El departamento estadounidense de Seguridad Interior anunció la noche del lunes que pondrá fin a la política de exigir a los buscadores de asilo esperar en México mientras sus solicitudes se resuelvan en la justicia.
El anuncio se dio luego de que un juez levantara una orden judicial que impedía al gobierno de Joe Biden eliminar la política llamada “Permanecer en México”.
Con esa política, adoptada en 2019 por el expresidente Donald Trump, decenas de miles de solicitantes de asilo fueron enviados a México hasta que tuvieran que comparecer ante una corte de Estados Unidos por su audiencia migratoria.
El programa fue considerado cruel y peligroso, al dejar a personas vulnerables en condiciones inseguras en poblados fronterizos.
La política será desfasada “de manera rápida y ordenada”, informó la dependencia estadounidense en un comunicado.
Nadie más será incluido y quienes crucen la frontera para asistir a sus audiencias en la corte no serán devueltos a México, agregó la entidad.
El Protocolo de Protección de Migrantes (PPM), como se denomina oficialmente la política, “tiene fallas endémicas, impone costos humanos injustificados y quita recursos y personal de otras tareas prioritarias para resguardar nuestra fronteras”, agregó el departamento.
Poco después de llegar al poder, Biden intentó suprimir la medida como parte de lo que denominó un abordaje más humano a la migración.
Pero varios estados con gobiernos republicanos, encabezados por Texas, demandaron al gobierno federal, y un tribunal de la capital ordenó reinstaurar la política.
El caso llegó a la Corte Suprema, que determinó el 30 de junio que Biden tiene la autoridad de terminar el programa.
Desde el inicio de la política en enero de 2019 hasta su suspensión inicial, al menos 70.000 personas fueron enviadas a México según el Consejo Estadounidense de Inmigración, una organización sin fines de lucro fundada en 1987 que defiende a los inmigrantes.
El gobierno de Trump argumentó que la política permitiría contener la inmigración ilegal a Estados Unidos.
Durante el mandato de Biden, las autoridades impidieron la entrada de más de 200.000 personas que intentaban ingresar ilegalmente y fueron devueltas, ya sea por el PPM o por otra disposición fronteriza adoptada por la pandemia del coronavirus.
