Por Miguel Espaillat Grullón |
En las presentes discusiones que se están dando sobre la ley de partidos, la conformación de la nueva Junta Central Electoral (JCE) y el Tribunal Superior Electoral (TSE), se ha estado obviando un tema trascendental, como lo es el voto obligatorio. En varias ocasiones, diversos articulistas se han pronunciado sobre este tópico, detallando lo beneficioso que sería para nuestra democracia, su establecimiento en nuestra Carta Magna.
Particularmente, yo he escrito sobre este asunto (del voto obligatorio), explicando sus bondades e instando a ciertos miembros de las elites de poder a pronunciarse al respecto. La última Petición la hice a Rafael Blanco Canto, Presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), y a los también directivos de esa institución, señores, Franklin Báez Brugal y Campos de Moya en un artículo que titulé: “El voto obligatorio: un SOS a Rafael Blanco Canto”, publicado en fecha 01/7/2016. Pero estos señores, ni se dieron por aludidos.
En ese artículo, entre otras cosas expuse: “En vista de la importancia capital que tendría el voto obligatorio, para conjurar muchas de las vagabunderías, que se vienen haciendo en las elecciones dominicanas, es que invito al Señor Canto y a sus pares, a que incluyan en sus agendas, el tema del voto obligatorio, y lo sugiero a ellos ( anotaba), porque en nuestra patria, dada nuestras particularidades sociales, sus voces serian escuchadas, por el empoderamiento social, político y económico que tienen, a diferencia de otros, en los cuales me incluyo, que por no tener ese empoderamiento, no somos tenidos en cuenta, aunque nuestros puntos de vistas sean puntuales.
Con el voto obligatorio y su penalización al no ejercerlo (continuaba), estaríamos evitando el clientelismo que genera la compra y venta de votos, que de manera pública y descarada, se ha venido haciendo en todos los procesos electorales que hemos tenido desde la creación de la República. Esta sería la fórmula más idónea para acabar con esa depravación de la compra y venta de cédulas, cosa ésta, que se ha constituido en un “negocio” generalizado y clave, para fraudulentamente ganar unas elecciones. Además, con esta disposición a nivel constitucional y su penalización, entendemos, se evitaría, que la suerte de todos los dominicanos dependa de una minoría ruin y degenerada y de políticos canallas, con doctorados en robo y otras vagabunderías, no menos lesivas a los sagrados intereses de la patria.
En ese artículo, también revelé como ya otras naciones han adoptado el voto obligatorio, cosa que hice con el siguiente párrafo:
“Varias naciones ya tienen este mandato en sus constituciones: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Honduras, Paraguay, Perú, Panamá, Austria, Bélgica, Grecia, Luxemburgo, Egipto, y El Líbano. Y en Los Estados Unidos de Norteamérica y en Chile, ya se ha planteado esta obligatoriedad, sobre la base de que: “el voto no es sólo un derecho, sino también un deber; y si los ciudadanos quieren exigir derechos, tienen que cumplir deberes”.
Muchos se oponen esta obligatoriedad, argumentado que lesiona la libertad individual, lo es que cierto, interpretada la libertad linealmente; pero si nos atenemos a este concepto, también seria coartar la libertad, el cumplimiento obligatorio de normas imprescindibles a la convivencia humana en sociedad, tales como, las declaraciones de nacimiento, tener un documento de identidad como la cedula, tener pasaporte para poder viajar, más un largo etc. En este contexto, muchos se alegrarían, hasta que no hubiese restricciones para matar y robar; aunque en nuestro país, se está viendo, que lo de robar y matar, se ejerce por sobre el ordenamiento social, sin mayores consecuencias, en un vivir como chivos sin ley, en libertinaje, en nombre de la libertad y hasta del libre albedrio.
La cuestión es, que en contraposición a ese modo surrealista de libertad, es inherente a la condición humana, no tenerlo todo. En la mayoría de las veces, hay que sacrificar una cosa para obtener otra. En el caso que nos ocupa, es razonable y válido, ceder, hacer concesiones y dispensas, sacrificar una arista de la libertad individual, en aras de los beneficios derivados de unas elecciones que den al traste con los grandes males citados, que afectan de manera atroz las elecciones, con las cuales elegimos a nuestros gobernantes.
Dentro de las sanciones a considerar tenemos: el impedimento de sacar pasaporte, no poder hacer transacciones bancarias por varios meses o años, la imposibilidad para realizar otros actos civiles y comerciales, etc.; pero la cesación del constreñimiento aludido estará sujeto al pago de una elevada condena pecuniaria (siempre razonable y de acuerdo con la posición económica de cada quien), para impedir que los compradores de votos negocien la compra por una suma superior a la que el tribunal correspondiente pueda imponer; es decir, un millonario empresario o banquero que viola esta ley, no debe pagar pecuniariamente lo mismo, que un señor o señora, que vende frituras en una esquina, para poder sobrevivir.
Esta propuesta, la cual ya ha sido prohijada por otros dominicanos, la terminé, sugiriendo a los señores (Rafael Blanco Canto, Franklin Báez Brugal y Campos de Moya) y a todos los dominicanos preocupados por la suerte de nuestra patria. A ellos le solicité, ponderarla, hacerla suya, y al efecto promoverla. La misma, ante ellos no tuvo ningún impacto. No fue objeto de ninguna consideración. Como ya aludí anteriormente, estos señores, no se dieron ni por enterado de esta propuesta del voto obligatorio. Al parecer, es algo que no les interesa.
Finalmente, leí el artículo “El ciudadano del voto prepago” del magistrado Eddy Olivares Ortega, donde él denuncia, que tenemos ciudadanos, que en los hechos, no ejercen libremente el derecho al voto. Que las elecciones pasadas, fueron como un libre mercado, en el que reinó la ley de la oferta y la demanda, siendo notoria la cantidad de ciudadanos, sobre todo jóvenes, que negociaban su voto con representantes de los partidos políticos, principalmente con el gobernante, lo que equivale( según el magistrado Ortega), al símbolo de la degradación del ciudadano.
Analizando el párrafo anterior y otros considerandos del artículo en cuestión, he llegado a la conclusión, que los grandes fallos de nuestro sistema electoral, ya señalados por Olivares Ortega y por otros que han escrito sobre este asunto buscándole una solución (en los que me incluyo), todos, sin mayores diferencias, coincidimos en el diagnóstico y en las causas y efectos de esa problemática. Sólo nos hace falta ponernos de acuerdo con la solución de la misma.
Como no renuncio a mi propuesta del voto obligatorio, por la importancia que intuyo tendría su aplicación en la solución de todo el desmadre señalado, que se da en las elecciones presidenciales, congresionales y municipales de nuestro amado país; al efecto, sigo tocando puertas. Esta vez lo hago en el portón que da al casón del magistrado Eddy Olivares Ortega, solicitándole su parecer, sobre el voto obligatorio por las razones antes expuestas. Lo hago a él, un profesional entendido en la materia electoral, quien además, por su reciedumbre cívica y calidad moral, por sus honestas actuaciones dentro a la JCE, se ha ganado la respetabilidad de todos.
Conclusión
Espero que en esta ocasión, el magistrado Eddy Olivares Ortega, no soslaye o menosprecie mi solicitud (la que ya es la de muchos). Que frente a la misma, no se muestre indiferente o displicente, tal como ya lo han hecho otros, a los cuales hemos acudido, porque no vean en nosotros, un poder factico, digno de tomarse en cuenta.
Señor Ortega, espero su pronta respuesta, pero más que nada, su participación… sus buenos oficios, para que esta propuesta del voto obligatorio sea una realidad, en las elecciones a celebrarse en mayo de 2020. Lo exhorto a sumarse a los que conformamos esta cruzada, por esta noble y patriótica causa.
