Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes denuncian que los activistas que no cuentan con la ciudadanía estadounidense son el un nuevo objetivo de las autoridades federales para crear miedo entre los indocumentados y golpear este movimiento de protesta.
Las acciones de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) contra al menos cuatro líderes comunitarios confirmarían esta nueva política de la Administración Trump para desestabilizar las manifestaciones de resistencia a nivel nacional, según observan diversos grupos.
El arresto la semana pasada e inminente deportación de Ravi Ragbir, director de New Sanctuary Coalition de Nueva York, además de las detenciones de los activistas Jean Montrevil, de Nueva York, y Eliseo Jurado, de Colorado, son casos que sirven para ilustrar la denuncia.
“Lo que quieren es infundirnos miedo, la administración se siente presionada y no encuentran la forma de callarnos”, aseguró a Efe Maru Mora Villalpando, fundadora de Latino Advocacy y quien afirma estar en la mira de ICE.
La inmigrante mexicana, de 47 de años y que se encuentra en el país de forma indocumentada, recibió recientemente una citación para presentarse ante las autoridades federales y explicar su situación migratoria.
Nunca, dice, ha tenido contacto con las autoridades migratorias desde que ingresó al país con una visa de turista en la década de 1990, ni tampoco existe tiene registro alguno con las autoridades locales del estado de Washington, desde donde ha liderado un movimiento para denunciar las condiciones de los centros de detención de la costa oeste del país.
Un caso que se asemeja al del mexicano Eliseo Jurado, esposo de Ingrid Encalada Latorre y un líder del movimiento santuario de Colorado, quién sin tener ningún proceso pendiente con ICE fue detenido la semana pasada en un estacionamiento tras vivir 30 años en Estados Unidos.
De acuerdo a Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), el ir tras los activistas es una estrategia propias de dictaduras: “Si intimidas y anulas al activista la lucha se va a terminar, y es lo que no podemos permitir”.
En la mira de las autoridades federales estarían también funcionarios locales y estatales, según se desprende de lo que dijo esta semana en el Congreso la Secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, quien confirmó que su agencia estudia enjuiciar a aquellos funcionarios que no colaboren con ICE.
“Estas amenazas contra los oponentes políticos del presidente (Trump) tienen la intención de intimidarnos, están diseñadas para silenciarnos y subyugarnos. Pero harán todo lo contrario”, respondió en un comunicado el líder del Senado californiano, Kevin De León.
La alcaldesa de Oakland, Libby Schaaf, afirmó por su parte estar dispuesta a ir hasta la cárcel por defender las políticas de “santuario” que observa esta ciudad californiana.
El rechazo se oye también desde la Cámara de Representantes, donde la congresista Pramila Jayapal calificó la persecución de Mora Villalpando como una intimidación contra la comunidad inmigrante para que no ejerza sus derechos.
“Están infringiendo las leyes, no quieren dar explicaciones a nadie, a mi no me han permitido acceso a información sobre mi propio caso, eso es ilegal”, manifestó Mora Villalpando, quien criticó así la “falta de control” en la que están operando agencias como ICE.
La familia de Ragbir, un inmigrante de Trinidad y que tras su detención ha sido trasladado a Miami, denunció también que ICE incumple sus propias reglas.
Las autoridades federales posiblemente repetirán con Ragbir los mismos pasos que dieron en el caso de Montrevil, quién fue deportado a Haití a pocos días de ser detenido en Nueva York.
“Tiene que ser por que soy parte del nuevo movimiento santuario” dijo Montrevil desde Haití en una entrevista con Amy Goodman, de Democracy Now, respecto a las razones de su arresto y detención.
Los grupos defensores de los inmigrantes aseguran que es momento de que la comunidad respalde a sus líderes y que dentro del movimiento salgan a la luz más personas que puedan convertirse en una nueva generación de activistas.
“Probablemente algunos tendremos que pagar con la cárcel o que nos alejen de nuestra familia, pero yo estoy dispuesto a hacerlo por el bien de la comunidad”, aseveró Alvarado.
A pesar del riesgo que implica, Mora Villalpando viajó a la capital para sumarse a la concentración de hoy frente al Capitolio nacional, en donde cientos de activistas ejercen presión a Congreso y reclaman una solución “inmediata” para los “soñadores”, los jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo niños.
“No le tenemos miedo al ICE. Sólo estamos peleando por nuestros derechos y eso es lo que ha hecho grande a Estados Unidos, y nosotros hacemos parte de esta comunidad”, manifestó la activista.
