EEUU anunció hoy que aplicará desde este jueves las medidas del presidente Donald Trump para congelar la normalización con Cuba, que incluyen prohibir las transacciones con ciertas entidades gubernamentales de la isla, entre ellas muchos hoteles, y limitaciones de viaje para los estadounidenses.
Los departamentos de Estado, Tesoro y Comercio publicaron las nuevas normas, que entrarán en vigor este 9 de noviembre tras su publicación en el Registro Federal para dar cumplimiento al memorando en el que Trump fijó en junio pasado su política hacia Cuba, que paraliza la apertura sin suspender las relaciones diplomáticas.
Estas regulaciones se emiten “en cumplimiento de la ley estadounidense”, incluido el embargo económico a la isla y la prohibición del turismo, y buscan “una mayor libertad política y económica para el pueblo cubano”, explicó bajo anonimato en una conferencia telefónica un alto funcionario de la Casa Blanca.
Cualquier avance en la relación bilateral “dependerá enteramente de la voluntad del Gobierno” del presidente Raúl Castro de mejorar las vidas de los cubanos, advirtió el funcionario al acusar al expresidente Barack Obama de “ignorar” los abusos contra los derechos humanos cometidos en la isla.
Como ya adelantó Trump en un discurso en junio en Miami en el que anunció los cambios en la política hacia la isla, a partir de ahora estarán prohibidas, excepto para los cruceros y aerolíneas estadounidenses, las transacciones con entidades controladas por los servicios militares, de inteligencia y de seguridad de Cuba.
La lista de esas 180 entidades, publicada por el Departamento de Estado, incluye al conglomerado empresarial del Ejército, el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), del que se calcula que controla alrededor de dos tercios del comercio minorista de la isla, y al grupo de turismo Gaviota.
Decenas de hoteles y tiendas en La Habana y otros enclaves turísticos como Varadero están también en la lista, al igual que la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM), proyecto estrella de Cuba para captar inversiones que consta de un puerto mercante, terminal de contenedores y un gran centro empresarial con ventajas fiscales.
Para evitar un “impacto negativo” en las empresas estadounidenses, podrán seguir adelante los contratos cerrados antes de la publicación de estas nuevas normas, como el reciente de la puertorriqueña Rimco, distribuidora oficial de Caterpillar en el Caribe, para instalarse en la ZEDM.
Por otro lado, el Gobierno de Trump ha decidido “simplificar y expandir” la lista de exportaciones permitidas al sector privado cubano sin necesidad de solicitar un permiso especial.
En cuanto a los viajes individuales de estadounidenses a la isla, englobados en la categoría llamada “pueblo a pueblo”, aquellos que no tengan “carácter académico” ya no estarán autorizados.
No obstante, el viaje se podrá realizar si el interesado compró el billete de avión o hizo su reserva de alojamiento antes del pasado 16 de junio, fecha en la que Trump anunció la nueva política hacia Cuba.
Todos esos viajes “pueblo a pueblo” y con fines educativos tendrán que hacerse ahora en grupo y con la compañía de un representante autorizado de la organización estadounidense que los patrocine.
Con respecto a la categoría de “viajes de apoyo al pueblo cubano”, EEUU exigirá a partir de ahora que los interesados participen “en un programa de actividades de tiempo completo que impliquen una interacción genuina con individuos” en la isla.
Alojarse en una “casa particular”, comer en una “paladar” (restaurante privado) o comprar en tiendas de “cuentapropistas” (pequeños empresarios) siguen siendo acciones que EEUU anima a realizar, pero ya “no es suficiente” para justificar un viaje dentro de esa categoría, según matizó otro funcionario en la conferencia telefónica.
Trump prometió durante su campaña electoral endurecer la política hacia Cuba y, aunque no ha llegado a cortar las relaciones diplomáticas, retomadas bajo el mandato de Obama, sí ha dejado claro que apoya mantener el embargo económico impuesto hace más de medio siglo a la isla.
Las relaciones se han tensado todavía más a raíz de los supuestos ataques acústicos que, según Washington, han causado síntomas físicos a 24 diplomáticos estadounidenses destinados en La Habana, mientras Cuba acusa a EEUU de mentir al respecto.
A causa de esos supuestos ataques, el Departamento de Estado ha retirado a más de la mitad de su personal en La Habana, expulsado a dos tercios de los funcionarios de la embajada cubana en Washington y recomendado a los estadounidenses que no viajen a Cuba.
Sin embargo, las nuevas normas sobre viajes y comercio anunciadas hoy “no tienen nada que ver” con esos incidentes, aclaró bajo anonimato un alto funcionario del Departamento de Estado.