En su informe anual sobre el estado global de los derechos humanos, el Departamento de Estado destacó que el gobierno del presidente Raúl Castro impide a los cubanos escoger a sus gobernantes, emplea amenazas, agresiones físicas, intimidación y violentas protestas oficialistas contra la disidencia pacífica. Asimismo, que apela al acoso y a las detenciones para prevenir la libre expresión y las reuniones pacíficas.
El reporte, que dedica un capítulo a 199 países y territorios sin compararlos, no menciona que Washington reestableció recientemente relaciones diplomáticas con La Habana tras una ruptura de medio siglo.
El documento identificó como los principales abusos cometidos por el gobierno del mandatario venezolano Nicolás Maduro al uso politizado del poder judicial para debilitar a la Asamblea Nacional, intimidación y acusación penal a los disidentes, frecuentes detenciones arbitrarias de la policía, ejecuciones extrajudiciales, torturas y la censura gubernamental a la prensa y a la libertad de expresión.
En cuanto a Nicaragua, las principales violaciones a los derechos humanos incluyeron restricciones al derecho al voto, políticas sesgadas para garantizarle control al Frente de Liberación Nacional Sandinista, y un creciente acoso a organizaciones de la sociedad civil. También arrestos arbitrarios, maltrato y detenciones preventivas prolongadas.
El informe indicó que las principales violaciones ocurridas en México incluyeron impunidad y corrupción, participación policial y militar en ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones. Asimismo, apuntó que organizaciones criminales mataron, secuestraron, extorsionaron e intimidaron a ciudadanos, inmigrantes, periodistas y defensores de derechos humanos.
Washington mencionó el asesinato de la activista ambiental Berta Cáceres para subrayar la incapacidad de las autoridades hondureñas para proteger activistas amenazados en medio de la “violencia persistente” que azota a esa nación centroamericana debido en parte a disputas por la propiedad de tierras en áreas rurales y a la actividad de pandillas y narcotraficantes.
Destacó además una amplia impunidad debido a la corrupción y a debilidad en el sistema judicial, y el excesivo uso de la fuerza de los órganos de seguridad.
En Colombia, el Departamento de Estado identificó la impunidad, los desplazamientos forzados y la discriminación como los principales abusos, aunque también destacó la ineficiencia del poder judicial para sancionar efectivamente a individuos acusados de violar derechos humanos, incluyendo a funcionarios de alto rango y exparamilitares.
Además destacó que en la nación andina tienen incidencia importante las ejecuciones extrajudiciales, colaboración ilegal de los militares con irregulares, desapariciones forzadas, prisiones hacinadas e inseguras, violencia contra mujeres y niñas, tráfico de personas, trabajo infantil ilegal y asesinatos de defensores de derechos humanos.
The Associated Press solicitó un comentario a las embajadas de Cuba, Colombia, Honduras, México, Nicaragua y Venezuela, sin obtenerlos de inmediato.
Por primera vez en muchos años, el secretario de Estado en funciones no presentó el informe pese a que el senador republicano Marco Rubio pidió la víspera vía Twitter a Rex Tillerson que reconsiderara la decisión.
