A pesar de que el año escolar está casi por concluir y que diversos sectores recomendaron continuar con el proceso de vacunación, posponiendo el retorno a clases hasta el próximo año, además de que varios países echaron para atrás sus reaperturas escolares, porque resultaron un completo fracaso, paradójicamente, el Ministerio de Educación (MINERD), autorizó la reapertura de la docencia semipresencial, a partir del próximo 25 de mayo, tanto en las escuelas públicas como en los colegios privados de todo el país.
Sin embargo, hace menos de un mes (el 29 de abril), el mismísimo, Roberto Furcal, advirtió que sancionaría los colegios privados que estuvieran dando clases presenciales, ya que, según él, todavía no estaban dadas las condiciones sanitarias para que los estudiantes retornen a las aulas. Igualmente, esta misma semana, el presidente de la república, Luis Abinader, advirtió sobre un posible rebrote del virus y llamó a la población, a vacunarse y mantener las medidas de distanciamiento social.
En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS), también alertó acerca de una nueva variante del coronavirus SARS-CoV-2, denominada: B117, la cual resulta “más contagiosa y más pegajosa” especialmente entre los jóvenes, la mayoría de los cuales todavía no se han vacunado, lo que descartó, a juicio de los expertos, la creencia de que solo los adultos mayores o las personas con problemas de salud, corren el riesgo de padecer un cuadro clínico de extremo cuidado.
Por consiguiente, la decisión tomada por el MIRERD, representa un completo absurdo, ilógico e irracional. Empero, aun cuando no se justifica dadas las circunstancias antes mencionadas, parecería que su propósito responde no precisamente al interés relacionado con el retorno del alumno a la escuela, sino que existe otra motivación, la cual estaría orientada hacia un proceso que amparado en un contrasentido daría rienda suelta a la utilización del tan importante 4% del PIB, correspondiente al presente ciclo escolar 2020-2021.
El ministro de educación, Roberto Fulcar, sabe perfectamente que no existen condiciones para regresar a las aulas, no obstante —como el fin justifica los medios—, lo importante, ahora, es poner en funcionamiento una estructura económica que se encuentra paralizada a causa de la pandemia. Por lo tanto, necesariamente, había que reiniciar la docencia, para entonces justificar ciertas operaciones administrativas, aun cuando ningún padre, madre o tutor se anime a enviar sus hijos a los planteles escolares.
En mi opinión, existe un marcado interés por gastar el dinero destinado al presupuesto de educación, porque como no se está asistiendo a clases, es imposible justificar su ejecución en determinadas partidas. Sin embargo, a partir del 25 de mayo, las autoridades del MIRERD, podrán dar rienda suelta al gasto público, aun cuando se ponga en riesgo la salud de la población, tomando en cuenta que muchos estudiantes no están dentro del rango elegible para la vacuna, por lo que terminarían convertidos en potenciales vectores de propagación.
Las autoridades del sector salud, han hecho su mejor y más importante esfuerzo, para dotar al país, de un correcto y eficiente plan de vacunación contra el Covid-19, lo cual traería de vuelta la normalidad a la población. Pero, parece ser que el afán por hacer negocios con los fondos públicos, para generar beneficios económicos a determinados sectores que operan al amparo de la docencia, mantiene inmerso en su propio plan al ministro de educación.
Desafortunadamente, durante este primer año de gestión, el presidente de la república, Luis Abinader, ha tenido que lidiar con situaciones engorrosas que afectaron su gobierno, fruto de las ambiciones personales de algunos colaboradores cercanos, quienes a sabiendas de que el mandatario está investido de los mejores deseos, no supieron corresponder con esa intención y actuaron al margen de sus lineamientos.
Ahora, el MIRERD, se prepara para emitir pagos extraordinarios y generar contratos al vapor, amparándose en una situación de emergencia creada a raíz de la reapertura de los recintos educativos, porque en definitiva —aunque las aulas estén vacías—, no se trata de contribuir ni con la educación ni con su adecentamiento, como tampoco se busca eficientizar el gasto público, sino que se pretende generar un clima de confusión que sirva como telón de la despreciable corrupción administrativa que campea en el Estado.
