Por Eyanir Chinea y Diego Oré |
CARACAS (Reuters) – La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el martes el inicio de un juicio político contra el presidente Nicolás Maduro bajo acusaciones de quebrar el orden constitucional, intensificando la crisis política en el atribulado país petrolero.
Tras un debate de dos días, el Parlamento, de mayoría opositora, resolvió citar al mandatario a comparecer el martes ante el pleno como parte del procedimiento, detonado por el malestar que generó el retraso de un referéndum revocatorio del mandato de Maduro por parte de la autoridad electoral.
Sin embargo, a diferencia de lo que pasó en Brasil, donde hace dos meses la presidenta Dilma Rousseff fue destituida tras un juicio político, la medida del Congreso podría ser anulada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que determinó en agosto que todas las decisiones del Congreso carecen de validez.
Buscando todos los resquicios legales para acortar el mandato de Maduro, la Asamblea además evaluará la figura de “abandono del cargo”, argumentando que el presidente traicionó los designios para los que fue elegido, como respetar la Constitución, la democracia y buscar el bien común. Esa figura contempla la convocatoria a elecciones.
En una acalorada sesión la Asamblea acordó “iniciar el procedimiento de declaratoria de responsabilidad política del presidente de la República” y su comparecencia “a fin de que exponga sobre su posible responsabilidad por las graves violaciones a la Constitución y los derechos humanos”.
La semana pasada, el Consejo Nacional Electoral (CNE) pospuso hasta nuevo aviso un referéndum revocatorio contra Maduro apoyándose en sentencias de cortes regionales que, según juristas, no tienen potestad para prohibir un derecho constitucional.
Con eso, enterró la posibilidad de que la consulta se celebre antes del 10 de enero de 2017. Si se realiza después de esa fecha, no es necesario celebrar nuevas elecciones y sería el vicepresidente quien concluiría el mandato de Maduro, asegurando la permanencia del chavismo en el poder hasta 2019.
La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) consideró la suspensión de la consulta como una violación a la Constitución y dijo que batallará en tres frentes para restituir el hilo democrático: en la Asamblea, en las calles con masivas manifestaciones y en el ámbito internacional.
La oposición responsabiliza a Maduro por la aguda crisis que atraviesa el país petrolero, con la inflación más alta del mundo, recesión económica, constantes fallos en los servicios públicos y escasez de alimentos y medicinas.
“JUICIO A MADURO ES UN ADEFESIO”
Los parlamentarios oficialistas desestimaron las acusaciones contra Maduro, un ex chofer de autobús de 53 años, asegurando que el pretendido juicio “es un adefesio, un bodrio jurídico”.
“La figura del juicio de responsabilidad política no existe en Venezuela para el Presidente de la República”, dijo Edwin Rojas, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). “Han hecho una copia chimba (de mala calidad) del ‘impeachment'”.
Después de que ayer el enviado personal del papa Francisco anunciara que el diálogo entre el Gobierno y la oposición se había iniciado formalmente y que el domingo, en la isla de Margarita, se llevaría a cabo la primera reunión, varios partidos en la MUD negaron su participación.
Y el martes, los principales líderes de oposición condicionaron el diálogo a la celebración del revocatorio antes de la fecha clave, libertad de los “presos políticos”, ingreso de ayuda humanitaria e independencia de los poderes públicos.
“Cada vez que tienen el agua al cuello hablan de diálogo (…) pero no es para que se resuelva la crisis”, se quejó Henrique Capriles, líder de la oposición, agregando que si las conversaciones no se dan en Caracas, no habrá diálogo alguno.
La oposición ha convocado a “tomar Venezuela” el miércoles en masivas manifestaciones, en un pulso con el oficialismo, cuyos seguidores marchaban el martes en apoyo al mandatario.
