Cientos de familias boricuas desplazadas a Florida después del devastador paso del huracán María por Puerto Rico en septiembre de 2017 enfrentan desde este domingo la amenaza de quedarse en las calles, al expirar la ayuda federal de alojamiento que han recibido en los últimos meses.
“A partir del domingo nuestras opciones serán carro, calle o tienda de campaña”, dijo hoy a Efe Betzaida Crespo, quien desde hace seis meses reside en el área de Orlando, en el centro del estado, junto a su esposo, Erín Salgado, y su dos hijos de 9 y 10 años en una habitación de un hotel pagado por la Agencia de Gestión de Desastres Naturales (FEMA, por sus siglas en inglés).
Como ellos, tras el paso de María muchas familias se instalaron en pequeños moteles en los alrededores de las grandes atracciones turísticas de Orlando y de la ciudad Kissimmee, donde se asienta una numerosa comunidad puertorriqueña, y ahora piden ayuda al gobernador de Florida, Rick Scott.
Crespo y otras familias levantaron tiendas de campaña frente a un hotel en Kissimmee, donde la filial de Florida del Partido Republicano ha celebrado hasta hoy una cumbre de dos días, para llamar la atención del gobernador estatal, Rick Scott, sobre su previsible e inminente desamparo.
“Que se conmueva de nuestras familias y la situación que estamos atravesando”, señaló Crespo.
Según datos de FEMA, desde el paso de María 1.763 familias puertorriqueñas residen en hoteles y moteles gracias a un programa de vivienda de transición temporal de esta agencia, de los cuales 534 son beneficiarios en Puerto Rico y 1.229 en estados como Florida.
A este estado del sureste del país, al que han llegado unos 300.000 puertorriqueños desplazados por el ciclón, unas 650 familias han solicitado esta asistencia federal.
“María nos quitó todo, incluyendo nuestras casas”, insiste Crespo, cuyo miedo es compartido por Sandra Rivera, madre de un niño con discapacidades y cuyo esposo trabaja en Puerto Rico.
“Mi hijo necesita tratamientos médicos que no puede obtener en Puerto Rico, porque los hospitales cercanos fueron destruidos por el huracán”, dijo Rivera.
FEMA, según explica en su página en internet, dará por acabado el próximo 30 de junio el programa TSA, pero informa “de una variedad de recursos federales, estatales y locales” para los beneficiarios de estas ayudas y pide al mismo tiempo que “los sobrevivientes sean participantes activos en su propia recuperación”.
“No tenemos cómo pagar los tres meses de renta por adelantado que nos cobran para alquilar una casa o un apartamento, además de que exigen buen crédito, y buen salario”, lamentó Crespo.
Durante la cumbre republicana, y en la que se ha abordado la situación de Puerto Rico, varias organizaciones locales se congregaron en los exteriores del hotel para llamar la atención sobre la crisis humanitaria de la isla y de los boricuas en Florida.
“Son dos realidades paralelas. Por un lado está el llamado ‘1 por ciento’, blanco, rico, dentro del hotel y afuera las familias boricuas que buscan ayuda”, señaló a Efe Socorro Ramos Avilés, activista de Faith Florida, una coalición de congregaciones religiosas que han recaudado fondos para los puertorriqueños.
“Pero no es suficiente. Necesitan la ayuda del Gobierno”, dice sobre los boricuas desplazados, víctimas de una “crisis humanitaria muy grande”.
En una carta enviada hoy al gobernador de Florida, a la que tuvo acceso Efe, 135 representantes de congregaciones religiosas le pidieron a Scott compasión y que no haga lo mismo que FEMA, es decir darle la espalda “a los puertorriqueños que aún permanecen en crisis”.
De igual manera, legisladores como Bob Menendez, Bill Nelson, Bob Casey, Elizabeth Warren, Elizabeth Warren, entre otros, pidieron a la agencia federal que extienda la fecha límite del programa TSA, caso contrario las familias tendrán que vivir “en lugares inhabitables, en refugios para desamparados, en carros, en las calles o pagar más de su salario en alquiler”.
Julio Zayas, puertorriqueño y miembro de las organizaciones Boricua Vota e Iniciativa de Acción Puertorriqueña, asegura que no es fácil dar o calificar para esos otros recursos disponibles a los que alude FEMA.
“El estado tiene fondos de emergencias y el gobernador Rick Scott podría utilizar parte de esos fondos para ayudar a estas familias”, manifestó el activista, quien a la vez avisó que en este año electoral los puertorriqueños se manifestarán en las urnas según el apoyo recibido en esta situación de emergencia.
Aunque las autoridades de Puerto Rico han reconocido 64 muertos como consecuencia del paso del huracán María un informe de la Universidad de Harvard, en colaboración con la Universidad de Puerto Rico, reveló que podrían haber muerto 4.645 puertorriqueños.
