WASHINGTON (AP) — Millones de personas que viven sin autorización en Estados Unidos podrían ser deportadas, incluyendo personas que simplemente fueron arrestados por violaciones de tránsito, de acuerdo con una redefinición radical de las prioridades en la aplicación de las leyes migratorias, anunciadas el martes por el gobierno del presidente Donald Trump.
Cualquier inmigrante que vive en el país de manera ilegal y está acusado o ha sido hallado culpable de cualquier delito, incluso gente que no pasó de ser sospechosa, ahora será una prioridad de las autoridades migratorias del orden, de acuerdo con memorandos del Departamento de Seguridad Nacional firmados por el secretario John Kelly. Eso podría incluir personas que han sido arrestadas por robo de artículos en tiendas o por otros delitos menores, o simplemente por haber cruzado la frontera sin permiso.
Los memorandos eliminan directrices mucho más limitadas establecidas por el gobierno de Barack Obama y que se enfocaban estrictamente en inmigrantes hallados culpables de delitos graves, que representaban una amenaza a la seguridad nacional o que habían cruzado la frontera recientemente.
De acuerdo con directrices del gobierno de Obama, se dejaba en paz a los inmigrantes que en su historial sólo tenían vivir sin autorización en Estados Unidos. Esos inmigrantes caen en dos categorías: los que cruzaron la frontera sin permiso y los que llegaron con visa y se quedaron cuando ésta venció.
Cruzar la frontera ilegalmente es un delito grave, y los nuevos memorandos ponen en claro que aquellos que ha cometido este delito serán agregados a la lista de prioridades de agencias migratorias del orden.
Quedarse en el país después de que una visa vence es un delito civil, no uno grave. Quienes llegaron con visa y se quedaron no están incluidos específicamente en la lista de prioridades, pero según los documentos, están más propensos que antes a ser deportados.
Las nuevas directrices son el último esfuerzo de Trump para cumplir con sus promesas de campaña, para aplicar las leyes de inmigración de manera estricta. También ha prometido construir un muro en la frontera mexicana – e insiste que México eventualmente pagará por la construcción – y los memorandos de Kelly reiteran los llamados para que Seguridad Nacional comience a planificar por los costos y la construcción.
Las órdenes de inmigración previas que dio Trump, que restringían el ingreso al país a todas las personas de siete países de mayoría musulmana, han sido apeladas en corte y criticadas de manera amplia. Una corte federal de apelaciones ha avalado la suspensión temporal de las órdenes
Los memorandos de Kelly también describen planes para aplicar una antigua pero desconocida cláusula de la Ley sobre Inmigración y Nacionalidad en Estados Unidos, que permite al gobierno deportar a México a inmigrantes detenidos cruzando la frontera independientemente de su nacionalidad. Uno de los documentos dice que los inmigrantes deportados a México tendrían que esperar a que el proceso de deportación se cierre. Esto se aplicaría con la gente que se cree no volvería a cruzar la frontera de nuevo, indica el documento.
Lo más probable es que esta cláusula sea cuestionada por defensores de los derechos civiles y funcionarios en México, y no está claro si es que Estados Unidos tiene la autoridad para obligar a México a aceptar extranjeros. Pero el morando también pide a Seguridad Nacional que rinda un informe sobre la ayuda estadounidense a México, posible señal de que Trump planea usar esos fondos para que México acepte extranjeros.
Históricamente, el gobierno ha podido repatriar rápidamente a mexicanos detenidos en la frontera pero ha detenido a inmigrantes de otros países mientras sus casos de deportación sigan pendientes, lo cual podría tomar años.
El nuevo embajador de México en Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez, describió los cambios en la política como algo muy serio.
Durante una audiencia el martes con senadores mexicanos, el diplomático dijo que obviamente, esos cambios preocupan a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al gobierno mexicano y a todos los mexicanos.
Los memorandos no cambian las leyes estadounidenses de inmigración, pero hacen más estricta su aplicación.
Un ejemplo atañe la utilización más amplia de un programa que agiliza las deportaciones. Ahora se aplicará a inmigrantes que no puedan mostrar que han permanecido en Estados Unidos más de dos años. Se desconoce el número de inmigrantes que podrían ser afectados.
Desde al menos 2002, las deportaciones expeditas, que no necesitan orden de un juez, se han aplicado a inmigrantes detenidos a menos de 160 kilómetros (100 millas) de distancia de la frontera y si fueron capturados dos semanas después de que cruzaron sin permiso.
El gobierno también tiene previsto ampliar la capacidad de las prisiones. Seguridad Nacional cuenta con recursos y espacio para tener encarcelados a 34.000 inmigrantes. Se desconoce cuánto costará la ampliación pero el Congreso tendría que aprobar cualquier gasto nuevo.
La Unión Americana de Libertades de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) dijo que podría impugnar las directivas en tribunales.
“Estos memorandos confirman que el gobierno de Trump está dispuesto a pisotear el debido proceso, la dignidad humana, el bienestar de nuestras comunidades e incluso las protecciones para los niños vulnerables, en aras de aplicar una política híper-agresiva de deportaciones multitudinarias”, dijo Omar Jadwat, director del Proyecto Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.
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