El primer mandato del PLD, 1996-2000, que encabezó Leonel Fernández, se caracterizó por los escándalos de corrupción, desde la creación de la Fundación Global, Democracia y Desarrollo (Global), pasando por el Programa Mínimo de Empleo (Peme) donde se malversaron miles de millones de pesos. No hubo durante ese mandato, una obra que no fuera sobrevaluada, como comprobaron los estudios realizados por empresas internacionales.
El escándalo de la Sun Land durante el segundo mandato de los que “llegaron en chancletas y salieron en yeepetas”, involucraba 130 millones de dólares, mediante un préstamo ilegal que terminó en los tribunales. Pero a pesar de comprobarse su “lado oscuro” y del “crespón negro” de la Suprema Corte de Justicia, los imputados no terminaron en la cárcel.
Aun cuando los expedientes han estado bien documentados, abogados, fiscales y jueces, apoyados por una buena parte de la prensa, han rechazarlo con un “no ha lugar” o cualquier otro artificio jurídico, los intentos por llevar a la cárcel los corruptos.
Participación Ciudadana, el organismo que más seguimiento ha dado al tema de la corrupción ha presentado decenas de casos sin que las autoridades hayan actuado consecuentemente. Si enumerara todas las denuncias de corrupción, incluyendo la de los sobornos de los Tucanos, 3.5 millones de dólares y los de Odebrecht, 92 millones, tendría que hacer una enciclopedia con tantos tomos como la Británica.
Comprobado está que la Justicia, igual que el Congreso y demás órganos reguladores del Estado están en manos del Partido de la Liberación Dominicana, que actúa como un Cartel o Corporación Empresarial, no como partido político que supone debe servir al pueblo, no servirse de la miseria del pueblo para el enriquecimiento de sus principales dirigentes como ha sucedido por espacio de casi 20 años.
El “látigo” para castigar a los corruptos de Danilo Medina, es de seda. Su promesa de actuar contra ese mal hasta “por el rumor público”, se desvaneció. La corrupción durante su gestión lejos de disminuir ha aumentado como lo establecen los estudios y lo percibe la gente en las encuestas.
El escándalo de corrupción más grande que registra nuestra historia es el de Odebrecht, la empresa brasileña que financiaba campañas electorales para luego obtener los contratos de las obras más importantes de los países donde actuaba. En la República Dominicana Odebrecht envió a su estratega Joao Santana, jefe de las dos campañas electorales que “ganó” Medina, quien incluso le hizo un reconocimiento público. Joao Santana y su esposa están presos en Brasil al igual que los principales ejecutivos de la multinacional. (¿?)
La documentación que nos llega desde Brasil, Estados Unidos, Panamá, Perú y Ecuador es reveladora del intrincado corrupto que financiaba Odebrecht. Más de 92 millones de dólares (cerca de 4 mil 500 millones de pesos) pagó en soborno, aún no sabemos a quienes, pero lo sospechamos. Es fácil deducirlo. Pero eso no es todo. Lo peor, lo que quizás no sepamos nunca, es el nivel de las sobrevaluaciones de las obras contratadas y construidas. Los expertos dicen que solo en las plantas de Bani supera los mil millones de dólares (más de 50 mil millones de pesos. ¡Demonios!)
Las evidencias no mienten. Las pruebas no pueden ser falsificadas. Aunque “los corruptos no dejan huellas”, como dijera Lidio Cadet, solo hay que “seguir el dinero” que en esos tiempos de globalización es imposible ocultar, sobre todo cuando se trata de sumas tan cuantiosas.
Si en nuestro país las leyes se aplicaran, si la Constitución se cumpliera, si el Ministerio Público fuera independiente, si los jueces fueran jueces, no lacayos y se investigara seriamente el caso de Odebrecht, habría que adelantar las elecciones y elegir nuevas autoridades. ¡Se lo digo yo! Pero me temo que no será así, a menos, por supuesto, que el pueblo se empodere y luche con todas sus fuerzas contra la corrupción y la impunidad. Solo así terminará la impunidad. ¡Solo así!
