El Gobierno prepara un nuevo mandato ejecutivo para revertir un requisito impulsado por el expresidente Barack Obama que obligaba a muchos empleadores a proporcionar cobertura para el control de la natalidad en los planes de seguro de salud de sus empleadas sin considerar su fe religiosa.
La Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca informó hoy en su sitio web que está revisando una “regla final provisional” para relajar ese requisito, un procedimiento legal que suele preceder a la emisión de la norma final por parte de la Administración.
El mandato para la cobertura gratuita de anticonceptivos fue una de las políticas de la Administración de Obama más disputadas que se adoptaron bajo la Ley del Cuidado de Salud Asequible, y que generó decenas de demandas por empleadores que alegaron objeciones religiosas.
Trump ya mostró un cambio de rumbo el 4 de mayo, cuando emitió una orden ejecutiva encargando a tres departamentos del gabinete que consideraran una reglamentación nueva para “abordar las objeciones de conciencia del mandato de cuidado preventivo”.
“El enfermizo plan del presidente Trump de revertir el acceso de las mujeres a la anticoncepción negaría a millones de mujeres el acceso a una atención médica básica y preventiva”, denunció hoy la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en un comunicado.
“El proyecto de regla anunciado hoy intenta arrancar el control de las mujeres sobre sus propias decisiones de salud privadas y ponerlo en manos de los empleadores y los políticos”, agregó Pelosi.
La demócrata insistió en que “desde el momento en que el presidente Trump entró en el Despacho Oval, ha lanzado una campaña contra las mujeres, (…) para dirigir los esfuerzos federales de planificación familiar y restablecer una regla global que niega a millones de mujeres vulnerables el acceso a servicios de salud en todo el mundo”.
Pelosi se refería al restablecimiento de la norma conocida como “política de Ciudad de México”, la cual prohíbe al Gobierno federal asistir a asociaciones en el extranjero que ayuden en el acceso al aborto.
Reinstaurada por Trump apenas tres días después de tomar posesión de su cargo en enero pasado, después de que hubiera sido revocada por Obama, el multimillonario amplió su alcance obligando a que ninguna organización que reciba dinero estadounidense pueda promover o abordar servicios abortivos.
Es decir, una clínica que reciba asistencia estadounidense para el alivio del VIH o el zika perderá todo ese dinero si proporciona información a las mujeres embarazadas acerca del aborto.
“Desafortunadamente, en vez de hacer frente al presidente, los republicanos de la Cámara están llevando a cabo su propia guerra contra las mujeres”, remachó la demócrata en referencia también a la propuesta legislativa planteada por los republicanos para sustituir la ley sanitaria actual.
