El gobernador de Florida (EE.UU.), Rick Scott, anunció hoy que destinará 500 millones de dólares para mejorar la seguridad escolar y la salud mental y tratar de evitar que se repitan hechos como la matanza perpetrada en el instituto Marjory Stoneman Douglas, en Parkland (sureste del estado).
“Hoy anuncio un gran plan de acción. Trabajaré activamente con los legisladores durante las próximas dos semanas para lograrlo”, indicó Scott en un comunicado en el que, no obstante, lamentó que “ningún plan podrá devolver las diecisiete vidas que fueron truncadas y todas las esperanzas y sueños que fueron arruinados”.
“Sé que hay algunos que abogan por retirar la Segunda Enmienda. Esa no es la respuesta”, afirmó Scott, quien se mostró convencido de que la solución pasa por “mantener las armas lejos de las personas peligrosas y con problemas mentales”.
“Eso es lo que necesitamos”, aseveró el gobernador.
La segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos consagra el derecho de los estadounidenses a armarse.
El Congreso de Florida confía en que el plan anunciado por Scott, que fija la edad mínima de 21 años para comprar armas, sirva además para que algunos profesores puedan llevar armas ocultas en los centros docentes.
Los legisladores estatales señalaron que las propuestas diseñadas permitirán a los profesores recibir un completo entrenamiento en el uso de armas bajo la supervisión de los diferentes departamentos de la Policía.
Sin embargo, el plan no contempla la prohibición de venta de armas semiautomáticas como el rifle de asalto que el autor de la matanza de Parkland utilizó.
El plan impulsado por Scott se divide en tres partes: leyes de armas, seguridad escolar y salud mental.
Una prioridad para el gobernador es implementar a través del programa “Orden de Restricción de Amenazas Violentas” una serie de medidas por las que resulte “virtualmente imposible a persona con problemas mentales tener un arma”.
El programa servirá para que un tribunal “prohíba a personas violentas o mentalmente enfermas comprar o poseer un arma de fuego”.
Un requisito para que este tipo de prohibición se concrete es que un familiar, un “experto en bienestar comunitario o un agente del orden presente una “solicitud jurada y pruebas ante un tribunal” sobre la persona potencialmente peligrosa.
Se sabe que el autor de la matanza de Parkland, Nikolas Cruz, de 19 años, padecía de serios trastornos psicológicos y de conducta.
Scott resaltó que Cruz, quien se encuentra detenido sin derecho a fianza, había recibido con anterioridad 39 visitas de la Policía, fue expulsado del instituto y los estudiantes del colegio tenían conocimiento de que había amenazado con disparar, lo que fue comunicado al FBI en enero pasado.
“Y sin embargo, (Cruz) nunca fue puesto en una lista que le impidiera la posibilidad de comprar un arma, y la que tenía nunca le fue retirada”, criticó el gobernador.
Asimismo, el gobernador quiere fortalecer las “restricciones de compra y posesión de armas para personas mentalmente enfermas” bajo la Ley Baker, de manera que alguien que “representa un riesgo para sí mismo o para los demás” esté obligado a entregar todas las armas que posea.
Esta persona no podrá recuperar su derecho a comprar o poseer un arma de fuego hasta que se celebre una audiencia judicial.
Además, se exigirá que todas las personas que compren armas de fuego hayan cumplido al menos 21 años (actualmente son 18 años), un punto que enfatizó el gobernador.
También se prohibirá que una persona posea o compre un arma “si está sujeta a una orden judicial para protección contra el acoso predador” a través de tecnologías de comunicación, violencia entre parejas, sexual o doméstica.
También se incrementarán las condenas para los delitos por amenazas con armas de fuego en los colegios y en las redes sociales.
La segunda parte del plan prevé destinar 450 millones de dólares para la seguridad de los estudiantes, con la presencia permanente de policías en el campus durante los horarios de clase.
El gasto total previsto es 500 millones de dólares.
El gobernador propuso la presencia de al menos un agente de policía por cada 1.000 estudiantes, una medida que deberá entrar en vigor en 2018.
