Parte 1 de 2…
Por: Lic. Jorge A. Abreu Eusebio |
John F. Kennedy había dicho: “No podemos negociar con aquellos que dicen, lo que es mío es mío y lo que es tuyo es negociable”. Podemos colegir al respecto de éste pensamiento, que cíclicamente, cada vez que los estamentos que conforman el Congreso Nacional: La Cámara de Diputados y El Senado de la República se aprestan a cumplir con el voto Constitucional, se escuchan las voces de sectores pidiendo que los componentes humanos que van a integrar las estructuras jurídicas-fiscalizadoras establecidas en la Constitución Política Dominicana no sean políticos y mucho menos si son del PLD y Aliados.
Sólo esto ocurre y se plantea cuando el PLD está gobernando; cada vez que esos sectores están fuera de la cúspide del Poder y no tienen la competencia ni el control para operar esos cambios que tienen que efectuarse. Cuando estos han detentado el poder de decisión se han limpiado con la Constitución y han hecho caso omiso a todos los planteamiento que al respecto se hicieren, prevaleciendo el criterio en éstos que lo primero, segundo, tercero, cuarto y quinto y si queda algo, es de ellos también. Nadie ha tenido vela en esos entierros.
Cuando no están detentando el Poder Político, se escudan en estructuras de la “Sociedad Civil”, que siempre han formado parte de su maquinaria y armazón político-partidario, por más apariencia de la técnica del avestruz que pretendan aparentar. Ellos son políticos partidistas y forman parte de esa clase; pero, quieren hacer creer al mundo que los políticos son lo más podrido que puede existir sobre la faz de la tierra, como si fueran seres de otra galaxia o leprosos; seres asqueantes e inescrupulosos. Satanizan al grado sumo la clase política, mostrando la doble moral y querer ser Dios y el Diablo al mismo tiempo o mostrándose como uno u otro según las circunstancias que se les presenten y para los fines que pretendan como objetivo.
Por sólo citar algunos ejemplos, los miembros de la Suprema Corte de los Estados Unidos de Norteamérica son nombrados por el Presidente de los Estados Unidos y confirmados por el Senado, al igual que en México, Chile y Argentina; En España es el Congreso y Senado; En Francia el Presidente nombre a los Jueces del Consejo Superior de la Magistratura, del cual él es el presidente y el Ministro de Justicia su Vicepresidente; En Suiza, el Parlamento o Asamblea Federal, cuyas dos cámaras juntas designan los miembros del Consejo Federal y los Jueces Federales. En todos estos casos y en otras naciones, se especifican las condiciones para formar parte de éstos estamentos y nunca quedan vedados los políticos, porque políticos son todos, donde todos aquellos o aquellas que tengan los méritos para ocuparlos; deben ser tomados en consideración para su elección o ratificación según entiendan y estimen pertinente los Senador@s y Diputad@s, según las atribuciones constitucionales que cada uno de éstos cuerpos legislativos le sean inherentes para la conformación de las estructuras correspondientes.
Hay que estar conscientes de una realidad: en la complejidad de las relaciones sociales, de poderes y de micro-poderes, los grupos de presión, corporativos o sectoriales, actúan de manera directa e indirecta de diversas formas interactuando en función de sus intereses, valores y criterios, moviendo sus fichas, latentes o manifiestas, tratando por todas las vías de colocar uno a varios de sus acólitos más leales y fervientes en el equipo y que esté en el lay not de las entidades que han de conformarse como manda la Constitución Política Dominicana; pero, aspirando que las mismas les beneficien, tirando estiércol, fetideces y todo lo hediondo y pecaminoso a la clase política, más si está asociado a quienes tienen el Poder Político mayoritario, sin importar los méritos que tengan y cuánto han hecho por su país. No les interesa el más mínimo de idoneidad u honorabilidad que posean estos actores sino en función de los intereses particulares de cada una de estos grupos endógenos y exógenos.
Eugenio Raúl Zaffaroni, en su obra “Estructuras Judiciales” señala: “El límite entre lo político y lo judicial no puede definirse formalmente en el Estado Moderno. La justicia moderna no puede ser “apolítica” en éste sentido y hoy más que nunca debe reconocerse que el Poder Judicial es “gobierno”. Es un sistema que opera en un ambiente donde mantiene múltiples relaciones con otros sistemas y subsistemas. Desde nuestro punto de vista lo prioritario en el judicial, es su función democrática, o sea, su utilidad para la estabilidad y continuidad democrática. Es verdad que no es indiferente la forma de selección; pero, en éste aspecto lo más importante será decidirse por el que sea más idóneo para el cumplimiento del cometido democrático.”
