El Gobierno de Estados Unidos ha planteado un nuevo plan de creación de empleo e infraestructuras de dos billones de dólares (1,7 billones de euros) a diez años con el objetivo de “revitalizar” los puestos de trabajo del sector manufacturero y competir más directamente con China, según ha anunciado la Casa Blanca este miércoles.
La presidencia de Joe Biden ha asegurado que el abultado coste de este plan de inversión se pagará durante los próximos 15 años gracias a una serie de subidas de impuestos a la empresa y eliminación de exenciones y bonificaciones fiscales. Si el plan se aprueba en su totalidad, los nuevos ingresos pasados esos 15 primeros años reducirán “de forma continua” los déficits presupuestarios.
La medida estrella del nuevo Gobierno estadounidense es elevar el Impuesto sobre Sociedades del 21% actual al 28%. El incremento supondría recuperar parte del descenso que aprobó el anterior presidente estadounidense, Donald Trump, cuando desde 2018 rebajó este gravamen. Desde 1993, el impuesto sobre sociedades había estado situado en el 35%.
Si no se tiene en cuenta la rebaja de Donald Trump, un tipo impositivo del 28% seguiría siendo la cifra más baja para esta figura desde 1940, cuando era del 24%. En 1968 se estableció el mayor tipo del impuesto de sociedades de la historia de Estados Unidos. El presidente en ese momento, Lyndon B. Johnson, aprobó un alza de cinco puntos porcentuales para financiar la guerra de Vietnam y su paquete de programas sociales conocido como ‘Gran Sociedad’.
Además, este plan también eliminará los incentivos fiscales para retornos de inversiones en el extranjero. También se eliminarán las deducciones fiscales en la repatriación de beneficios desde Estados Unidos a empresas localizadas en países que no hayan entrado en el acuerdo global sobre un tipo mínimo efectivo en el impuesto sobre sociedades.
Entre las inversiones que tiene previsto acometer la Administración Biden se encuentran la reparación de autopistas, puentes, puertos y aeropuertos, la mejora en las redes eléctricas, de distribución de agua y de banda ancha de alta velocidad o la modernización de escuelas, guarderías y edificios federales.
Parte del plan también se centra en incentivar la creación de puestos de trabajo en Estados Unidos obligando a las empresas que opten a contratos públicos a que un mayor porcentaje de los productos y servicios elaborados tengan lugar en el país.
