Los 23 presos ejecutados este 2017 en Estados Unidos confirmaron la agonía de la pena capital en ese país que, sin embargo, se aseguró su futuro próximo con el nombramiento de un juez que consolidó la mayoría conservadora en el Tribunal Supremo.
Las 23 ejecuciones suponen un pequeño repunte respecto a las 20 de 2016, pero son la segunda cifra más baja del último cuarto de siglo. Lejos quedan las 98 de 1999 o las 85 del 2000.
El otro indicador de la salud de la pena capital, las condenas a muerte, también registró con 39 uno de sus mínimos históricos tras las 30 de 2016, que fue la cifra más baja desde que se restituyó este castigo en 1976. En 1996 se dictaron 315.
La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca no provocó grandes cambios en la pena de muerte, que depende mayoritariamente de los sistemas estatales de justicia.
La gran aportación de Trump a la pena capital, aunque indirecta, fue el nombramiento del magistrado del Supremo Neil Gorsuch en substitución del fallecido Antonin Scalia, con el que el Alto Tribunal mantuvo su longeva mayoría conservadora.
Muchos veían en la previsible victoria de la demócrata Hillary Clinton el probable nombramiento de un magistrado progresista y con ello la posibilidad real de abolir la pena de muerte en la única democracia occidental en la que sigue vigente.
Según la encuesta anual de la consultora Gallup, el apoyo a la pena de muerte entre los estadounidenses cayó hasta el 55 % en 2017 (60 % en 2016), el índice más bajo desde 1972.
Estados Unidos y su aplicación de la pena de muerte llamaron la atención del mundo este 2017 cuando el estado de Arkansas se dispuso a ejecutar a ocho presos en un plazo de 10 días después de más de una década sin hacerlo porque caducaban sus inyecciones letales.
Finalmente fueron cuatro los presos ejecutados, ya que los otros cuatro lograron suspensiones judiciales y a uno de ellos se le conmutó la pena capital por una cadena perpetua.
La llegada de Trump a la Casa Blanca no supuso una apertura para la importación de componentes para las inyecciones letales, de acceso casi imposible en Estados Unidos por la oposición de las farmacéuticas a que se utilicen en ejecuciones.
Ohio también volvió a ejecutar este 2017 después de más de tres años con el sistema paralizado por una inyección letal defectuosa que administró a un preso en 2014, un año nefasto en el que Arizona y Oklahoma protagonizaron casos similares que pusieron a la pena de muerte al borde de la desaparición en Estados Unidos.
Precisamente Ohio encendió en noviembre todas las alarmas cuando sus verdugos no pudieron encontrar las venas para administrar una inyección letal a un preso de 69 años con un delicado estado de salud, por lo que finalmente se pospuso la ejecución.
Un año más fue el sureño estado de Texas quien lideró con 7 las ejecuciones en Estados Unidos, seguido por Arkansas con 4, Alabama y Florida con 3, Ohio y Virginia con 2 y Misuri y Georgia con una cada uno.
Desde que Estados Unidos restituyó la pena de muerte en 1976, Texas ha ejecutado a 545 del total de 1.465 (casi un 40 %), apenas seguido por Virginia con 113.
También marcó 2017 la elección de un fiscal contrario a la pena de muerte en el condado de Harris, cuya capital es Houston, el condado que más condenas a muerte ha impuesto y más ejecuciones -116- ha promovido en EE.UU. en las últimas cuatro décadas.
En el condado de Filadelfia -el tercero del país con más condenas a muerte, aunque casi sin ejecuciones-, de capital homónima, también fue elegido un fiscal contrario a la pena de muerte.
La fiscal Kim Ogg en el condado de Harris y el fiscal Lawrence Krasner en el de Filadelfia ayudarán así a reducir los números del corredor de la muerte, en el que a 1 de julio de 2017 había 2.817 presos por 2.905 el año anterior, según datos de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP).
Aunque hubo más condenas que ejecuciones en 2017, la reducción global en el corredor de la muerte se debió a muertes naturales de una población cada vez más envejecida, conmutaciones de pena y alguna exoneración.
De los 2.817 presos del corredor de la muerte, 1.196 son blancos (42,46 %), 1.168 afroamericanos (41,46 %) y 373 (13,24 %) latinos. California tiene el corredor de la muerte más poblado con 746 reos, seguida de Florida (374) y Texas (243).
Para 2018 diferentes estados ya han programado una docena de ejecuciones, la primera tendrá lugar el 18 de enero en Texas con Anthony Shore -conocido como “el asesino del torniquete”- por la violación y asesinato con torniquetes caseros de cuatro mujeres entre 1986 y 1994 en el área de Houston.
