La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue condenada este martes a 6 años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos al terminar un juicio que duró tres años y medio y que estuvo rodeado de escándalos y denuncias de parcialidad.
El Tribunal Oral Federal número 2, conformado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, encontró a la expresidenta culpable del delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.
Sin embargo, la absolvieron del delito de asociación ilícita que le habían imputado los fiscales de la causa, y cuya pena máxima era de 12 años de cárcel.
De esta forma concluyó un proceso en el que hubo 13 imputados, quienes fueron condenados a penas de entre tres y seis años de prisión, y en el que participaron más de 100 testigos.
El fallo es histórico porque es la primera vez que un personaje político con un cargo tan alto es condenado en ejercicio de sus funciones. Antes fueron sentenciados los expresidentes Carlos Menem y Fernando de la Rúa y el exvicepresidente Amado Boudou, pero ya no ocupaban sus puestos.
La trascendencia del caso se debe, también, a que Fernández de Kirchner es la figura política más importante del país sudamericano desde que en 2007 se colocó por primera vez la banda presidencial.
La expresidenta estaba acusada de haber encabezado una asociación ilícita que, durante sus dos gobiernos (2007-2015) y el de su fallecido esposo y antecesor, Néstor Kirchner (2003-2007), direccionó millonarios fondos de obras públicas en favor del empresario Lázaro Báez, quien era amigo y socio de la pareja.
En su alegato, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron que la vicepresidenta de la nación recibiera una pena de 12 años de prisión, inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos y decomiso de sus bienes.
Desde el principio del juicio, Fernández de Kirchner aseguró que la condena estaba escrita de antemano porque formaba parte del “lawfare” (persecución judicial) que se ha llevado a cabo en su contra desde que en 2015 terminó su segunda presidencia y que tiene como único fin proscribirla.
“(El tribunal) es un pelotón de fusilamiento”, acusó la expresidenta la semana pasada durante su última intervención.
El caso
La expresidenta protagonizó lo que se denominó como la ‘Causa Vialidad’, ya que se originó en una auditoría realizada por la Dirección Nacional de Vialidad en 2016, ya bajo el Gobierno de su sucesor, Mauricio Macri, y que investigó 51 contratos de obras públicas que obtuvo el empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz, ubicada en el extremo sur del país, y que ha sido el feudo político de la familia Kirchner.
Néstor Kirchner, gobernó esa provincia de 1991 a 2003, año en el que se convirtió en presidente. Desde entonces, Báez, uno de sus amigos más cercanos, comenzó a obtener licitaciones que lo enriquecieron. En total, se quedó con el 78,5 % de los contratos de obras viales. A pesar de que cobró, dejó inconclusas más de la mitad. Hoy está condenado en otras causas por corrupción.
El juicio comenzó en mayo de 2019 con un total de 13 acusados que recibieron pedidos de penas de entre dos y 12 años de prisión.
Además de Fernández de Kirchner, fueron juzgados el empresario Lázaro Báez, el exministro de Planificación Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López y el exdirector de Vialidad Nacional Néstor Periotti, quienes fueron acusados de haber formado parte de la “asociación ilícita”.
A ellos se sumaron, con cargos menores, el ex subsecretario de Obra Pública Abel Claudio Fatala, los exjefes de la Dirección Nacional de Vialidad Raúl Osvaldo Daruich y Mauricio Collareda, los exdirectores generales de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi, José Raúl Santibáñez y Héctor René Jesús Garro y el exsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner.
Polémicas
La fractura que desde hace 15 años provoca la figura de Fernández de Kirchner en la sociedad argentina quedó de nuevo en evidencia a lo largo del juicio.
Mientras la oposición partidaria y mediática dio por probadas las acusaciones y celebró por anticipado la condena, sus seguidores la exculparon y aseguraron que el proceso, en realidad, solo se trató de una venganza.
Las controversias fueron permanentes en estos tres años y medio y se intensificaron en los últimos meses.
El 1 de agosto, el fiscal Diego Luciani adquirió notoriedad con un duro e histriónico alegato en el que acusó a la expresidenta y a su fallecido esposo y antecesor, Néstor Kirchner, de haber creado “una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país”.
Días más tarde, se descubrieron fotos en las que Luciani y Rodrigo Giménez de Uriburu, uno de los jueces del tribunal que juzgaba a Fernández de Kirchner, jugaban juntos al futbol en las canchas de la casa de campo del expresidente Mauricio Macri. “El poder Judicial apesta”, condenó la vicepresidenta.
Luego vinieron marchas y actos en favor de Fernández de Kirchner, más crispación social, hasta que el 1 de septiembre el juicio quedó envuelto por completo en la conmoción que generó el atentado que sufrió la vicepresidenta y que ella adjudicó a la campaña de odio generada por sus opositores.
La tensión política que siempre envolvió al proceso se incrementó todavía más el pasado fin de semana, luego de que se filtraran chats que mantuvieron jueces, funcionarios y empresarios de medios en los que supuestamente manipulan las evidencias de un lujoso viaje que realizaron juntos a la Patagonia, con todos los gastos pagados por el Grupo Clarín (el multimedios más importante del país y máximo enemigo del kirchnerismo).
Uno de los viajeros es el juez Julián Ercolini, quien fue instructor de la causa contra Fernández de Kirchner, es decir, quien reunió los supuestos elementos de prueba y los consideró suficientes para que la investigación llegara a juicio oral y público.
Escenarios
Más allá de la condena, no hay ninguna posibilidad de que Fernández de Kirchner vaya presa.
Primero, porque gracias a su cargo como vicepresidenta cuenta con fueros. Por ello, antes debería enfrentar un juicio político para ser destituida del cargo para el que fue elegida y cuyo mandato vence el 10 de diciembre de 2023.
Además, sus abogados apelarán cualquier sentencia de culpabilidad, por lo que el fallo deberá pasar para su análisis a la Cámara de Casación Penal. La última etapa se dirimirá en la Corte Suprema de Justicia, pero es un proceso que puede demorar varios años.
Otro motivo por el que la expresidenta no podría ser detenida de inmediato es que cumplirá 70 años en febrero próximo y la ley le otorga el beneficio de la prisión domiciliaria a cualquier condenado a partir de esa edad.
Mientras la sentencia no quede firme, Fernández de Kirchner tampoco tendrá que sujetarse a la inhabilitación. Es decir que, si lo desea, se podrá postular a cualquier cargo público en las elecciones generales del próximo año.
