La representante estadounidense ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, anunció que EE.UU. decidió retirarse del Pacto Mundial de la ONU sobre protección de migrantes y refugiados por considerar que la política migratoria del país debe estar en manos “sólo” de los estadounidenses.
“Estados Unidos está orgulloso de su herencia migratoria y de nuestro duradero liderazgo moral al dar apoyo a los migrantes y a los refugiados en todo el mundo… Pero nuestras decisiones en política migratoria deben ser tomadas siempre por estadounidenses y sólo por estadounidenses”, señaló Haley en su cuenta de Twitter.
Estados Unidos se unió al pacto en 2016, bajo el mandato del expresidente Barack Obama (2009-2017), al firmar la Declaración de Nueva York sobre migración.
Sin embargo, el actual presidente, Donald Trump, considera que “numerosos puntos” de este documento “son contrarios” a la políticas sobre migración y refugiados, señaló la misión estadounidense ante la ONU en un comunicado.
Por este motivo el presidente Trump, se señala en el comunicado, “ha decidido” retirarse de un acuerdo con el que se aspiraba a alcanzar un consenso unánime en el organismo internacional el próximo año.
El secretario del Departamento de Estado, Rex Tillerson, respaldó hoy la medida anunciada por la Misión de Estados Unidos en la ONU al señalar que la primera obligación de un estado soberano es “asegurar que la migración es segura, ordenada y legal”.
“Simplemente no podemos apoyar de buena fe un proceso que socava el derecho de soberanía de Estados Unidos a reforzar nuestras leyes migratorias y garantizar la seguridad de nuestras fronteras”, explicó Tillerson a través de un comunicado oficial.
El control fronterizo ha estado marcado en rojo en la agenda del actual presidente desde la campaña electoral y desde que ocupa la Casa Blanca ha intentado hasta en tres ocasiones implementar un veto migratorio, cuya primera versión fue proclamada el 27 de enero.
Después de un gran caos en los aeropuertos y numerosos reveses judiciales, Trump proclamó en marzo su segunda iniciativa contra refugiados y países de mayoría musulmana, que entró en vigor en marzo y que fue sustituida por un tercer veto, proclamado en septiembre y que restringe el ingreso de ciudadanos de Corea del Norte y de funcionarios de Venezuela.
