ARTICULO PUBLICADO POR JUAN DECLET-BARRETO 10 DE MARZO DE 2021
“[I]ncluso si a Puerto Rico se le otorgaran todas y cada una de las libertades, y los poderes que tal [libertad] engendra, el desarrollo de tal sistema sería frustrado porque la Unión habría violado el principio sobre el cual descansa ese sistema, que absolutamente requiere la voluntad del pueblo para organizar instituciones representativas.”
Eugenio María de Hostos, en Rivera (2016, 79)
Uno de los objetos más preciados que traje conmigo a los Estados Unidos es una bandera puertorriqueña. No una bandera frágil y barata en un soporte de plástico, del tipo que se obtiene en una manifestación y que se agita. Es una bandera de tela, manchada por el agua y desgastada por el tiempo en los bordes de sus franjas blancas y rojas: La Monoestrallada. Literalmente, La de Una Sola Estrella. En realidad, no importa de qué material esté hecha la bandera; su significado trasciende su materialidad.
La bandera perteneció a mis abuelos maternos, Adela Hernández y Luis Barreto. Abuela era enfermera; abuelo, mecánico de automóviles y de máquinas de coser. Esa bandera probablemente tiene tres o cuatro décadas más que yo. Esa misma bandera fue escondida por mis abuelos porque en su época, poseer una bandera puertorriqueña en Puerto Rico era un acto de sedición contra los Estados Unidos, criminalizado por la Ley 53 de 1948, conocida coloquialmente como la Ley de la Mordaza. Su posesión fue criminalizada porque el establecimiento político puertorriqueño de la época se comprometió en el acto máximo de autodegradación y negación de nuestro derecho a ser, a existir como una nación de personas con una historia compartida que precede la existencia de los EE. UU. como nación, e incluso la colonización española de Puerto Rico. Y tal negación, y la represión política que se desató mucho más allá de la eliminación de la Ley de la Mordaza en 1957, se hizo para acomodar el proyecto imperialista, colonialista y modernista de “construcción de la nación” de los Estados Unidos en Puerto Rico desde que fue invadido en 1898.
Desde la perspectiva de muchas personas con las que he conversado a lo largo de los años, los puertorriqueños la tienen fácil. Hemos sido ciudadanos estadounidenses desde 1917, no tenemos que pagar a coyotes (traficantes) y arriesgar nuestras vidas cruzando la frontera, no necesitamos pasaportes estadounidenses (o visas caras que pueden tardar años en obtener) para entrar y salir de la isla hacia los EE. UU.; incluso somos elegibles para ayuda federal en caso de desastre. De hecho, parece que optamos por una experiencia de inmigrante en los EE. UU. con la puerta siempre abierta para optar por salir de ella y regresar a Puerto Rico cuando queramos (¡y además, luces blanco, Juan!), entonces, ¿de qué nos estamos quejando?
Bueno, sí, me veo blanco, y ciertamente me he beneficiado de las oportunidades que ofrece a algunos el racismo y el colorismo puertorriqueño criollo que favorece a los blancos. Pero como pueblo nos ha sido negado ese derecho elemental de la existencia moderna: el derecho a la autodeterminación, el derecho a decidir, en nuestros propios términos, qué camino queremos seguir en nuestra propia búsqueda de prosperidad y felicidad. El camino que los puertorriqueños como nación hemos recorrido nunca ha sido marcado por los puertorriqueños, ni siquiera en interés de los puertorriqueños. Como argumenté recientemente, ese camino a veces ha sido beneficioso para algunos puertorriqueños, por ejemplo, en el momento del auge estadounidense de posguerra que creó una clase media próspera. Pero eso tuvo un gran costo. El desarrollo urbano e industrial al estilo estadounidense, no apto para las latitudes caribeñas, ha hecho que la isla sea vulnerable a los altos costos económicos y de salud humana de los combustibles fósiles y ha eliminado los servicios ecológicos que pueden proteger contra el calor extremo, las inundaciones y la subida del nivel del mar.
Una gran parte de la población, efectivamente un ejército excedente de trabajo, fue desplazada hacia los EE. UU. en la posguerra y más allá, para reducir el descontento social y económico que aumentaba en la isla. Esos puertorriqueños y sus descendientes en los EE. UU. luchan activamente hoy por la protección bajo la ley para disfrutar de entornos limpios y condiciones de vida dignas de acuerdo con los derechos constitucionales estadounidenses. Y para los puertorriqueños en Puerto Rico, doce décadas bajo la bandera de EE. UU. no fueron suficientes para provocar una respuesta adecuada o humanitaria del gobierno federal tras la destrucción del huracán María en 2017, una crisis humanitaria que demostró “una larga historia de negligencia colonial estadounidense y violaciones de derechos humanos”.
Y la asociación con los EE. UU. no ha traído muchos derechos que se dan por sentados en los estados de EE. UU. Por ejemplo, los puertorriqueños no reciben los mismos beneficios de Medicaid/Medicare que los estadounidenses en los EE. UU., carecen de representación en el Congreso, y el territorio está sujeto a las disposiciones de transporte marítimo de la Ley Jones, que encarecen mucho los bienes de consumo importados para los puertorriqueños. Un ejemplo reciente y flagrante es la forma en que se aplicó en Puerto Rico la Ley de Reforma Fiscal de 2017, que clasificó a las corporaciones en Puerto Rico como extranjeras (para los EE. UU.), y por lo tanto sujetas a tasas de impuestos corporativos más altas que fueron diseñadas para cerrar lagunas fiscales explotadas por compañías estadounidenses altamente rentables establecidas en el extranjero. Esto ha tenido un efecto paralizante en el sector manufacturero puertorriqueño y ha obstaculizado aún más la recuperación económica.
Las raíces de la falta de autodeterminación de los puertorriqueños Es bien sabido que en 1898, las tropas estadounidenses desembarcaron en Puerto Rico y obtuvieron la isla como botín de guerra de España tras la Guerra Hispanoamericana, poniendo fin efectivamente al autogobierno que la Corona española había otorgado a Puerto Rico ese mismo año en la Carta Autonómica. En 1900, la Ley Foraker del Congreso autorizó la formación de un gobierno civil en Puerto Rico, y en 1917 la Ley Jones-Shafroth extendió la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños. En 1950, ambas leyes se reempacaron bajo la Ley de Relaciones Federales, lo que llevó en 1952 a una reformulación de Puerto Rico como un Estado Libre Asociado (ELA, conocido como el Commonwealth de Puerto Rico). Si bien el ELA se suponía que resolvería la cuestión del estatus de Puerto Rico como colonia de los Estados Unidos, no hizo nada al respecto, ya que reforzó la Cláusula Territorial de la constitución estadounidense que establece que la autoridad última sobre los asuntos de Puerto Rico reside no en el pueblo puertorriqueño, sino en el Congreso. Y no hizo nada para alterar la opinión de la Corte Suprema de los EE. UU. de 1901 que sostenía que el territorio no incorporado de Puerto Rico “pertenece a, pero no es parte de los Estados Unidos”.
Avanzamos siete décadas cuando los puertorriqueños fueron recordados del control absoluto que tiene el Congreso de EE. UU. sobre los asuntos de Puerto Rico. La Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico de 2016 (PROMESA) creó una junta de supervisión fiscal (FOMB, pero conocida como “la junta” localmente) para supervisar la deteriorada situación fiscal de Puerto Rico, gravemente afectada por décadas de corrupción, malversación de fondos públicos e inversiones cuestionables que muchos en Puerto Rico denuncian como una deuda pública que fue contraída ilegalmente. En su más reciente demostración de fuerza, la FOMB ha ordenado tanto a la administración del gobernador Pierluisi como a la Legislatura puertorriqueña que desistan de aprobar y aplicar un proyecto de ley propuesto para proteger los fondos de pensiones de los empleados públicos, devastados por la insolvencia fiscal del territorio.
La autodeterminación ha sido una preocupación de los puertorriqueños durante mucho tiempo A través de la visión del siglo XIX de la naciente república estadounidense como un “faro de la democracia”, el sociólogo y educador puertorriqueño Eugenio María de Hostos fue indudablemente presciente al anticipar la naturaleza antidemocrática de las imposiciones de los EE. UU. sobre Puerto Rico. Hostos argumentó que, incluso si los Estados Unidos otorgaran a los puertorriqueños los derechos y responsabilidades de autogobierno y ciudadanía, hacerlo sin el consentimiento expreso del pueblo puertorriqueño no equivaldría a autodeterminación. Además, Hostos denunció la ilegalidad de la transferencia de Puerto Rico a los Estados Unidos por parte de España, ya que la Carta Autonómica ya había otorgado a Puerto Rico la autoridad para negociar tratados internacionales y estipulaba que cualquier cambio en las relaciones entre Puerto Rico y España solo podría ocurrir por iniciativa de la Legislatura de Puerto Rico. Devolver a Puerto Rico al estado de derecho autónomo que existía antes de la invasión de 1898 era, según Hostos, una condición previa para involucrar a los puertorriqueños en un proceso de autodeterminación. A los puertorriqueños se les ha negado una voz en la democracia que podría llevar a nuestra autodeterminación como estado independiente, como estado de los EE. UU. o alguna otra forma de gobierno no colonial. Ese proceso nunca ha tenido lugar en los 123 años de dominio estadounidense sobre Puerto Rico. Esta historia es relevante para la discusión contemporánea y la reciente acción del Congreso sobre un proceso de autodeterminación para Puerto Rico.
Las soluciones para la autodeterminación deben responsabilizar al Congreso de cumplir con la voluntad de los puertorriqueños En octubre de 2020, la congresista Nydia Velázquez (D-NY) presentó la Ley de Autodeterminación de Puerto Rico de 2020. El propósito del proyecto de ley era “[r]econocer el derecho del Pueblo de Puerto Rico a convocar una Convención de Estatus a través de la cual el pueblo ejercería su derecho natural a la autodeterminación, y establecer un mecanismo para la consideración del Congreso de dicha decisión, y para otros fines”. Este proyecto de ley avanzaría significativamente hacia la creación de un proceso de autodeterminación democrático y descolonizador para resolver el estatus colonial del territorio. Una amplia coalición de justicia social, sindicatos, feministas y activistas climáticos en Puerto Rico y en la diáspora puertorriqueña apoyaron el proyecto de ley entonces, y lo hacen nuevamente ahora que la congresista Velázquez lo ha vuelto a presentar en la Cámara de Representantes de los EE. UU.
El proyecto de ley es no partidista y, por lo tanto, no aboga por ninguna opción de estatus político en particular defendida por los principales partidos políticos puertorriqueños (por ejemplo, la estadidad, la independencia u otra forma no colonial). En cambio, se enfoca en crear un mandato congresional que permita a los puertorriqueños crear una Convención de Estatus, seleccionar democráticamente a sus miembros, consultar al pueblo de Puerto Rico sobre las opciones de estatus deseadas y que el Congreso nombre una comisión negociadora bilateral para asesorar a los delegados de la Convención de Estatus. Esta última disposición es lo más cercano que el proyecto de ley llega a hacer al Congreso responsable de actuar en base a los resultados de la Convención de Estatus, ya que los resultados de los cinco plebiscitos anteriores realizados no son vinculantes para el Congreso, es decir, el Congreso no tiene la obligación de actuar en base a sus resultados, independientemente del resultado. Y la noción citada con frecuencia de que el apoyo a la estadidad en Puerto Rico ha crecido es ilusoria. La exclusión de otras opciones de estatus además de la estadidad, los boicots de múltiples sectores, el uso de plebiscitos como medio para movilizar a la base del PNP (el partido proestadidad) para votar y mantenerse en el poder, la exclusión de otros partidos mayoritarios y minoritarios y sectores de la sociedad civil del diseño de estos plebiscitos, han puesto en duda la legitimidad de los plebiscitos. También han demostrado ser herramientas ineficaces para movilizar apoyo en el Congreso para tomar acción federal sobre el estatus de PR.
Algunos comentaristas rechazan el proyecto de ley porque, tal como está redactado en su forma actual, no crea un proceso que obligue al Congreso a actuar según la voluntad del pueblo puertorriqueño después de llevar a cabo un plebiscito, y es un punto justo. Aunque UCS firmó para apoyar el proyecto de ley, reconocemos que un proceso verdaderamente anticolonial necesita garantizar que se llevará a cabo la voluntad de los puertorriqueños. Sin responsabilidad democrática, la ciencia permite que la colonización y los prejuicios arraigados persistan dentro de la práctica científica misma. Para su propio bien, los científicos y defensores de la ciencia en el proceso de políticas públicas tienen la obligación de apoyar la libertad de pensamiento, asociación e investigación, no solo dentro de su profesión, sino como parte de las condiciones necesarias de una sociedad libre donde la ciencia pueda florecer, una ciencia cuyo objetivo debe estar dirigido hacia la emancipación. La ciencia se hace SOBRE los sujetos (no CON ellos) cuando los objetos de investigación no tienen voz. Con un siglo de malas políticas sociales impuestas desde lejos, Puerto Rico no es la excepción. Existe una profunda conexión entre la democracia y la ciencia para el bien público que todos los científicos tienen la obligación de defender.
Por lo tanto, espero ver modificaciones al lenguaje que defiendan el espíritu de lo que Hostos señaló como el sine qua non de cualquier acción de autodeterminación sobre Puerto Rico por parte del Congreso: defender la voluntad del pueblo de organizar instituciones representativas. Es hora de que los puertorriqueños sean incluidos en un proceso democrático para decidir si participar en el sistema político de los EE. UU., o adquirir poderes soberanos para implementar nuestra propia democracia.
Publicado originalmente en Union of Concerned Scientists.
