Critica la detención de más de 30 activistas en dos meses y el “discurso del odio” contra las minorías
La oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha expresado su “grave preocupación” por la situación de derechos y libertades en Birmania de cara a las elecciones generales del 8 de noviembre, para las que ha reclamado que se tomen medidas con vistas a garantizar la participación de todos, “sin discriminación de ningún tipo”.
La oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha advertido de que las elecciones, llamadas a ser “un hito importante en la transición democrática” del país asiático, llegan precedidas de “restricciones” en materia de libertades de opinión, de expresión y de acceso a la información, así como de un lenguaje que “podría equivaler a la incitación de la discriminación, la hostilidad y la violencia”.
La oficina teme los efectos “desproporcionados” de estas restricciones en ciertos colectivos, como la minoría rohingya o la población del estado de Rajine, una zona lastrada por constantes episodios de violencia. En el caso de grupos musulmanes como los rohingya, su apatridia les deja fuera de cualquier posible participación en el proceso.
La portavoz, Ravina Shamdasani, también ha recordado que el estado de Rajine ha sido uno de los que se han visto afectados por la decisión de la Comisión Electoral de anular la celebración de la votación en 56 localidades, sin proporcionar “justificación” sobre una medida que “restringe el derecho a la participación política en zonas con minorías étnicas de manera discriminatoria”.
Además, ocho áreas de Rajine y del estado de Chin siguen sin acceso a Internet, lo que “limita gravemente la capacidad de los ciudadanos de disfrutar de su derecho a recibir y compartir información”, tanto sobre las elecciones como sobre la evolución de la pandemia de COVID-19.
Shamdasani ha lamentado también la “proliferación” de un “discurso del odio” contra musulmanes en Facebook y ha solicitado a la red social que intervenga. Asimismo, ha recordado que el Gobierno de Aung San Suu Kyi se comprometió en abril a “promover la tolerancia, la no discriminación y el pluralismo” durante el proceso electoral.
REPRESIÓN DE LAS CRÍTICAS
Las autoridades birmanas han sido cuestionadas en estos últimos años, entre otras razones, por el papel de sus Fuerzas Armadas, a las que investigadores de la ONU atribuyeron una “intención genocida” cuando lanzaron una campaña represiva contra los rohingyas en agosto de 2017 en el estado de Rajine.
Más de tres años después, la oficina de Bachelet sigue percibiendo una “intolerancia a la crítica” contra el Gobierno o las Fuerzas Armadas. En los últimos dos meses, al menos 34 activistas han sido imputados por pedir el fin de los conflictos en Rajine o Chin o por reclamar la reapertura de Internet.
Cuatro de estos activistas, estudiantes, han sido condenados, dos de ellos con penas que superan los seis años de cárcel. “Instamos al Gobierno a retirar los cargos contra todos aquellos que se enfrentan a acciones legales por ejercer su derecho a la libertad de expresión, un derecho que es especialmente preciado en un contexto preelectoral”, ha apuntado Shamdasani.
