México se encuentra entre los 25 países con más víctimas de trata de personas identificadas, por lo que se deben atender de forma urgente “las contemporáneas formas de esclavitud”, advirtió hoy la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La CNDH “llama a las autoridades y sociedad en su conjunto a brindar urgente atención a las contemporáneas formas de esclavitud, ya que de acuerdo con el Índice de Esclavitud Mundial 2016, México se ubica en la posición número 20 entre 167 naciones, con porcentaje de vulnerabilidad de 47”, indicó hoy el organismo en un boletín.
En el marco del Día Internacional para la abolición de la Esclavitud, la Comisión recordó que los datos oficiales arrojaron para el periodo de 2009 al 2015 un total de 1.267 víctimas de trata de personas detectadas e identificadas en los procesos judiciales y sentencias.
De estos, 42,2 % eran personas mexicanas, 7,18 % extranjeras, y del 50,59 % restante no se contaba con información sobre su nacionalidad.
Además, el Reporte sobre Trata de Personas 2017 del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, en torno a México, destaca que la complicidad oficial continúa siendo un problema grave y poco abordado, agregó el comunicado.
Este informe destacó también que los refugios siguen siendo “inadecuados en comparación con la magnitud del problema” y que los servicios a las víctimas no están disponibles en todo el país.
Ante este panorama, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, subrayó que si bien en México la esclavitud se encuentra formalmente abolida e incluso penalizada, familias completas provenientes de comunidades rurales indígenas siguen viéndose obligadas a migrar.
En este proceso, a menudo terminan “enganchadas y sometidas en los trabajos forzosos en fincas donde se encuentran bajo el yugo de personas que, a sabiendas de que no serán castigadas, las mantienen bajo promesas de pagos, en condiciones indignas e insalubres”.
De igual forma, en el marco de esta conmemoración, González Pérez instó a los gobiernos federales y estatales a acrecentar la lucha contra la pobreza, la discriminación, sobre todo la de orden estructural, el analfabetismo, la violencia de género, la exclusión y la violencia, que sitúan a las personas en altas condiciones de vulnerabilidad.
