El Tribunal Supremo ha emitido este lunes un fallo por el que apoya unánimemente que el Gobierno pueda vetar que los extranjeros que estén bajo un programa de protección temporal frente a la deportación soliciten la residencia permanente, la tarjeta verde, si han entrado de forma ilegal en el país.
La decisión supone un revés para los inmigrantes amparados por una protección específica al menos hasta que se tramite en el Congreso una vía legal para la concesión de la residencia permanente como ha prometido el presidente Joe Biden.
Hasta ahora el Poder Ejecutivo tenía un cierto margen para autorizar la concesión de residencia permanente, pero la sentencia de este lunes cierra esta vía, por lo que la del Congreso es la única fórmula que queda.
El caso parte de la situación de José Sánchez y Sonia Gonzáles, una pareja de salvadoreños que entraron ilegalmente en Estados Unidos a finales de la década de 1990 tras una serie de terremotos en su país y que tienen cuatro hijos. El más pequeño nació en Estados Unidos y tiene la ciudadanía.
Ambos tienen concedido el estatus de protección temporal que ampara a víctimas de conflictos armados y desastres naturales y en 2014 solicitaron la residencia permanente, pero las autoridades rechazaron la solicitud basándose en que entraron ilegalmente en el país.
Se estima en unos 400.000 los extranjeros con estatus de protección temporal que viven en Estados Unidos de los cuales 85.000 han conseguido la residencia permanente.
