Santiago, R.D.- Luego de que el gobierno suspendiera el subsidio a los empresarios del transporte creando una especie de nebuloso dando al traste de protestas, empresarios de la Región del Cibao aprueban la medida y tras la “vorágine”, el director del periódico La Información que este 16 de noviembre cumplirá 101 dice que la medida es injusta y arbitraria, porque el Estado mantiene ayuda a sectores privilegiados con de 60 mil millones de pesos y usuarios consideran que debió quitarse hace tiempos.
La cúpula compuesta por Carlos Fondeur, Presidente del Consejo de Desarrollo Estratégico de Santiago; Sandy Filpo, de la Asociación de Comerciantes e Industriales-ACIS-; Saúl Abreu, Director Ejecutivo de la Asociación para el Desarrollo y Carlos Lora, expresidente de la Asociación de Empresarios del Centro Histórico, califican de correcta la disposición por entender se ajusta a la realidad que vive el país.
En su opinión respaldan a la decisión del Gobierno y del Presidente Danilo Medina de eliminar el subsidio a combustibles otorgado al sector del transporte por entender que los recursos que se destinaban a “regalar combustibles a los transportistas debe ser usado a favor de sectores menos pudientes.
Como escalafón, los empresarios Carlos Fondeur y Sandy Filpo, estimaron que la medida es correcta, oportuna, ya que el gobierno está interesado en continuar eficientizando sus políticas económicas y continuar siendo eficiente en materia de sus ingresos y egresos.
Insistieron la medida es correcta ya que en el caso de los combustibles existía una especie de “mafia” que representa competencia desleal y distorsionaba aspectos de la economía.
Y los empresarios Carlos Lora y Saúl Abreu dicen que la medida presidencial de justa en estos momentos que vive el país, al entender que no es justo ni razonable que transportistas reciban subsidios de parte del Estado e insistieron en esa medida se ajusta a la realidad que vive el país y el gobierno.
Mientras que el director del periódico La Información, el sociólogo Enmanuel Castillo, en su editorial cree que la decisión del Gobierno que elimina el subsidio a los transportistas es discriminatoria y arbitraria, porque lacera a un sector de origen popular, y que el Estado mantiene las subvenciones por más de 60 mil millones de pesos a grupos de poder y privilegiados.
Castillo tilda de inaceptable e injusto castigar a los sectores más frágiles y favorecer a los poderosos, porque de ese modo se lesiona la democracia, el bienestar colectivo y esa acción que expresa una injusticia social.
El especialista en la ciencia social que se encarga del análisis científico de la estructura y funcionamiento de la sociedad humana y la población entiende que si con la eliminación del subsidio a los transportistas el Gobierno busca recaudar entre tres mil 500 y cuatro mil millones de pesos que maneja ese sector, debe sancionar a compañías multinacionales, grandes empresas las favorece con la friolera de 60 mil millones de pesos por concepto de suministro de combustibles.
Para el director del diario segundo más viejo del país, resulta indignante que las multinacionales Barrick Gold, Falcondo y ODEBRECHT, así como connotadas empresas del país sean favorecidas con exenciones multimillonarias en materia de energía eléctrica, carburantes y liberación de impuestos, las cuales obtienen sobreganancias particulares, que perjudican a los trabajadores y al pueblo en general, a ellas, también se le debe quitar esos beneficios.
Para el editorialista es improcedente, entonces, sancionar a choferes que brindan un servicio público usado por los grupos de menos ingresos, situación que implicará un gasto adicional en la debilitada carpeta económica de los pobres, en razón de que se aumentarán las tarifas del transporte de pasajeros y de cargas.
Opina que cierto, quienes dirigen a los sindicatos, centrales y federaciones choferiles están en la obligación de reorientar la utilidad del subsidio, puesto que en algunos casos se ha distorsionado el objetivo de ese programa de carácter social.
Entiende de oportuno sustentar el sistema político democrático en la equidad e igualdad o de lo contrario llegará un momento donde se aplicará la sentencia popular que reza: “O jugamos todos o se rompen las barajas”.
Las experiencias, vivencias y la sabiduría en nuestra ruralidad nos enseñan que es más fácil “Tirarles piedras a los más chiquitos” y mucho más cómodo “Coger los mangos bajitos”, concluye para llamar las partes envueltas abocarse a un diálogo franco y sincero.
A su juicio, urge un diálogo entre el Gobierno y representantes del sector productivo nacional, a fin de consensuar políticas que garanticen la tranquilidad social y la estabilidad económica.
Estableciendo de que es preciso que las autoridades gubernamentales se reúnan con empresarios e importadores en busca de superar conflictos generados por las cargas impositivas, en especial la decisión de aplicar por anticipado un 50% al ITBIS a las importaciones de materias primas e insumos.
De igual modo, los funcionarios del sector financiero y económico deben evaluar con el empresariado la crisis del dólar, ya que la escasez de la moneda estadounidense trastorna la producción, el comercio y otras actividades productivas.
Hay un ambiente de incertidumbre, el cual intranquiliza a la sociedad, por tanto, se impone una conversación sincera en procura del entendimiento, porque en este momento hay una confrontación que amenaza la paz.
