Por ALBA TOBELLA |
BOGOTÁ, Colombia (AP) — Después de 52 años de guerra, cuatro de negociaciones y una derrota en un referendo, el Congreso de Colombia alcanzó el miércoles —sin el apoyo de la oposición— un acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC que da inicio al desarme de la guerrilla y su paso a la política.
El texto de 310 páginas, firmado por las partes el 24 de noviembre en Bogotá, fue aprobado por unanimidad, y sin los votos de sus detractores, en una plenaria que se extendió durante dos largas jornadas: el martes en el Senado y el miércoles en la Cámara de Representantes.
Los representantes del “No”, que consiguieron detener el documento anterior con una victoria en el plebiscito del 2 de octubre, se levantaron de sus curules tras la discusión y estuvieron ausentes durante el voto.
El nuevo acuerdo incluye propuestas de este grupo encabezado por el expresidente Álvaro Uribe, pero deja intactas las cuestiones que los opositores consideraban determinantes: no contempla cárcel para los guerrilleros y les permite participar en política.
Los acuerdos “necesitan de un balance entre paz y justicia, pero en este hay impunidad total”, dijo el martes Uribe en una comparecencia de 40 minutos, en la que consideró que el refrendo del acuerdo por parte del Congreso sustituye al “mandato popular”.
El presidente Juan Manuel Santos, que dio por cerradas las negociaciones el 12 de noviembre y presentó a la oposición el texto modificado y cerrado, dijo que en cinco días empezará el traslado de los 8.000 rebeldes a áreas de desarme supervisadas por las Naciones Unidas.
“Mañana comienza el Día D … En cinco días comienza el traslado de todos los miembros de las FARC a las zonas veredales de transición”, afirmó en un acto militar en Bogotá.
Sin embargo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia aseguran que, mientras no se apruebe la liberación de sus presos, no van a desmovilizarse a esas zonas, que también cuentan con presencia de la guerrilla y el ejército para verificar el cese al fuego.
“El día D inicia después de que se ejecuten las primeras acciones… refrendarse el acuerdo y las primeras leyes de indulto y amnistía”, dijo días atrás a medios Pastor Alape, miembro del secretariado nacional de la guerrilla más antigua de América Latina, que acusó al gobierno de “confundir” a la ciudadanía.
Esa discusión es la primera en la agenda de la implementación de los acuerdos, que se realizará también a través del Congreso y punto a punto.
El proceso de desarme durará, según los acuerdos, seis meses.
Las FARC temen por su vida después de dejar las armas y exigen al gobierno que las proteja de una violencia histórica en zonas rurales con presencia mínima del Estado. Muchos de sus integrantes temen todavía que se repita la masacre que sufrió en la década de 1980 la Unión Patriótica, partido formado por guerrilleros desmovilizados.
En lo que va del año 70 líderes campesinos y defensores de los derechos humanos han sido asesinados a manos de grupos de extrema derecha o contrarios al proceso, según la organización no gubernamental Somos Defensores.
El Ejército de Liberación Nacional, segundo grupo rebelde del país, aplazó el jueves hasta el 10 de enero unos diálogos con el gobierno para determinar cuándo empezará a debatir la nueva mesa. Las partes llevan meses tratando de poner en marcha una mesa de diálogos de paz, pero no logran echarla a andar porque la guerrilla se resiste a liberar a un hombre que tiene secuestrado.
