Santo Domingo, R. D.- El presidente Constitucional de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona destacó que el Gobierno Dominicana y el sector industrial trabajan unidos en el propósito común de industrializar el país, reactivar la economía, generar empleos formales, riquezas y desarrollo para todos.
Al participar en el acto de entrega de reconocimiento que otorga la Asociación de Industriales de la República Dominicana (AIRD), el gobernante manifestó que los industriales han logrado mantener el norte en tiempo de turbulencias, producto de la pandemia global del Covid-19.
“Hoy construimos juntos una mejor República Dominicana para todos, convencidos de que solo juntos podemos sacar adelante a nuestro país”, subrayó el presidente Abinader, tras reafirmar que están todos en el mismo camino.
La AIRD reconoció con el Galardón al Mérito Industrial Póstumo a los industriales Eduardo Ramón Martínez Lima y Antonio Najri Acra (Don Papia); entregó, además, el galardón a la Labor Institucional de Apoyo al Sector Industrial al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y el galardón Nacional a la Industria Dominicana al Grupo Rica.
En la apertura, Celso Juan Marranzini, presidente de la AIRD, anunció que 64 industrias del sector invertirán más de RD$79,000 millones de pesos en el año 2022, generando más de 78,900 nuevos empleos productivos, fruto de la certidumbre en favor de la reindustrialización del país.
Reconoció el apoyo del presidente Abinader y su gobierno, al sector industrial del país. “Estamos comprometidos con la generación de empleos, seguros de que lo planteado por el presidente Abinader de 600,000 nuevos empleos tiene como marco fundamental al sector privado”, añadió Marranzini.
El presidente Abinader calificó este anuncio de grandes inversiones como el mejor regalo de Navidad para el país, y que alcanza niveles sin precedentes en la historia de la República Dominicana.
En ese sentido, resaltó que está presente en primer palazo y en toda actividad donde se generan empleos y esperanza.
Valoró estos galardones a los principales actores del sector industrial dominicano, a instituciones públicas que han jugado un papel determinante y a destacadas personalidades del mundo de los negocios, la empresa y la manufactura nacional.
Al referirse a la distinción al Ministerio de Industria y Comercio expresó satisfacción, por ser una de las instituciones del Estado que ha asumido con gran responsabilidad el papel que le corresponde para modernizar, fortalecer y apoyar a la industria dominicana. El presidente felicitó al ministro Víctor –Ito- Bisonó y todo su equipo.
“Pero quizás el premio que más me llena de satisfacción es el que hoy se otorga, a título póstumo, a dos grandes industriales de nuestro país: Don Antonio Najri Acra y don Eduardo Ramón Martínez-Lima”, indicó el presidente Abinader.
El mandatario definió a los empresarios como hombres de una larga trayectoria en la industria, de compromiso destacado en favor del bienestar colectivo y de reconocidos méritos, ejemplos de vidas dedicadas al desarrollo económico y social de la República Dominicana.
En sentido general, el jefe de Estado se refirió a los aportes para la recuperación económica, así como a la generación de puestos de trabajo, objetivos primordiales de la acción de gobierno.
La pandemia, dijo, ha desafiado la estabilidad de todos los países del mundo, pero que en el caso dominicano se está combatiendo, afirmando que los resultados serán exitosos. La industria local, sostuvo, se recupera a buen ritmo y es sinónimo de resiliencia.
“Es una industria que se ha ocupado de seguir trabajando para la generación de empleos formales de calidad. Se ha ocupado de hacer crecer la producción, a pesar de los sacrificios del año anterior”, agregó el mandatario.
Prioridad nacional
El presidente Abinader recordó que una de las primeras medidas tomadas al llegar al Gobierno fue la de declarar a la industria dominicana como una prioridad nacional y una política de Estado.
“Los industriales de la República Dominicana cuentan con el incondicional apoyo y acompañamiento de este gobierno, estamos siempre listos para batallar junto a ustedes”, garantió Abinader.
En estos 18 meses de gestión, hizo hincapié, han relanzado el Sistema Dominicano para la Calidad y dotado al país de la primera Política Nacional de Calidad 2021-2024, una tarea pendiente que cumplen para darle a la calidad la importancia que merece en la articulación de políticas públicas en el país.
Señaló que, a pesar de los grandes desafíos de estos tiempos, el sector industrial está creciendo, con un crecimiento económico interanual de un 14.3% del sector manufacturero, entre enero y junio del 2021, atendiendo a los datos del Banco Central.
El gobernante expuso que, según informaciones de la Tesorería de la Seguridad Social, en el mes de septiembre el sector de la manufactura local había recuperado el 96% de los empleos suspendidos por la pandemia.
Además, el sector industrial atrajo el 17% del total de las inversiones extranjeras en el primer trimestre del año 2021.
Premiación
La vicepresidente ejecutiva de la AIRD, Circe Almánzar, detalló el proceso de selección de los galardonados y habló de elementos destacados que fueron tomados en cuenta por el Consejo Nacional de estos Galardones. El presidente Abinader acompañó a los directivos de la AIRD a entregar los reconocimientos.
El Galardón a la Labor Institucional de Apoyo al Sector Industrial a Industria y Comercio fue recibido por el ministro Bisonó.
El Galardón Nacional a la Industria Dominicana al Grupo Rica lo recibió Pedro Brache, presidente ejecutivo.
En tanto, el reconocimiento al Galardón al Mérito Industrial, póstumo, en honor a Eduardo Ramón Martínez Lima, fue recibido por Eduardo Martínez-Lima Jr., doña Jeanette Gonzalvo de Martínez-Lima, así como Johanna Martínez-Lima y Alejandro Martínez-Lima.
Mientras que el Galardón al Mérito Industrial, póstumo, en honor a Antonio Najri Acra (don Papia) fue recibido por la familia Najri Acra, representada por María Filomena Najri y sus hijos Antonio y José Junquera Najri.
Gobierno Dominicano cancela autorización para intervenir el Río Yuna, por infracciones a las normas medioambientales
Santo Domingo. – El Gobierno, por medio del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales canceló mediante resolución administrativa la autorización que había otorgado a la empresa Moya & Mustafá Grupo Minero, para la adecuación del cauce del Río Yuna, tras comprobar que esta compañía cometió violaciones al referido permiso y, por ende, a la normativa medioambiental vigente en el país.
La cancelación de la autorización es la primera medida tomada ante la situación reportada, de conformidad con el artículo 8 de la Ley 64-00, el cual indica que prevalecerá el criterio de prevención.
Luego de que nuestros técnicos concluyan el informe final del caso, se establecerán las sanciones pertinentes que pudieran ser multas o sometimiento judicial.
La autorización VSA-062021-1009 de fecha 15 de junio del 2021, que fue violada por Moya & Mustafá Grupo Minero, tenía como objetivo mejorar el cauce del Yuna en un tramo de aproximadamente 500 metros, para evitar inundaciones y deslizamientos de tierra que afectan a las poblaciones aledañas y propiedades de particulares.
La misma permitía a la empresa el aprovechamiento de 15,000 m3 de material en el área del Río Yuna ubicada en la sección Los Corozos del municipio Cotuí, provincia Sánchez Ramírez.
Sin embargo, las informaciones obtenidas con la inspección levantada por los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente que dieron seguimiento en el terreno a las actividades de la compañía, reflejan de manera consistente las violaciones cometidas por Moya & Mustafá Grupo Minero a la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a otras normas y reglamentos medioambientales.
La cancelación fue ordenada por el ministro Orlando Jorge Mera tras recibir la información técnica de lugar.
Mediante la autorización VSA-062021-1009, el señalado grupo minero tenía la responsabilidad de mantener como límite la actividad el área anteriormente descrita y evitar que la incursión en el terreno afectara los cursos de agua periféricos y aprovechamiento del recurso agua en términos generales.
Asimismo, no afectar propiedades circundantes durante sus operaciones, colocar un sistema de señalización vial, aplicar las medidas de control para el manejo adecuado del tránsito vehicular y notificar el inicio de las operaciones, en virtud de que el área debería tener la garantía de un manejo adecuado.
El Ministerio de Medio Ambiente y recursos Naturales agradece la labor constante de denuncia de la población a través de diversos medios y reitera que mantiene una vigilancia estricta para impedir cualquier tipo de actividad que represente una amenaza para los recursos naturales en todo el territorio nacional.
Gobierno presenta propuestas de infraestructuras hidráulicas en cuenca del Yuna para mejorar el riego
Santo Domingo. – El Gobierno, a través del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), presentó una serie de propuestas de infraestructuras hidráulicas para mejorar la eficiencia del riego en la cuenca del río Yuna, la viabilidad para llevarlas a cabo y el impacto que tendrían en la disponibilidad de agua.
Dichas propuestas fueron abordadas como parte del Plan de Manejo Integrado de Cuencas y Apoyo al diseño y Operación de Infraestructura Hídrica en el río Yuna que implementa el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI).
El director ejecutivo del INDRHI, Olmedo Caba Romano, quien encabezó la reunión, destacó que con el referido plan buscan identificar y priorizar inversiones, así como mejorar la gobernanza del agua. Al recibir el informe preliminar de los avances del estudio, aseguró que sus conclusiones serán de provecho para determinar acciones orientadas hacia una gestión sostenible de los recursos hídricos que se enmarquen en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
La formulación del plan mediante una cooperación técnica no reembolsable, es apoyada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismo al que el funcionario agradeció por su respaldo. También expresó gratitud por la presencia de representantes de asociaciones y juntas de regantes, empresas y otros actores clave. “Existe una integración de los diferentes actores y estamos seguros de que las conclusiones serán de mucho provecho para determinar soluciones sostenibles en el tiempo y para optimizar los recursos hídricos en nuestro país”, dijo Caba Romano.
De su lado, Bruno Jacquet, especialista en Desarrollo Rural del BID, sostuvo que el estudio permitirá tomar decisiones más adecuadas para la gestión de los recursos hídricos, así como identificar las obras de inversión que mejoren las infraestructuras de riego. Dijo que también servirá como una herramienta de política pública para el manejo del agua en la referida cuenca.
Durante la presentación, José Raúl Pérez, director de Planificación para el Desarrollo Hídrico del INDRHI, señaló que el comité consultivo del proyecto viene participando activamente en las distintas jornadas de presentación de avances. Esta es la tercera reunión que desarrolla el organismo consultivo.
Algunas obras identificadas
Entre los proyectos de inversión identificados están adecuación de los sistemas de riego Río Camú, Masipedro, Yuna – Cañabón, AGLIPO I y AGLIPO II; desarrollo el proyecto AGLIPO III; construcción de las presas de Alto Yuna y del río Licey, además de la presa de retención de arrastre en el Yuna antes de la presa de Hatillo. También, adecuación del río Yuna en la cuenca baja, reforestación de la cuenca alta del Yuna, así como desarrollar un plan de inversiones en agua potable y saneamiento en el área de la cuenca.
En cuanto al impacto que tendrían esas obras, Adrián Gálvez y Anny Zumeta, técnicos consultores del BID, indicaron que a futuro podría reducirse la pérdida del agua para riego hasta en un 40%.
Con respecto a la conservación de cuencas, se recomienda el desarrollo de proyectos de agroforestería con café y cacao y se exhorta al establecimiento de operadores de canales que tendrían a su cargo la gestión de un sistema de inventario automatizado que permita, mediante el manejo de tecnologías, la programación de mantenimientos y el abastecimiento de los insumos de operación para garantizar el riego oportuno.
En la jornada, en la que se presentaron los resultados preliminares al Comité Consultivo, participaron Juan Fulvio Ureña, viceministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Melania Pérez Núñez, de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID); Manuel González Tejera, del Ministerio de Agricultura; Esteban Polanco y Nicaury González Moreta, de la Federación de Campesinos Hacia el Progreso; Santo Paulino, presidente de la Junta de Regantes Río Camú; Isabel García Cuenca, superintendente de Medio Ambiente de la empresa Barrick Gold – Pueblo Viejo, y representantes de la empresa consultora del proyecto, junto a otros funcionarios del BID y del INDRHI.
MIREX presenta posición del Gobierno Dominicano en relación con el comunicado de la CIDH
Santo Domingo. – El Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) emitió un comunicado en el cual informa la posición del Gobierno dominicano respecto a la postura presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A continuación, se comparte el documento íntegro:
COMUNICADO
El deterioro institucional de Haití, sobre todo a partir de 2019, ha agravado una situación excepcional y extraordinaria de ingreso masivo de migrantes haitianos hacia República Dominicana, entre ellos, mujeres embarazadas en procura de los servicios gratuitos de salud pública que su gobierno no les provee.
En 2018, se registraron 14,693 partos de madres haitianas en hospitales públicos dominicanos. En 2019, con el aumento de la inestabilidad en ese país, los partos casi se duplicaron a 27,984. En 2020, aumentaron a 30,322 y desde enero hasta septiembre de 2021 se han registrado 24,376 en la red de hospitales públicos. Esto implica que mientras en 2018, el 12.5% de los partos de la totalidad de la red pública fue de madres haitianas, esta proporción aumentó a 23% en 2019, a 27.2% en 2020 y a 30% en los primeros nueve meses del 2021.
Lamentablemente, Haití vive una situación de precaria gobernabilidad y violencia extrema que motiva a muchos de los ciudadanos a buscar servicios básicos fuera de ese país. Tal incapacidad del Estado haitiano para suplir las necesidades de su ciudadanía es una corresponsabilidad de la comunidad internacional, ya que Haití se encuentra bajo mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas desde 2004. Ese fracaso de la comunidad internacional en Haití ha dejado a República Dominicana en la inadmisible situación de atender por sí sola la ausencia de servicios públicos del país vecino.
Ese es el contexto en el cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA emite su injusto e inoportuno comunicado sobre las embarazadas haitianas en condición migratoria irregular en República Dominicana.
El Gobierno dominicano respeta irrestrictamente el principio de no devolución (non-refoulement) en el sentido de no deportar a individuos que corren el peligro de ser sometidos a torturas, tratos crueles, persecución política u otras violaciones graves a sus derechos humanos, en razón de su raza, credo, opinión política, nacionalidad, etc.
Sin embargo, consideramos que dicho principio no aplica en el presente caso ya que no se trata de perseguidos políticos, miembros de una minoría étnica o religiosa, ni un grupo político particular. En Haití lo que se vive es una situación de pobreza, desigualdad e inseguridad generalizadas, de la cual República Dominicana no tiene responsabilidad alguna.
Se toma nota de la Resolución 1/20 sobre Pandemia y Derechos Humanos y de los Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de todas las Personas Migrantes, Refugiadas, Apátridas y las Víctimas de la Trata de Personas, entre otros instrumentos citados por la CIDH en su comunicado, los cuales no consideramos aplican en las circunstancias actuales.
Es menester señalar que la normativa internacional sobre los migrantes vulnerables aplica para situaciones ordinarias de migración, en las cuales un Estado no puede discriminar o menoscabar los derechos de un grupo de migrantes frente a sus nacionales. De lo que se trata en este caso, es de una presión masiva y excepcional a los servicios públicos de salud dominicanos, frente a la carencia de estos servicios en Haití. El Estado dominicano tiene el derecho y el deber de controlar esta situación para evitar el colapso de los servicios de salud sexual y reproductiva en nuestra red pública de hospitales.
Las normas internacionales sobre migrantes no responden al estado de emergencia migratoria que asedia a nuestro país, la región y el mundo hoy día. En efecto, el hemisferio se encuentra sumido en una crisis nunca vista, donde decenas y decenas de miles de migrantes se movilizan por Centroamérica y Norteamérica. La mayoría de los Estados de paso y de destino de la región se ha visto obligada a tomar medidas para deportar a esta abrumadora cantidad de migrantes.
Este es un problema hemisférico y global que requiere soluciones creativas y novedosas, desde una perspectiva multilateral, con el aporte de los Estados y los organismos internacionales. No es el momento de recriminar a los Estados que responden a esta situación en función de su actual infraestructura de servicios, cuya primera responsabilidad es hacia sus ciudadanos.
Invitamos a la CIDH a consultar con el Estado de manera oportuna las situaciones particulares de las que tenga conocimiento y que puedan generarle dudas para, a través de los canales oficiales, para suministrar las informaciones necesarias y así evitar descontextualizaciones ante la opinión pública, reputando como veraces situaciones no verificadas.
Respecto a la denuncia sobre un caso en el que una mujer haitiana fue supuestamente deportada después de dar a luz y separada de su bebé, el Gobierno dominicano afirma que, después de investigar, no existe evidencia de que esto haya ocurrido. Hasta el día de hoy se han registrado cuatro casos de mujeres que han entrado en labores de parto al momento de ser trasladadas al centro para migrantes ubicado en Haina.
En esos casos, todas fueron enviadas al hospital en ambulancia y luego de haber recibido el alta médica, la Dirección General de Migración (DGM) las trasladó de regreso, igualmente en ambulancia, a recintos de acogida, donde se les ha provisto de alimentos, vestimenta, refugio y productos de higiene personal para la madre y los neonatos.
En todo caso, la DGM mantiene un protocolo para los migrantes vulnerables, como es el caso de las mujeres embarazadas, en el que se garantiza la seguridad, la integridad y la salud de las personas. En primer lugar, la Dirección General de Migración cuenta con un servicio de ambulancia las 24 horas del día para el traslado de las embarazadas a un centro hospitalario, de ser necesario. Asimismo, se habilitó un presupuesto especial para pagar los gastos de emergencia requeridos. En caso de que se haya dado ingreso a una embarazada en un centro de salud, las autoridades no penetran al mismo, solo el personal médico que asume el caso.
Cabe destacar que este protocolo integra la incorporación de un equipo conformado por mujeres en los operativos, para garantizar la integridad física de las pacientes, e impide tajantemente la deportación durante las labores de parto. La repatriación solo ocurre cuando es médicamente seguro para la madre y la criatura. Para atender los casos de las embarazadas próximas a dar a luz, se cuenta con el apoyo del Consejo Nacional de la Niñez (CONANI).
El Gobierno dominicano reafirma su compromiso con el derecho internacional general y americano, así como, en particular, con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los demás tratados en la materia ratificados por el país.
Sin embargo, ante la incapacidad del Gobierno haitiano para resolver las necesidades básicas de su población y la inexcusable ausencia de la comunidad internacional en ese sentido, República Dominicana manifiesta su más enérgico rechazo a la irresponsable pretensión de colocar la solución de los problemas haitianos sobre los hombros dominicanos. Nunca habrá una solución dominicana a la situación haitiana.
