, Florida.— El gobernador Rick Scott y otros altos funcionarios republicanos de Florida se quejan frecuentemente de los gastos fiscales, pero discretamente han gastado más de 237 millones de dólares en abogados privados para promover sus prioridades, de acuerdo con una investigación de The Associated Press.
Los contribuyentes de Florida también se han visto obligados a desembolsar casi 16 millones de dólares para pagarle a los abogados del otro bando. Eso quiere decir que se ha gastado un monto total de 253 millones en querellas legales en los últimos seis años, incluyendo un litigio sobre agua con Georgia, uno para practicarle pruebas de drogas a los recipientes de prestaciones sociales, uno para reducir el padrón electoral y otro para prohibir que empresas que hacen negocios con Cuba compitan por contratos del gobierno.
“Doscientos cincuenta millones de dólares es un montón de dinero”, dijo Dominic Calabro, presidente de Florida TaxWatch, una organización que monitorea el gasto público.
Gran parte del gasto legal del estado no aparece en el proceso normal que se realiza al hacer el presupuesto estatal, de 82.000 millones de dólares.
La fiscal general Pam Bondi supervisa un presupuesto legal de casi 309 millones al año, que contribuye al pago de los salarios de 450 abogados estatales, pero todo ese poder legal interno no evita que los líderes del estado puedan contratar abogados privados. Y nadie en el gobierno estatal está siguiendo de cerca ni sumando las horas de servicio que les cobran.
“No tenemos esa información y desconocemos la manera de obtener los gastos por contrataciones externas sin tener que realizar una búsqueda exhaustiva de documentos”, dijo Whitney Ray, portavoz de Bondi.
The Associated Press obtuvo el total analizando documentos presupuestarios y documentos públicos que pidió a través del gobierno.
El análisis de la AP halló que Florida ha gastado más de 237 millones en abogados externos desde el 2011, o casi un promedio de 40 millones por año, más casi 16 millones en reembolsos a contrarios por costos legales.
Contratar abogados privados fuera del proceso presupuestario normal es algo común en gobiernos estatales de todo el país, aunque quizás no a la misma escala que en Florida actualmente.
Nueva York ha gastado más de 86 millones desde el 2012, o alrededor de 17 millones por año, en abogados externos, de acuerdo con el auditor estatal.
