Nathaniel Hernández, director del Centro de Derechos Humanos Digno Ochoa y compañero del activista asesinado Sinar Corzo, señaló hoy a antiguos gobernantes del estado mexicano de Chiapas y del municipio de Arriaga como posibles responsables.
El también activista comentó a Efe que Corzo “ya había recibido varias amenazas de muerte” por parte del equipo del exgobernador de Chiapas Manuel Velasco, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Y consideró que la forma en la que se perpetró el crimen es un “disfraz perfecto”, ya que el asesinato podría pasar por delincuencia común.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Chiapas, el suceso tuvo lugar sobre las 21.40 hora local del jueves (03.40 GMT del viernes) en una calle de Arriaga, cuando un hombre disparó en contra del defensor de los derechos humanos, quien perdió la vida en el lugar de los hechos.
Durante el mandato de Velasco (2012-2018), Sinar Corzo denunció varios actos de corrupción.
“Nos llama la atención que haya sido después de que saliera del cargo (Velasco Coello)”, expuso Hernández, quien reiteró que el crimen puede quedar “impune” al ser investigado como un delito común.
Asimismo, agregó que “en ningún momento Sinar había sido amenazado por personas civiles ni tenía ninguna situación con problemas con particulares”.
Motivo por el que señala que “la situación recae directamente sobre las autoridades del gobierno de Chiapas”.
De acuerdo con Hernández, desde el Centro de Derechos Humanos Digno Ochoa se muestran optimistas de caras al esclarecimiento del crimen.
“Vamos a exigir a la Fiscalía General del Estado de Chiapas que haga las investigaciones y se castigue a los responsables. Confiamos en que las autoridades van a hacer su trabajo”, aseveró.
Antes de morir, el activista había tenido una reunión con el gobierno municipal de Arriaga, una localidad de unos 24.500 habitantes.
Entre sus acciones por defender los derechos humanos, Corzo encabezó hace varios años un movimiento con el que se oponía a la demolición de un mercado, enfrentándose a los gobernantes del municipio.
A raíz de este suceso, en 2015 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación contra el entonces gobernador Manuel Velasco Coello e integrantes del Ayuntamiento de Arriaga, por la detención y malos tratos recibidos por Corzo, como dirigente comunitario y otros ciudadanos.
Hoy, la Comisión condenó los hechos acaecidos y expresó sus condolencias y solidaridad a los familiares de la víctima a través de un comunicado.
Asimismo, indicó que personal del organismo se trasladará al municipio de Arriaga a fin de realizar las primeras diligencias y de recabar la información correspondiente. (EFEUSA).-
