Padres que pagaron para traer a sus hijos a Estados Unidos de forma clandestina aseguran que se vieron obligados a hacerlo para salvarlos de la muerte y que la administración Trump debería, en vez de querer detenerles, comprender sus razones.
“Lo que este Gobierno no ha entendido es que si uno se arriesga a traer los hijos es porque no hay otra opción. Es mandar el dinero para que los traigan o para el entierro”, declaró a Efe José A., un padre que pagó por traer a sus dos hijos al país y que prefiere mantener su apellido en el anonimato.
La historia de José A. empieza cuando dejó a sus hijos al cuidado de los abuelos maternos en Guatemala para venir a Estados Unidos a buscar un mejor porvenir.
Aunque él y su esposa no habían pensado traer a sus pequeños, la muerte de un primo adolescente que vivía con los niños encendió las alarmas de los dos inmigrantes.
“Yo no quería traerlos pero amenazaron a todos los de la casa y no tenía alternativa. Si el presidente tuviera que elegir haría lo mismo que nosotros”, aseguró Elsa (nombre ficticio), madre de los niños.
La guatemalteca agregó que fueron las promesas de que los menores estarían seguros si ingresaban solos por la frontera, lo que hizo que ella tomara la decisión de traerlos.
“Lo que se comentaba era que los detienen, les toman su información, los mandan a un albergue, la trabajadora social te llama, te piden tus datos, pagas el boleto de avión y tus hijos van a estar contigo”, dijo.
Detalló que tras tomar la decisión enviaron el dinero a un familiar, quien se encargó de traer a los niños que ingresaron en 2014 con 9 y 7 años de edad.
Teresa Tejada, directora de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (ASOSAL), explicó que la mayoría de los padres inmigrantes de Centroamérica tratan de traer a sus hijos con personas conocidas o de la familia.
“Se vinieron para darles un mejor futuro a esos niños, y están tratando de sacarlos de la violencia que viven nuestros países, no van a arriesgarlos tan fácilmente”, aclaró.
Con las nuevas directrices de la Administración Trump para combatir el tráfico humano, están en el punto de mira también los inmigrantes indocumentados que pagan para traer a sus hijos al país de manera clandestina.
Pese a ello, José A. y Elsa dijeron que no se arrepienten de haber traído a sus hijos e indicaron que es más fuerte el miedo que se siente sabiendo que tus hijos pueden ser víctimas de la violencia, que a enfrentar el castigo que la Administración Trump pretende imponer a los padres que han pagado para traer a sus hijos.
“Desde que nos arriesgamos a venir sin papeles hemos tenido miedo, pero ahora que estamos todos como familia, trabajando, sin hacerle daño a nadie nos hemos hecho más fuertes y trataremos de enfrentar unidos esta persecución”, aseveró Elsa.
La nueva “persecución”, como llamó Elsa a las recientes medidas del Gobierno federal, ha generado varias reacciones y una ola de llamadas a los defensores de los indocumentados.
“Hay mucho temor, especialmente de quienes tienen que presentarse a corte con los niños que están pidiendo asilo político, porque creen que los van a arrestar en la audiencia”, explicó el abogado de Inmigración, Alex Galvez.
Patricia, una madre salvadoreña que trajo a su hija de 10 años el año pasado, está esperando con miedo presentarse en corte para demostrar que su hija se merece un asilo político.
“Probarlo es muy difícil, el testimonio de los niños no es aceptado, y tendrían que tener la declaración de los traficantes”, indicó Galvez quien cree que esta medida, como muchas otras de la actual Administración, sólo pretenden crear una ola de miedo pero que es casi imposible de implementar.
“No sé que hacer, si me arrestan o me deportan con quién se queda mi hija, soy lo único que ella tiene en la vida”, aseguró Patricia.
La inmigrante Leticia Argentina González considera que la nueva política de la Administración no tiene sentido, porque “debería ir contra los coyotes” y no los padres.
Hace diez años, la salvadoreña vivió una pesadilla de la cual dice aún no se despierta. Sus dos hijas Luz Karina Campos de 12 años y Blanca Lilia Campos de 10, se perdieron en el desierto junto a su cuñada cuando intentaban entrar al país.
Un año y medio después, las autoridades federales recuperaron los restos de los cadáveres de las tres inmigrantes que habían sido abandonadas en el desierto por los traficantes.
Los traficantes, a pesar de haberlas perdido, intentaron en varias ocasiones extorsionar a González, y pese a la labor del FBI nunca se dio con el paradero de los criminales. En El Salvador un miembro de la red fue el único juzgado por la muerte de las tres inmigrantes.
El abogado de inmigración Fernando Romo explicó a Efe que la política de castigar a los padres por participar en tráfico de sus propios hijos no es nueva.
“Implementar esas acusaciones (de tráfico) no va a ser fácil”, aseguró el abogado quien indicó que para las autoridades va a ser muy difícil probar algo cuando una persona es cómplice y víctima a la vez.
Mientras la Administración Trump promociona su campaña, la familia de José A y Patricia reúnen pruebas que demuestren que su decisión era de vida o muerte.
“Creo en la justicia de este país, y lo único de que somos culpables es de querer a nuestros hijos”, concluyó José A.
