Al aceptar el desafío de enfrentar la corrupción gubernamental desde Participación Ciudadana (PC) y ahora dentro, como el Director General de Contrataciones Públicas (DGCP); el Lic. Carlos Pimentel está dejando un legado de que se puede hacer una gestión administrativa, como servidor público y no como un servidor al robo del estado.
El Ministerio de Contrataciones Públicas es el área de mayor nivel de corrupción en la República Dominicana. La DGCP administra el 32% del Presupuesto General del Estado y que está destinado para las contrataciones de bienes, servicios y obras, las cuales deben servir para el desarrollo del país y no para el enriquecimiento ilícito.
Por ende la designación acertada del Lic. Carlos Pimentel hace eco al compromiso de implementar los mecanismos de prevención y control en este tan importante ministerio. Si estos mecanismos son corrompidos, tendrán de frente a este quien tiene un compromiso moral y ético con la sociedad dominicana.
Los difamadores que promueven que el Lic. Pimentel llegó al poder por sus denuncias en contra del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), se basan en injurias infundadas a su carácter y desempeño independiente a favor de defender los recursos estatales. Es la primera vez que esta institución cuenta con hombre insobornable y que jamás sus decisiones serán a favor de la corrupción y en contra de su compromiso ético.
El rol que este desempeñó dentro de Participacion Ciudadana (PC), dando la cara a los desafíos presentados por el nivel de corrupción en el gobierno, haciendo denuncias claras de los principales protagonistas del robo al erario público ha demostrado sin dudas su honradez y criterio patriótico.
El ministro Carlos Pimentel ha puesto a la luz pública la realidad que existe en Compras y Ventas de Contrataciones. Este enfoque lo ha llevado a establecer parámetros más claros en el tema de impugnaciones, reclamaciones e investigaciones.
Este destacó que dentro de los archivos de esa unidad se encontraron más de 200 denuncias de irregularidades en la administración pasada y envío los casos al Ministerio Público para que tome la decisión final. Pimentel que no le temblará el pulso para suspender registros de proveedores por incompatibilidades, como lo ha hecho hasta ahora la DGCP con 120 casos. Asimismo, recordó que 119 alcaldes y regidores que estaban en el registro de proveedores del estado, fueron suspendidos.
Por otro lado, este puso en vigencia la Ley No. 340-06 en su artículo 14 de Compra y Contrataciones Públicas de que los funcionarios que tengan más de un 10% de participación accionaria en empresas, no pueden ser proveedores del gobierno; aunque si tienen menos de estas acciones pueden proveer, excepto en las entidades en las que son servidores públicos. Este ha puesto en práctica programas en esta institución que permiten reconocer casos de reclamaciones e impugnaciones en contratos y ventas, así el proceso será más eficiente.
El ministerio está trabajando en la creación de un portal transaccional y en la limpieza del registro de proveedores con una inversión en analítica de datos e inteligencia artificial, para saber cuando se está incumpliendo con algún procedimiento con alertas. La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) no puede ser administrada manualmente, como lo hizo el gobierno saliente y por esta razón el ministro está usando procesos tecnológicos para facilitar este trabajo.
Para reducir las debilidades normativas y establecer un lazo de control por los contractos de los ministerios y ayuntamientos, se está gestionando un trabajo en coordinación con la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental; para asegurar que el proceso de contrataciones sea eficiente y que todas las empresas sin importar sus relaciones con el gobierno, puedan participar en igualdad de condiciones en los concursos de contrataciones.
Otro enfoque es modificar el proceso de pago del estado a los proveedores que toma en la actualidad de seis a ochos meses, para asegurarse que estas empresas obtengan sus pagos al otorgar el servicio; es decir, hacer que “el estado sea buena paga”. Estos retrasos representan casos de corrupción para incentivar el lobismo y pagar a los buscones para resolver esta falta.
La transición del Lic. Carlos Pimentel de ser un ente defensor de los derechos sociales ante el gobierno y ahora ser parte de este, ha sido una de las mejores decisiones tomadas por el presidente Luis Abinader. Entendemos que los mejores servidores públicos también se pueden encontrar fuera de filas de los partidos políticos.
El país aplaude la gestión del Lic. Pimentel que en sus primeros 100 días está dando cátedras de honradez, seriedad y compromiso ético de hacer lo correcto a favor del pueblo y en contra de toda la clase corrupta del país; inclusive en contra del presidente Abinader si esto fuera necesario.
