Amnistía Internacional (AI) denunció hoy en su informe anual la violencia contra las mujeres y las niñas en Haití, en particular la violencia sexual, así como el intento de los legisladores de aprobar leyes abiertamente discriminatorias contra las personas LGBTI.
En abril, el Gobierno presentó en el Parlamento reformas integrales del Código Penal, que contenían nuevas disposiciones para abordar la violencia sexual, incluida la tipificación como delito de la violación marital, casos que no siempre son denunciados, precisó AI.
El informe recoge cifras de la ONG Médicos Sin Fronteras que concluyó que el 77 % de las sobrevivientes de violencia sexual y de género atendidas entre mayo de 2015 y marzo de 2017 en su clínica especializada en Puerto Príncipe eran menores de 25 años y el 53 % menores de 18 años.
En su informe anual, AI denunció también la decisión del Senado haitiano de respaldar proyectos de ley que discriminaban a la comunidad de lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersex (LGBTI), iniciativas pendientes de aprobación en la Cámara de Diputados.
También destaca la ineficacia de la educación en Haití, donde el analfabetismo entre las personas mayores de 15 años supera al 50 %.
AI se refirió al aumento de los casos de deportación en la frontera entre Haití y la República Dominicana y criticó el hecho de que Haití no haya firmado ni ratificado las convenciones de la ONU de 1954 y 1961 sobre apatridia.
El documento también se hace eco de un informe de la Organización Internacional para las Migraciones que afirmó que, a fecha de junio de 2017, 37.867 personas seguían internamente desplazadas a causa del terremoto de 2010, la mayoría de ellas en campamentos improvisados.
La decisión del Gobierno de Haití de restablecer el Ejército, disuelto en 1995, también es destacado en el informe, así como la salida de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah) tras trece años de presencia en el país.
La Minustah, reemplazada por una fuerza significativamente menor, se marchó tras años de controversia por su presunta responsabilidad en el brote de cólera que estalló en 2010 y tras numerosas denuncias de violencia sexual, agregó el informe.
Respecto al cólera, AI afirmó que entre enero y junio hubo 7.623 nuevos presuntos casos de cólera y 70 muertes relacionadas con la enfermedad, y recordó que desde el brote de 2010 más de 800.000 personas habían resultado infectadas y cerca de 10.000 murieron.
El documento de AI recoge el caso de los defensores de los derechos humanos David Boniface y Juders Ysemé, quienes afirmaron temer por sus vidas tras la repentina muerte de su compañero Nissage Martyr en marzo pasado, un día después de que los tres presentaran una demanda en Estados Unidos contra Jean Morose Viliena, exalcalde de Les Irois, su localidad natal en Haití, por violaciones graves de derechos humanos. efe
