No comprendemos como nuestras autoridades no se han dado cuenta que, desde hace mucho tiempo, la OEA y todos sus órganos, se han dedicado a mantenernos a la defensiva, siempre nos tienen contra la soga. No logramos discernir porqué insistir en pertenecer a un organismo, donde lo único que hemos hecho como miembro, es defendernos de acusaciones infundadas e injuriosas.
Este es el mismo organismo que en el 1965, autenticó una invasión a nuestro territorio, por parte de los Estados Unidos de América, creando una llamada “Fuerza Interamericana de Paz”, formada con ejércitos de varios países de América que se prestaron a esta ignominia.
El último acoso a la República Dominicana no es un error, como ha admitido el tristemente célebre Luís Almagro, Secretario General de la OEA. Regularmente estas entidades no cometen estas clases de dislates. Incluirnos en lo que es conocido como la “lista negra”, que es el capítulo IV del informe que señala los países donde las violaciones de derechos humanos requieren una “atención especial” por parte de este organismo, que tiene sede en Washington, no es un desliz. No es una casualidad.
Han venido sucediendo acontecimientos internacionales, a los cuales el gobierno dominicano debería ponerle especial atención. Eso es exactamente lo que está haciendo la OEA. La salida de la MINUSTAH de territorio haitiano, sin darle tiempo al señor Jovenel Moise, recién electo presidente de ese país, quien todavía no cumple los 100 días en el poder y en consecuencias no puede tener el debido control de toda su población, no es una bomba de tiempo, es una gigantesca granada de fragmentación que ya explotó y regularmente esos fragmento viajan en una sola dirección. ¡Hacia el este!
Por otro lado el anuncio de la casa blanca en el sentido de que el departamento de inmigración está rastreando el récord criminal de los haitianos, precisamente días antes del anuncio de la prórroga o cancelación del TPS (Temporary Protected Status) el estatus de protección temporal que recibieron los haitianos a raíz del terremoto que desbastó Puerto Príncipe en el 2010, va en la dirección de no extenderlo.
Esto dejaría a más de 50,000 haitianos desprotegidos y sujetos a deportaciones masivas. El panorama que se le presentaría a la República Dominicana, no a los haitianos, pues la solución más fácil para ellos es cruzar a nuestro país, no es para nada auspicioso, pues nuestros ciudadanos ya están hasta el cuello con esta invasión del útero haitiano, como se le ha llamado últimamente.
La OEA sabe que esto va a ocurrir y ya nos está condicionando para que aceptemos sin chistar el ingreso masivo de ilegales haitianos a nuestro territorio.
A lo que el gobierno dominicano tiene que ponerle mayor atención no es si Almagro y sus secuaces se “equivocaron” y rectificaron, sino a una poblada de alcance nacional, pues el aguante de una población también tiene sus límites.
- CarlosMcCoyGuzman@gmail.com
