La noche del domingo 7 de abril de 1963, en una espectacular comparecencia televisada, el presidente del partido Vanguardia Revolucionaria Dominicana (VRD), Horacio Julio Ornes Coiscou, denunció que el ministro Diego Emilio Bordas Hernández había hecho uso de su autoridad pública para obtener del ayuntamiento municipal de Barahona, a favor de una empresa suya, un contrato de participación en la explotación de la sal marina de Puerto Alejandro, además de la autorización para distribuir de manera exclusiva toda su producción en el país y el extranjero.
Bordas era el secretario de Estado de Industria y Comercio del gobierno del presidente Juan Bosch, y según la denuncia había cometido corrupción administrativa, contradiciendo el empeño moralista del jefe del Estado, quien al tomar posesión de su cargo el 27 de febrero pasado, se había comprometido a realizar una gestión democrática con “oídos abiertos para oír la verdad, ojos activos para ver lo mal hecho antes de que se realice, mente vigilante para que nada ponga en peligro la libertad de cada ciudadano, y un corazón libre de odios, dedicado día y noche solo al servicio del pueblo”.
Ornes Coiscou reveló -de igual modo- que en su condición de presidente ex-oficio del comité investigador de las empresas estatales, el citado ministro había dispuesto la cancelación de otro contrato perteneciente a una compañía puertorriqueña llamada “Imbert Corporation”, exportadora del cemento dominicano que se vendía en las Islas Vírgenes, y que lo hizo para adjudicárselo a una firma suya que desde el año 1957 se dedicaba a ese mismo negocio, aunque confrontaba serios inconvenientes en su operación comercial, al ser acusada por la oficina de Aduanas de los Estados Unidos de violar la legislación tarifaria internacional que prohibía la comisión de dumping, o acaparamiento de un producto que luego, en competencia desleal con otras empresas, se vendía en el mercado a un precio inferior al concertado.
Esa acusación por su gravedad causó un gran revuelo público al estar dirigida contra un ministro de un gobierno que sólo tenía cuarenta días en el poder, y por proceder del líder de Vanguardia Revolucionaria Dominicana, un antiguo aliado del presidente Bosch que contribuyó a su triunfo en las elecciones del 20 de diciembre de 1962, aunque no participaba en su gobierno por su inconformidad con la composición de su gabinete; sobre todo, por su obstinado reparo a la escogencia de Bordas como su ministro de Industria y Comercio, bajo la creencia de que era un empresario corrupto, a quien en los Estados Unidos se le imputaba violación a la Ley Antidumping y una sospechosa relación con la firma de abogados de Robert G. Baker, su fervoroso defensor en el litigio que había obstaculizado las exportaciones de cemento de su empresa a varios países del hemisferio.
Debido al peso de la denuncia, Bordas renunció a su cargo el lunes 8 de abril de 1963 en carta dirigida al presidente Bosch, que fue reproducida por los diarios nacionales, donde elogiaba las metas de progreso del gobierno y le expresaba su fe en el éxito, así como su lealtad y amistad inquebrantables, además de anunciarle su decisión de someter a la acción de la justicia a su detractor, por haber sembrado la duda sobre su honestidad y causar con su acusación temeraria un severo daño a su imagen pública.
El ministro renunciante comunicó también que a través de sus abogados, doctores Ramón Pina Acevedo y Martínez y Quirico Elpidio Pérez, estaba formulando una demanda por daños y perjuicios a su detractor, quien al injuriar y difamar su persona había infringido la Ley No. 6132 del año 1962, sobre expresión y difusión del pensamiento, en sus artículos 23, 29, 30 y 31.
Al día siguiente, el presidente de la República aceptó la renuncia, “para dejarlo en libertad de que actúe como ciudadano, sin ninguna vinculación oficial”, y con palabras emotivas y llenas de elogios manifestaba su agradecimiento por los servicios que había prestado a su gobierno este individuo que había conocido en el exilio y que se hizo entonces su amigo, adquiriendo luego la condición de hombre de su absoluta confianza, su colaborador leal, a quien le permitiera obrar desde el poder como un superministro al frente de la cartera de Industria y Comercio y en otras funciones conexas, como la presidencia del Consejo de Administración de la Fábrica Dominicana de Cemento y de la Comisión de Defensa del Azúcar, que era el organismo encargado de velar por todo cuanto se refería a la producción del edulcorante de la caña en el país.
Según manifestó el jefe del Estado, se sentía personalmente complacido de que Bordas lo llamara “su amigo”, y plenamente satisfecho con su trabajo; pues creía que nadie podía decir que mientras fue ministro de Industria y Comercio medró los intereses del pueblo, porque su mejor galardón había sido “la venta de 35 millones de galones de miel a 21 centavos el galón en puerto dominicano, precio record en la historia de las negociaciones de azúcar y melazas”.
Bosch concluyó su misiva invitando a quien deseara asegurar lo contrario a su creencia, “que no rehúya a la justicia; que presente pruebas ante los jueces” y exponga la razón de su insatisfacción precipitada.
Bordas se concentró en la tarea de argumentar jurídicamente la querella, examinando junto a sus abogados todos los argumentos y cada detalle sobre el tema de la difamación, pero sacaba tiempo para visitar a uno de sus grandes amigos en la casa de Gobierno, que ocupaba el puesto de consultor jurídico del Poder Ejecutivo; este era el abogado francomacorisano don Luis Moreno Martínez, hermano del excandidato presidencial y presidente del Partido Revolucionario Social Cristiano, doctor Alfonso Moreno. Estando un día allí fue abordado por la prensa sobre el juicio en marcha, y contestó que saldría victorioso de ese percance para regresar al gabinete, aunque le confesó al reportero del diario La Prensa, el periodista José Jiménez Belén, que estaba preparado para aceptar cualquier designación, ya que “si el gobierno del presidente Bosch me nombra barrendero de las calles de Santo Domingo yo seré barrendero de las calles de Santo Domingo”.
Historia
El doctor Bordas era un joven empresario puertoplateño de unos 40 años de edad que había sido nombrado ministro por su vieja amistad con el profesor Bosch y en reconocimiento a su contribución con la causa democrática durante sus 18 años de exilio antitrujillista, tomando parte activa -junto con Bosch- en la fracasada invasión contra Trujillo, surgida de Cayo Confites, en 1948; aunque por los conflictos y enemistades que se suscitaron entre los líderes participantes, decidió entonces retirarse de la vida política militante, sin dejar de ser un colaborador efectivo de Bosch y de los exiliados en diferentes países donde le tocó residir en esa época.
Mientras estuvo en el exilio, su empresa “Bordas Corporation” fue manejada en el país por su hermano Luis Manuel Bordas Hernández (Manolo), quien en los días finales de la dictadura de Trujillo, entró en sociedad con Francisco Martínez Alba, el acaudalado cuñado del dictador que regenteaba la Fábrica Dominicana de Cemento, C. por A, pactando con éste un acuerdo en diciembre de 1960, mediante el cual su compañía cargó con la responsabilidad de administrar en el exterior el negocio del cemento.
Ese compromiso tan importante mostraba sin duda que los hermanos Bordas eran empresarios acaudalados y reconocidos industriales dominicanos en el momento en que ocurrió el ajusticiamiento de Trujillo en 1961; pues para esa fecha, su compañía negociadora de cemento, además de estar firmemente establecida en el extranjero, ya había logrado salir airosa del conflicto judicial en que estuvo envuelta por la imputación sobre dumping.
Su incriminación en esa disputa procesal se convirtió finalmente en una gran victoria, tras la resolución dictada por la Comisión de Arancel de los Estados Unidos, de fecha 18 de abril de 1962, permitiéndole vender el cemento en ese mercado, pese a la fuerte oposición de sus competidores. Aunque eso tuvo un costo bien alto, por el pago previo de 2 mil dólares en honorarios a su defensora jurídica, que era la firma de abogados Tucker & Baker, dirigida por Robert G. Baker y su socio Ernesto C. Tucker.
Después de eso, la firma “Bordas Corporation” volvió, sin embargo, a afrontar un nuevo problema, ya que de modo inesperado, a sólo 36 horas de que su propietario regresara del exilio, comenzó a ser perseguido por sectores económicos muy activos dentro del gobierno del Consejo de Estado, los cuales maquinaban apoderarse de su negocio, aduciendo que debía ser confiscado por su anterior relación con la Fábrica Dominicana de Cemento, una empresa que había pertenecido a la familia Trujillo y que -como ya hemos dicho- la dirigía el cuñado del tirano, el comerciante español Panchito Martínez Alba.
El nuevo peligro afloró durante la noche del martes 20 de febrero de 1962, mientras Bordas se encontraba en el hotel Hamaca de Boca Chica, despidiéndose de su compueblano y amigo César Reyes Kundhart, tras una larga jornada de trabajo y sintiéndose visiblemente agotado. Entonces llegaron al lugar dos oficiales de la Policía, un coronel y un capitán de apellido Morillo, que se le acercaron, y tras una cortés, pero intimidante salutación, se le invitó a acompañarles al Palacio Nacional, al despacho del general vitalicio Antonio Imbert Barrera, miembro del Consejo de Estado, quien deseaba conversar con él sobre asuntos de interés recíproco.
Les respondió que había tenido un día de mucha faena, sumamente agotador, y se disponía irse a descansar, asegurándoles que al día siguiente, bien temprano, visitaría el despacho del general Imbert en la casa de Gobierno. Pero los oficiales fueron insistentes y Bordas procedió a llamar por teléfono al poderoso consejero, a su oficina en el Palacio Nacional, aunque fue imposible localizarlo, pues ya se había marchado y a esa alta hora de la noche, las oficinas estaban cerradas y no había un solo funcionario en el lugar.
Entonces, a sugerencia de los dos oficiales llamó al jefe de la Policía, general Belisario Peguero Guerrero, quien le invitó a pasar de inmediato por su despacho, indicándole que era un asunto urgente, pero de rápida solución; y correspondió a la convocatoria activándose con presteza. Y aunque estaba exhausto, en compañía de los dos oficiales y de su amigo Reyes Kundhart, partieron hacia la ciudad de Santo Domingo, advirtiendo al llegar al palacio policial que había sido engañado, pues supo enseguida que estaba arbitrariamente preso, junto a reconocidos profesionales universitarios vinculados con grupos de izquierda, que iban a ser deportados por presunta asociación con actividades subversivas contra el gobierno. Estaban allí los doctores Hugo Tolentino Dipp, Francisco Alberto Henríquez Vásquez (Chito), José Vinicio Calventi Gaviño, Marcio Antonio Mejía-Ricart Guzmán, José Ricardo Feris Iglesias y Fausto Martínez.
Bordas pasaría diez meses de angustia al ser enviado de nuevo al exilio, pudiendo regresar a su país sólo dos días después del triunfo del profesor Bosch en las elecciones del 20 de diciembre, batiendo así la trama política que perseguía despojarle de sus bienes. A seguidas asumió el control de su negocio de cemento, aunque dejó en manos de su hermano Luis Manuel la rienda de la Agencia Marítima Nacional, C. por A., que para esa fecha comenzaba a explorar cómo vincularse con el ayuntamiento municipal de Barahona, que había obtenido -mediante la Ley No. 5225, de fecha 21 de diciembre de 1961- la concesión para la explotación de la cantera de sal en Puerto Alejandro, que no tenía nada que ver con las minas de sal y yeso de Las Salinas.
Su hermano Luis Manuel, en calidad de presidente de la citada compañía, hizo contacto con los regidores del cabildo de Barahona; especialmente con el doctor Carlos A. Castillo, estableciendo una relación de apariencia diáfana, ya que éste viajaba con cierta frecuencia a la capital a sostener intercambios de impresiones con los hermanos Bordas, convirtiéndose en una especie de enlace con la dirección de esa corporación edilicia, que les ayudaría a concertar un contrato de sal a gran escala, sobre la base de ofertar al cabildo la suma de cuarenta mil pesos y obtener el derecho de compra y venta de toda la producción de sal del proyecto de Puerto Alejandro.
Con ese dinero el ayuntamiento de Barahona estaría en condiciones de encarar y resolver las urgencias de empleos de decenas de personas sin trabajo.
Esa intención estaba contenida en la carta de fecha 29 de marzo de 1963, que el presidente de la Agencia Marítima Nacional, C. por A., Luis Manuel Bordas, le dirigiera al regidor Castillo autorizándolo a gestionar con los miembros de la sala capitular el referido contrato, y poniéndole al tanto de las diligencias que había hecho en Alemania para comprobar mediante análisis químico la calidad de la sal, y así poder anunciarla y promoverla en Europa.
El juicio a Ornes y absolución
Diego Bordas sometió a Ornes a la justicia por difamación e injuria, siguiendo el consejo de sus abogados y creyendo que éste no poseía -ni conseguiría- una prueba fehaciente para demostrar que fuese realmente un funcionario corrupto, que se había valido de su alta posición en el gobierno de Bosch para monopolizar el negocio del cemento y la sal.
Pero el “zar de la sal”, como fue bautizado por sus adversarios, no calculó que Ornes desataría una vigorosa ofensiva por los medios de comunicación, con el auxilio de su hermano Germán Emilio, propietario del periódico El Caribe, un medio sumamente influyente en los sectores de clase alta y media de la sociedad dominicana de la época; ni que recibiría el respaldo militante de los principales líderes de la oposición, encabezados por los doctores Mario Read Vittini, Juan Isidro Jimenes-Grullón y el general Miguel Ángel Ramírez Alcántara.
Con ese respaldo, Ornes proseguiría liderando la tribuna pública, yendo a mítines políticos y a programas de radio y televisión, a ratificar sus argumentos sobre corrupción administrativa, para mantener a Bordas a la defensiva, respondiendo sus ataques con polémicos agravios, como decir que en la provincia de La Vega Ornes estaría promoviendo desalojos de campesinos de los predios pertenecientes a su esposa, la señora María Mercedes Rodríguez Vásquez, hija y heredera del general Juancito Rodríguez.
A Ornes le era muy difícil probar la veracidad de sus denuncias, pero con el apoyo señalado, se concentró en la realización de una investigación profunda del negocio de la sal, buscando testimonios fehacientes para demostrar que sí había corrupción administrativa y tráfico de influencia en las operaciones del ministro renunciante.
Al respecto, el doctor Manuel Ramón Morel Cerda, procurador fiscal del Distrito Nacional cuando se hizo ese juicio, nos dice en su reciente obra “Testimonios desclasificados, retazos narrativos de hechos verídicos”, que Ornes se prevalió de un recurso jurídico de defensa conocido por el nombre de la “excepción de la verdad”, “al que tiene derecho una persona acusada de difamación, durante el juicio conocido en la Tercera Cámara Penal, presidida por el magistrado Bruno Rodríguez Gonell, y de esa manera pudo librarse de una condena.”
Ilustró el reputado jurista que la defensa de Ornes “presentó pruebas documentales que daban cuenta de que en algunos casos aparecía claramente las operaciones realizadas, de dudosa aceptación para un funcionario público, y en cambio, la parte civil constituida, a cargo de los abogados del señor Bordas, se limitó a negar la ocurrencia de los mismos”
Agregó que Bordas negó rotundamente la comisión de los hechos, pero que los documentos aportados por el imputado probaban su ocurrencia, que los mismos se habían producido y se erigían en la “excepción de la verdad” planteada, viéndose el fiscal en la obligación de hacer una solicitud de descargo de la acusación de difamación ante el juez referido, quien en la última audiencia celebrada el 19 de septiembre de 1963, y tras una deliberación que se prolongó por doce horas, acogió en todas sus partes el dictamen del Ministerio Público, que libraba de toda responsabilidad penal a Horacio Julio Ornes Coiscou, por no haber cometido los delitos que se le imputaban sobre violación de la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento, ni ser tampoco culpable del delito de ultraje en perjuicio del doctor Diego Bordas.
