La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) exigió hoy la liberación “inmediata” de una niña indocumentada de diez años con parálisis cerebral detenida en Texas y advirtió al gobierno del presidente Donald Trump de que interpondrán una demanda si no se produce en las próximas horas.
La menor mexicana Rosa María Hernández fue arrestada el pasado miércoles por agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) al ser dada de alta de un hospital en Corpus Christi (Texas), donde fue sometida a una cirugía de emergencia, y se encuentra detenida desde entonces bajo custodia federal.
“Exigimos que el gobierno libere inmediatamente a Rosa María de su custodia y la devuelva a sus padres”, escribieron los directivos de ACLU en una carta dirigida hoy a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Elaine Duke, y al secretario en funciones del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Eric Hargan, entre otros.
La organización civil advirtió en la misiva que si la Administración Trump no cumple con esta petición antes de las 2.00 p.m. (CT) de mañana martes, tomará “medidas legales inmediatas” y buscará “todos los recursos disponibles bajo la ley” para garantizar la liberación de la pequeña.
ACLU criticó la actitud de los agentes migratorios antes, durante y después de la hospitalización de Rosa María, que fue intervenida en el hospital infantil para someterse a una extracción de la vesícula biliar.
La CBP detuvo la ambulancia que trasladaba a la niña al centro médico durante más de media hora el pasado martes y decidió seguir al vehículo bajo la amenaza de que Rosa María “sería deportada” después del procedimiento quirúrgico.
Además, los agentes migratorios hicieron turnos delante de la habitación del hospital de la pequeña durante más de 24 horas, primero en grupos de cuatro y luego en parejas.
Después de la operación quirúrgica, la Patrulla Fronteriza detuvo a la niña “sin tener una orden judicial” y la trasladó a un centro de detención de menores en la ciudad texana de San Antonio, un lugar donde no puede recibir la asistencia médica necesaria, según la organización civil.
Rosa María llegó al país a los tres meses de edad tras cruzar la frontera ilegalmente por Nuevo Laredo (Tamaulipas, México) con sus padres, que se establecieron en la ciudad fronteriza de Laredo (Texas).