El 15 de noviembre del 2020 acabó la presidencia de Manuel Merino tras que en el día anterior 2 personas fueron asesinadas por la policía en Lima. Muchos esperaban que Dina Boluarte iba a seguir el mismo camino cuando para la noche del domingo 29 se anunció repentinamente que ella iba a dar un mensaje a la nación.
Además de los 2 muertos en Lima, hay una relación de 70 manifestantes reprimidos fallecidos. A eso se le suman otras pérdidas humanas: 1 policía y 13 ligadas a bloqueos. A esas 84 bajas también se le podrían sumar 24 como producto de la caída de un bus de pasajeros a un precipicio en Piura, pues la empresa que les transportaba solo operaba rutas hacia Ucayali y fue permitida de cambiar completamente sus viajes a caminos poco conocidos para sus choferes, lo que produjo tantas fatalidades.
Aunque no se habla de casi 110 muertos producidos directa o indirectamente por Boluarte o solo se reconozca la mitad, como lo hacen otras entidades estatales, este Gobierno es el primero de corte civil en la historia peruana que tiene más muertos que días de Gobierno. Y los entierros se vienen dando en 11 de los 24 departamentos.
Horas antes de dar su mensaje, la encuestadora más seria del país (IEP) publicaba que el índice de desaprobación de Boluarte subía del 71% al 76%, mientras que solo el 7% respalda a este Congreso (uno de los más populares del mundo o que haya tenido el Perú). Desde que se emplean sondeos de opinión pública en Perú, jamás una presidencia antes de cumplir su octava semana había contado con el rechazo de más de 3 de cada 4 encuestados.
¿Cómo es posible que la presidencia más impopular y que más protestas genera no se atreva a renunciar?
No solo que ha decidido aferrarse al cargo, sino que ahora, ni siquiera, ha pedido disculpas por la represión. Ese mismo domingo ella había dado una entrevista al diario más leído donde se exoneraba de toda culpa por cualquiera de las muertes.
En vez de expresar sus sentimientos antes los familiares y amistades de los asesinados y los heridos, ella salió a presentar a la policía represora como víctima.
A fin de salvarse el pellejo, ella ha propuesto 2 cosas: que las elecciones se den a fines del 2023, para que ella siga en la presidencia hasta el último día del año, y que no se dé paso a una nueva asamblea constituyente, pues se le propondría al nuevo congreso que mantenga reformando a la fuji-constitución de 1993.
Una persona que ha ordenado tantas ejecuciones extrajudiciales, que ha lanzado la peor represión antipopular de este milenio y que es la persona más impopular e ilegítima que ha gobernado al país desde el establecimiento del sufragio universal en 1980, no puede garantizar elecciones transparentes ni calmar el descontento social.
Su sola permanencia en palacio es una provocación para las amplias mayorías que demandan su renuncia.
La ultraderecha, que antes buscaba sacar a Pedro Castillo por cualquier cosa, ahora se olvida que a Boluarte la acusaron de comunista, inepta y corrupta. Este Gobierno, además, ha demostrado ser más improvisado y mucho más rechazado que el anterior.
Boluarte fue electa prometiendo una asamblea constituyente plurinacional con representantes de las organizaciones populares y naciones originarias, lo que implica un ente electo exclusivamente para reorganizar al país y elaborar una nueva carta magna. Lo que se necesita es una lo más democrática y participativa posible.
Ahora, ella se compromete a preservar la constitución de la dictadura aprobada en 1993 en un referéndum con trampa y represión en el cual la mayoría de los votantes no le respaldaron. Encima, esta va a ser modificada en una comisión del nuevo Congreso (tal y cuál ha sido lo que Patricia Juárez y Nano Guerra han querido hacer como fujimoristas presidentes de las 2 comisiones constitucionales que ha tenido este parlamento).
Esta última posición, así como el calendario para adelantar las elecciones generales, ha sido una propuesta de Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular.
Lo que corresponde es que Boluarte salga de palacio. Si ella no quiere renunciar, el Congreso la debe vacar. Mientras eso no pase, la convulsión social difícilmente va a parar.
Isaac Bigio. Politólogo economista e historiador con grados y postgrados en la London School of Economics.
