Cerrada la fecha límite para la renovación del programa DACA, grupos activistas critican que miles de “soñadores” elegibles no pudieron completar su solicitud y prevén “mucho movimiento” en los tribunales para combatir la revocación anunciada por la Administración de Donald Trump.
“Vamos a ver mucho movimiento en las cortes, especialmente ya que la fecha de ayer se venció”, dijo hoy en conferencia telefónica Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC), que trata de documentar los motivos que han impedido completar sus solicitudes a unos 38.000 beneficiarios.
Hincapié explicó que la imposición de “fechas arbitrarias” por parte del Gobierno federal -hasta el 5 de octubre, para aquellos a quienes les vencía la DACA entre el 5 de septiembre y el 5 de marzo- ha hecho que de los 154.000 jóvenes que podían renovar su permiso de trabajo lo hayan logrado 116.000, según los cálculos iniciales.
“La fecha límite apurada puede habérselo puesto difícil o imposible a muchos beneficiarios elegibles de DACA”, expone la organización, que prevé reunir testimonios e información “útil para la demanda” interpuesta en Nueva York junto a algunos “soñadores”.
NILC participa en un caso contra la rescisión de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) impulsado por el mexicano Martin Batalla Vidal y al que se han sumado otros cinco “soñadores” y la organización Make the Road New York (MRNY).
“En nuestro caso, el juez y el magistrado han indicado claramente que ven la necesidad de una decisión rápida y (…) el martes pasado la corte aprobó un procedimiento mas rápido de lo normal”, explicó la directiva.
“Vamos a estar en corte cada otra semana hasta mediados de diciembre, esperamos que haya una decisión inicialmente para el 15 de diciembre y los argumentos orales en la cuestión de los méritos constitucionales para el 18 enero”, desgranó.
En la demanda, argumentan que la rescisión de la DACA supone una violación de la protección de igualdad prevista en la Constitución, ya que es una iniciativa de la que se benefician en su mayoría mexicanos, y que su manera abrupta de finalizar contraviene la ley de procedimiento administrativo.
Hincapié destacó que en las dos audiencias celebradas hasta ahora en Nueva York, el juez se declaró “firme” en que era “preferible” que el Gobierno federal extendiera la fecha límite más allá del 5 de octubre, pero rehusó hacerlo.
La activista se refirió a otros casos que combaten el fin de la DACA, como el impulsado por una coalición de dieciséis fiscales generales de EE.UU. en el tribunal para el distrito este de Nueva York, en Brooklyn, el mismo que el de Batalla.
La demanda interpuesta por los fiscales la lleva precisamente el mismo juez, indicó Hincapié, quien expresó su esperanza de que en ambos casos alcance conclusiones similares y favorables a los 690.000 jóvenes inmigrantes en el país que se benefician actualmente del programa.
Asimismo, consideró que se están “moviendo muy rápido” los pleitos contra la revocación de la DACA en California presentados por el fiscal de California, Xavier Becerra, y por Janet Napolitano, presidenta de la Universidad de California y una de las autoras del programa cuando era secretaria de Seguridad Nacional en 2012.
Tras el cierre de la fecha límite este jueves, ya han surgido nuevos casos: ACLU en California interpuso una demanda colectiva por “revocaciones ilegales” por parte de las autoridades, en la que participan “soñadores” afectados; y CASA en Maryland, junto a ocho organizaciones y 12 afectados, también disputa la decisión de Trump.
Todos ellos llaman a que los miembros del Congreso, que tienen de plazo hasta el 5 de marzo, superen sus diferencias y aprueben un “Acta de los Sueños limpia” que dé una solución permanente a estos jóvenes indocumentados.
