Washington, .- El sistema de tribunales de migración necesita una reestructuración que garantice su independencia y permita atender las demoras en la atención de los casos, que pasaron de unos 262.000 en 2010 a 760.000 en diciembre de 2018, reveló hoy un informe difundido por un grupo de expertos.
“El estado del sistema de tribunales de inmigración de los Estados Unidos ha empeorado considerablemente desde nuestro informe de 2010”, advierte el documento, elaborado por la American Bar Association (ABA).
El texto, llamado “Reformando el sistema migratorio. Propuestas para promover la independencia, equidad, eficiencia y la profesionalización en la adjudicación de casos de remoción”, actualiza otro elaborado hace nueve años.
La ABA advierte que son “numerosos los problemas que obstaculizan el debido proceso y la administración justa de justicia en el sistema de tribunales de inmigración”.
Entre ellos destacan la contratación de personal, la acumulación de atrasos, “patrones de decisión inconsistentes (particularmente con respecto a las adjudicaciones de asilo) y la adopción de tecnologías de videoconferencia que impidieron audiencias justas”.
La investigación detectó tres “problemas sistémicos” que enfrentan los tribunales de migración: la “falta de independencia judicial e interferencia política”, las políticas y prácticas que amenazan el debido proceso y una falta de recursos que describen como “de larga data y generalizada”.
El estudio, que abarca los dos primeros años de gestión de Donald Trump y el Gobierno de su antecesor, Barack Obama (2009-2017), ve con preocupación “eventos recientes”, entre ellos “políticas y prácticas ejecutivas específicas que ejercen niveles de control sin precedentes sobre los jueces de inmigración y su desempeño laboral”, que han minado no solo la confianza sino la independencia judicial.
“La independencia que se ha socavado en los últimos nueve años se debe a la dirección siempre cambiante del poder ejecutivo. Cada administración ha utilizado los tribunales de inmigración como una extensión de los mecanismos de aplicación de la ley de inmigración al ajustar las prioridades de cumplimiento para alinearse con la agenda política prevaleciente”, subraya.
En ese contexto, el estudio apunta que “los jueces de inmigración se encuentran en la posición insostenible de jurar defender los estándares judiciales de imparcialidad y equidad y estar sujetos a lo que parecen ser estándares de desempeño políticamente motivados”.
Para ilustrar este caso, el informe hace referencia a una disposición del Departamento de Justicia vigente desde octubre pasado, que fija entre las condiciones para lograr una calificación de desempeño satisfactoria que los jueces completen “700 casos por año”.
Y sobre la cifra de casos pendientes, la investigación puntualiza que han aumentado “a niveles sin precedentes”, al pasar de alrededor de 262.000 en el momento de la evaluación de 2010, a más de 760.000 en diciembre pasado, aunque no descarta que lleguen a sumarse otros 330.000 que podrían ser devueltos a los registros activos.
Los expertos anotaron asimismo como “un hecho particularmente preocupante” desde su evaluación pasada “el surgimiento de una nueva política para la detención de familias y niños no acompañados”.
Al respecto, indicaron que a mediados de 2014, “a medida que las condiciones en Centroamérica se volvieron cada vez más violentas, miles de niños y familias viajaron a los EE.UU. en busca de protección”, a lo que el Gobierno “respondió con programas dirigidos a disuadir la migración familiar y la migración infantil no acompañada”.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) “construyó o convirtió rápidamente instalaciones para retener a mujeres y niños por largos períodos de tiempo”, explica el estudio, que recuerda que tanto la ABA, como agencias gubernamentales y organizaciones internacionales “han criticado duramente la política y las condiciones de la detención familiar”.(EFEUSA)
