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SANTO DOMINGO.- La Superintendencia de Seguridad Privada del Ministerio de Defensa (MIDE) ordenó la intervención y cierre de la empresa Black Wolf Security, cancelando su licencia de operación por violar las reglas que rigen esta actividad.
Es la quinta entidad comercial de seguridad privada intervenida y la segunda que se cierra, desde que se produjo el cambio de dirección de esta dependencia en agosto del año pasado y se designó al frente de ella al general de brigada del Ejército República Dominicana (ERD), Amílcar Fernández Tejada.
La Superintendencia explica que al investigar las operaciones de Black Wolf Security se detectó un manejo y transporte irregular de las armas de fuego, incluyendo escopetas con la misma numeración, y el uso de extranjeros sin cumplir la Ley de Migración.
La resolución manda la intervención inmediata y designa un coronel del ERD para hacerse cargo de las operaciones y servicios de seguridad, las armas y pertrechos militares y la supervisión del personal, que estará a cargo de un coronel del Ejército República Dominicana.
Además le otorga un plazo de 90 días.
Los asuntos administrativos sigue a cargo de los órganos directivos y el equipo gerencia de la empresa, que tienen un plazo de 90 días para finiquitar los aspectos administrativos, disolver los contratos con sus clientes, resolver los compromisos con el personal y atender cualquier otro aspecto pendiente. La gerente general de la firma es Erika Martha Pfitner.
La resolución de intervención está fechada el 13 de enero pasado y la Superintendencia concede un plazo de 10 días a Black Wolf Security para recurrirla.
El 2 de diciembre pasado la Superintendencia ordenó el cierre de la empresa Private Security, e intervino otras dos a las que otorgó un plazo de 90 días para poner en orden sus operaciones y el manejo de los pertrechos militares y el personal que utiliza en sus servicios con la advertencia de que de no hacerlo podrían ser clausuradas.
La superintendencia tenía bajo investigación a Private Security y decidió intervenirla, cerrar sus operaciones y otorgarle un plazo de 90 días para disolver los contratos con sus clientes y cumplir los compromisos con su personal.
Las otras dos empresas intervenidas son Galver Security Corp cuya gerente es Verónica Ureña Bautista; y Guardianes Portorreal (GUAPOSA), que dirige Luis Rivera Portorreal. La decisión fue adoptada por el descontrol en la gestión del personal y en el manejo de las armas; y tienen 90 días para demostrar que han corregido las anomalías, en caso contrario podrían ser cerradas de manera definitiva.
