Según la medida impulsada por la legisladora Nily Rozic, el estado no podrá firmar contratos ni invertir en compañías que sean contratadas para ese proyecto nacional. Es la más reciente iniciativa del estado para contrariar al nuevo gobierno, e indicio de las crecientes tensiones entre Washington y las gobernaciones de estados de mayoría demócrata como California y Nueva York.
“Muchos de nosotros hemos estado pensando en maneras de contrarrestar las acciones que han estado viniendo de Washington D.C.”, dijo Rozic a The Associated Press. “Esta será una manera decisiva y eficaz de mostrar dónde están nuestros valores”.
El estado de Nueva York suele otorgar grandes contratos a empresas e invertir miles de millones de dólares en fondos de pensión. Ya ha aplicado fuertes restricciones a empresas que hacen negocios con Irán, o las que participen en un boicot contra Israel.
Rozic dijo que, si bien es verdad que es inusual aplicar restricciones cuando se trata de un proyecto federal, el estado de Nueva York debe defender sus principios de tolerancia y diversidad.
“Represento a uno de los distritos más diversos de nuestro estado, y siento un profundo compromiso con mi responsabilidad de defender a nuestras comunidades inmigrantes”, dijo Rozic.
Según la ley, las autoridades estatales tendrán que elaborar una lista de las empresas que estén involucradas en la construcción del muro, y se le prohibiría al estado invertir en esas compañías u otorgarles contratos.
Es posible que la medida prospere en la asamblea, que es de mayoría demócrata, pero su futuro es incierto en el Senado, donde dominan los republicanos.
Los demócratas en Nueva York han anunciado otras medidas para resistir las propuestas y políticas del nuevo gobierno.
Hace pocos días, el gobernador Andrew Cuomo inició el proceso para exigirle a las compañías aseguradoras que financien los métodos anticonceptivos y los abortos de necesidad médica. Y el fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, ha prometido resistir una orden ejecutiva firmada por Trump de privar de fondos federales a las ciudades que se declaren “santuarios”, es decir, cuyas fuerzas policiales se niegan a detener a personas por su estatus migratorio.
